Los padres y la hermana fueron a Salud Mental días antes de ser asesinados porque estaban "desesperados" por la enfermedad del imputado

La acusación particular cambia de criterio y considera, como el fiscal, que en este caso concurre la eximente completa de enajenación mental

Los dos psiquiatras del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que examinaron a Luis Miguel Briz Torrico, acusado de asesinar a sus padres y a su hermana en una vivienda unifamiliar de la localidad sevillana de Dos Hermanas el día 28 de febrero de 2013, han asegurado este miércoles que el imputado estaba diagnosticado desde el año 2003 de esquizofrenia paranoide a consecuencia de la cual tenía "ideas delirantes" que le llevaron a pensar que su familia "iba a asesinarle".

Durante la celebración del juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial, los psiquiatras han explicado que el acusado tenía sus capacidades cognitivas y volitivas "anuladas" y no sabía ni quería hacer lo que finalmente hizo, precisando que, dada su esquizofrenia paranoide, "tenía una ideación delirante de persecución y pensaba que todas las personas, y en especial su familia, estaban en su contra y le querían hacer daño, humillarlo y maltratarlo", de manera que "tenía una percepción equivocada de la realidad".

En este sentido, han explicado que el acusado, diagnosticado de esquizofrenia paranoide desde el año 2003, "abandonó" su medicación en el año 2011 y a consecuencia de ello comenzó a sufrir "una descompensación" de su enfermedad" en el marco de la cual "la sintomatología vuelve a ser muy llamativa y el paciente vuelve a estar convencido de que le quieren hacer daño, humillarlo, perseguirlo y maltratarlo".

Tras indicar que el acusado fue ingresado en dos ocasiones en octubre y en diciembre de 2012 debido al surgimiento de "brotes" en su enfermedad, han desvelado que a mitad de febrero de 2013, días antes de los terribles hechos, sus familiares acudieron a la unidad de Salud Mental de un centro hospitalario "desesperados" ante la enfermedad del acusado.

"no tenía conciencia de tener una enfermedad"

Los psiquiatras han justificado que el acusado abandonó la medicación porque "no tenía conciencia de tener" una enfermedad y, por ello, presentaba "una escasa adherencia al tratamiento", señalando que incluso una vez ingresado en el hospital psiquiátrico penitenciario tras ocurrir el triple crimen, ya sometido nuevamente a tratamiento, "puso denuncias contra el sistema penitenciario y contra los funcionarios, porque piensa que todo el mundo está en contra suya".

Asimismo, han opinado que, en el momento de cometer el triple crimen, el acusado "se encontraba en una situación de brote", y han agregado que podría ser recuperable para la sociedad "dependiendo de su adherencia al tratamiento".

Este miércoles también han declarados los dos médicos forenses que realizaron el levantamiento de los cadáveres y las posteriores autopsias, quienes han detallado que las tres víctimas presentaban heridas de degüello y que únicamente los padres tenían heridas de defensa en manos y antebrazos, precisando que, a su juicio, la hermana del acusado fue atacada en primer lugar "de forma sorpresiva" y, tras ello, fueron atacados los padres.

La casa,

"totalmente limpia"

Tras destacar que las muertes "no fueron fulminantes, sino rápidas, por lo que las víctimas tuvieron capacidad para caminar diez metros", han destacado que la casa "estaba totalmente limpia, no había una gota de sangre y los cuerpos estaban perfectamente ordenados, en paralelo y sobre una manta, tapados con una sábana", lo cual "es imposible que fuera el resultado de una lucha".

Tras ello, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado para el acusado 57 años de prisión por tres delitos de asesinato, aunque como considera que en este caso concurre la eximente completa de enajenación mental, ha pedido que sean sustituidos "por el internamiento para tratamiento médico en establecimiento" por el tiempo de la condena, mientras que en concepto de responsabilidad civil pide que indemnice con 172.036,68 euros a los familiares de las víctimas.

De su lado, la abogada que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de las víctimas ha modificado sus conclusiones provisionales, en las que pedía para el acusado 60 años de cárcel, y se adherido a la petición del Ministerio Público.

Por último, el abogado del imputado considera que su cliente cometió tres delitos de homicidio, aunque defiende la existencia de las eximentes completas de trastorno mental y defensa propia, solicitando por ello que sea internado en una clínica particular a fin de que sea tratado de dicho trastorno.