Los españoles, los que más se quejan al Defensor del Pueblo europeo

  • Presentaron un 20 % de las 3.830 quejas recibidas por el defensor europeo, Nikiforos Diamandouros.
  • Aun así, en proporción a la población, los que más se quejan son los luxemburgueses, malteses y chipriotas.
  • El hecho de que en España exista la figura análoga del Defensor del Pueblo estatal y autonómico podría explicar el alto número de quejas españolas.
  • Las quejas son sobre todo por falta de transparencia o denegación de información, seguidaas por los agravios comparativos y abusos de poder.
  • La Comisión Europea es la institución más criticada.
  • El 70 % de las reclamaciones son respondidas.
Los españoles se mantuvieron en 2006 como los ciudadanos de la UE que más veces recurren al Defensor del Pueblo europeo, el griego Nikiforos Diamandouros, con un 20 % del total de
3.830 quejas recibidas durante el año.

Así lo recoge el informe anual que Diamandouros presentó este jueves en rueda de prensa y que constata, además, un aumento de los casos en los que el Defensor del Pueblo ha emitido dictámenes críticos sobre la gestión de las instituciones comunitarias.

"Esta tendencia debería preocupar a todos los que desean una mejor relación entre la UE y sus ciudadanos", afirmó Diamandouros, que anunció la próxima presentación de un informe sobre el seguimiento que las instituciones dan a sus quejas.

El Defensor del Pueblo Europeo investiga reclamaciones relativas a casos de mala administración en las instituciones y órganos de la UE, con la excepción de los judiciales.

Menos quejas que en 2005

En 2006 recibió 3.830 quejas, un 2 % menos que en 2005, pero todavía en niveles históricos de "récord", según Diamandouros.

Como en 2004 y 2005, España, con un 20 % del total, fue el principal origen de las denuncias, por delante de Alemania (14 %), Francia (9%) y Bélgica (6%), si bien, en proporción a su población, son los luxemburgueses, malteses y chipriotas los que más se quejan.

Más sensibilizados

Diamandouros achacó el volumen de peticiones españolas a "dos posibles razones": la "sensibilización" de los españoles sobre la figura del Defensor del Pueblo, presente a nivel estatal y autonómico, y su "buena relación" particular con el titular español Enrique Múgica o el Síndic de Greuges catalán, Rafael Ribó.

La preponderancia española habría sido mayor si se hubiesen contabilizado individualmente las cerca de 5.000 peticiones contra la construcción del puerto de Granadilla, en Santa Cruz de Tenerife.

Por otra parte, el principal motivo de queja ciudadana contra las órganos comunitarios fue la falta de transparencia o denegación de información (25%), seguido del agravio comparativo o los abuso de poder (19%), los procedimientos insatisfactorios (12%), retrasos (9%), discriminaciones (9%), negligencias (8%) o errores de derecho (5%).

Se respondieron el 70 %

El 70 % del total de las reclamaciones tuvieron respuesta: el Defensor del Pueblo, indicó al peticionario a quién dirigirse para solucionar sus cuitas, remitió su queja a otro órgano competente o abrió él mismo una investigación.

A partir de las quejas, Diamandouros incoó en 2006 258 investigaciones a partir de reclamaciones puntuales, desarrolló otras 315 iniciadas el año anterior, y abrió otras nueve de oficio.

La Comisión Europea, la institución que toma más decisiones que afectan directamente a la ciudadanía, fue el principal objeto de las investigaciones (66%), seguida de la Oficina Europea de Selección de Personal (13%), Parlamento Europeo (8%) y Consejo de la UE (2%).

En la mayor parte de los casos, el Defensor no halló mala administración o acabó conciliando las posturas de las instituciones y los demandantes.

Así, la Comisión aceptó pagar créditos salariales a una funcionaria enferma, a la que en principio se negaba a reconocer como tal.

En cambio, en 41 casos la conclusión no fue satisfactoria y El Defensor emitió un informe crítico contra la institución afectada.

Diamandouros censuró a la Comisión Europea por negar a la organización ecologista Amigos de la Tierra, ciertos informes sobre la seguridad de los organismos genéticamente modificados.

Por otro lado, la mayoría de los denunciantes son ciudadanos particulares; sólo el 5 % de las quejas procede de empresas, organizaciones no gubernamentales u otras entidades.

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