El presidente de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) y teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Andreu Garau, quien este martes ha sido interrogado en calidad de imputado por un presunto delito de apropiación indebida, ha defendido la legalidad en la ejecución de un aval de 240.240 euros que, según la empresa de recogida neumática querellante en la causa, le debía haber sido devuelto hace ocho años.

Junto a Garau fueron citados para esta jornada otros ocho miembros del consejo de administración de Emaya, también como imputados, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, admitiese a trámite la querella interpuesta por la mercantil Envac.

El origen de la querella está relacionado con la ejecución supuestamente indebida del anterior aval por parte de Emaya, el pasado mes de julio, y que la empresa municipal ha mantenido "cautivo indefinidamente sin ninguna justificación, vulnerando las exigencias más elementales de la buena fe contractual", según la denuncia.

Al respecto, Garau, en declaraciones a los medios tras declarar ante el juez durante aproximadamente dos horas, ha defendido que la ejecución del aval se realizó de forma "absolutamente correcta", sin que ésta obedeciera a "capricho" alguno. De hecho, Garau ha considerado la querella de Envac "una medida de presión y un intento de criminalizar estos hechos", además de calificarla de "burda maniobra".

En concreto, los hechos se remontan al año 1998, cuando las empresas Envac (entonces Centralsug, S.A. y Dragados y Construcciones, S.A.) y Urbaser, constituidas en UTE, resultaron adjudicatarias del proyecto de sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos de Palma, licitado por Emaya.

El contrato de ejecución incluía entre sus cláusulas la constitución por parte de la UTE de una fianza por valor del 4 por ciento del importe de adjudicación (cubierta a razón de un 2 por ciento por cada empresa), que debía ser devuelta en el plazo de un mes desde la recepción definitiva de las obras.

Esta recepción definitiva de las obras, certificada legalmente por Emaya, se produjo el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2006, lo que implicaba que un mes después debía haber devuelta la garantía. Lejos de cumplir con esta exigencia legal, señala la querella, Emaya mantuvo indebidamente en su poder ocho años el aval y decidió ejecutarlo el pasado mes de julio, incorporando la cantidad reconocida en la garantía a su propio patrimonio.