El presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha avalado este miércoles la compatibilidad de la actividad empresarial de dos disputados de su partido, José Antonio Martínez y Pelayo Roces, y ha criticado al presidente del Gobierno Asturiano, Javier Fernández, por no haber iniciado aún el expediente sancionador en el caso de la dimitida exconseJera de Bienestar Social, Esther Díaz, como marca la Ley autonómica de Incompatibilidades.

En una rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva de Foro, acompañado por Roces y Martínez, además del teniente alcalde del Ayuntamiento de Gijón, Rafael Felgueroso, Cascos, ha respondido en estos términos a la consejera de Bienestar Social, quien anunció su dimisión el pasado lunes. Lo hizo durante su comparecencia ante la Junta, para explicar su participación en la empresa Davelco, que había prestado servicios para otras entidades adjudicatarias de contratos de la Consejería. En aquella sesión, aludió a estos dos cargos de Foro, vinculados a empresas que también han prestado servicios a la Administración.

Cascos ha mostrado en la rueda de prensa la declaración de incompatibilidades de la Junta General, en la que no se planteó ninguna objeción sobre la compatibilidad de la actividad profesional de estos dos diputados con su trabajo político, y ha acusado a la consejera de realizar "acusaciones insidiosas" contra estos dos parlamentarios, en un "intento de frustrar sus actividades empresariales". Ha insistido además en que, de haberse declarado una situación de incompatibilidad "ni Roces ni Martínez habrían recogido sus actas de diputados de la Junta".

También ha aprovechado la rueda de prensa para criticar al presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández, quien este martes defendía la actuación de los miembros del Partido Socialista, en casos como la dimisión de Díaz o la destitución del director general de Administración Local, José Balmori, tras su imputación en el caso de Aguagest. "Que miren dónde está poniendo el nivel de exigencia el PSOE, declaraba el jefe del Gobierno autonómico.

Expediente sancionador

En opinión de Cascos, "de ningún otro modo puede entenderse cabalmente que el Presidente del Principado, que es a su vez Presidente de su Consejo de Gobierno, no haya anunciado aún la incoación del expediente sancionador previsto en el artículo 17 de la Ley 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado de Asturias, a fin de esclarecer si la consejera de Bienestar Social y Vivienda ha incumplido dicha norma y es o no acreedora de las sanciones en ella previstas (por ejemplo, la imposibilidad de ocupar cargos públicos por un período de hasta diez años)".

Tampoco entiende que Fernández "no haya dicho tampoco ni una sola palabra respecto de la obligada investigación que habría de acometer la Administración regional respecto a los contratos suscritos por la entidad mercantil de la que es accionista la Consejera a fin de esclarecer si en la misma concurría o no una prohibición para contratar y adoptar, en su caso, las medidas exigidas por el Ordenamiento jurídico principio de legalidad".

Para el presidente de Foro, "la exigencia ética no se demuestra con casillas en blanco en las declaraciones de actividades de los altos cargos". "Con los casos Riopedre, Villa, Niemeyer, COGERSA, TPA, Cudillero, Pravia, Aller, Valdés, Llanes y Consejera de Bienestar en su balance ético, Javier Fernández no está para dar ejemplo a la sociedad asturiana", ha añadido Álvarez-Cascos.

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