El Pleno del Parlamento ha dado luz verde, este lunes, a la Ley de Abastecimiento y Saneamiento, una norma que ha recibido el voto en contra del PRC y del PSOE, y que según el Gobierno "garantiza el derecho universal al agua" y pone a Cantabria "a la cabeza de las comunidades autónomas" en este ámbito, al impedir que se pueda cortar el suministro a las familias que no puedan pagarlo.

Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, quien ha afirmado que esta ley supondrá "un importante avance" y permitirá una gestión del agua "más solidaria, más sostenible y más social". Además, se ha comprometido a impulsar de forma inmediata su desarrollo reglamentario para que sea operativa cuanto antes.

Ese desarrollo vendrá en parte de la mano del plan de abastecimiento y saneamiento, que contendrá según las previsiones del Gobierno, 1.500 obras con una inversión "íntegramente" regional de 300 millones de euros, a ejecutar en los diez próximos años, con el objetivo de resolver las necesidades de abastecimiento y saneamiento de toda la región.

La ley contempla además una nueva regulación del canon de saneamiento, ahora canon de aguas residuales, al que se incorporan bonificaciones para las rentas más bajas (exención de la parte fija y rebajas de hasta el 60% en la variable". "Es la ley más social de la historia de Cantabria", ha asegurado el portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, en línea con lo dicho por el consejero.

"el borracho y el tabernero"

La lectura de la oposición es radicalmente distinta. De hecho, lo primero que ha dicho el portavoz del PSOE, Miguel Angel Palacio, cuando ha subido a la tribuna, es que "una cuenta se hace el borracho y otra el tabernero", idea que ha secundado el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha advertido de que el texto es susceptible de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional porque "vulnera" la reforma local "del PP".

Para Palacio, la ley es "injusta", entre otras cuestiones porque obliga a pagar el canon de saneamiento a las familias que no disfrutan de este servicio. Para De la Sierra es "la ley de las ilegalidades" y "una puñalada a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños", entre otras cosas porque atribuye competencias a los municipios sin contemplar los recursos financieros pertinentes.

Fosas sépticas

El consejero ha explicado que más del 92% de la población recibe el servicio de saneamiento, y al otro ocho por ciento llegará con las obras que ya se están realizando o las que se ejecutarán en los próximos años. Además, ha asegurado que mientras eso ocurre, la empresa pública MARE asumirá la gestión de las fosas sépticas de las viviendas no conectadas al saneamiento.

Fernández ha añadido que el plan de saneamiento y abastecimiento, en el que se lleva "tres años trabajando con grandes dosis de participación y un elevado grado de consenso de los ayuntamientos", establecerá las necesidades de la región en este ámbito y las priorizará en base a "criterios objetivos".

Tanto el consejero como el portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, han resaltado el "elevado" grado de consenso alcanzado en torno a esta ley, primero a través de la Federación de Municipios y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, y ahora en el Parlamento. Según ha dicho Albalá, durante la tramitación parlamentaria, se han incorporado al texto 15 enmiendas del PRC, de las 43 que presentó en total, y tres del PSOE, de un total de 16.

"inseguridad jurídica"

El PRC ha mantenido para su debate en el Pleno 26 enmiendas, y el PSOE 11. El portavoz regionalista ha advertido que esta ley traerá "inseguridad jurídica" y que podrán ser recurridos los actos concretos que se deriven de ella, como el plan de abastecimiento y saneamiento, que según ha denunciado, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) hace "cinco meses, con base a una ley que no existía" hasta hoy.

También ha criticado la "discrecionalidad" que la ley atribuye al Gobierno en la adopción de determinadas decisiones como las depuradoras que son de competencia regional y las que no.

Por su parte, el portavoz socialista, Miguel Angel Palacio, ha acusado al PP de incumplir su compromiso electoral de bajar el canon, que ha aumentado un "78%" durante la legislatura; y ha asegurado que lo que el Gobierno vende como "el canon más social en la historia", en realidad se traducirá en "una pequeña rebaja".

El portavoz del PP, Luis Carlos Albalá, le ha llamado "sofista mediocre", le ha acusado de "hacer trampa" y ha asegurado que "el canon baja" y que "no es cierto" que el PP haya incumplido un compromiso electoral.

En su opinión, lo que ocurre es que a socialistas y regionalistas, durante sus ocho años de gobierno, "no se les ocurrió hacer la ley más social de la historia, y por eso tienen que combatirla por tierra, mar y aire".