El diputado provincial de Unión Cordobesa (UCOR) en la Diputación de Córdoba Carlos Baquerín, mediante una moción que lleva al próximo Pleno de la institución provincial y que no pudo debatirse el pasado mes, quiere que la Diputación inste al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a dar cuenta de todos los inmuebles que haya inmatriculado a su nombre la Iglesia Católica en la provincia, en base a la Ley Hipotecaría.

Así, la proposición de Baquerín, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge como primer punto de acuerdo "instar a la Diócesis de Córdoba y a su obispo, Demetrio Fernández, para que, en beneficio del interés público, de la seguridad jurídica y de la transparencia democrática, acceda a poner inmediatamente en conocimiento de los alcaldes de los distintos ayuntamientos de la provincia de Córdoba la información relativa a las inmatriculaciones de inmuebles realizadas por la Diócesis de Córdoba en sus respectivos municipios".

Se trata, según prosigue la moción, de que dé cuenta de las inmatriculaciones realizadas "desde enero de 1998 hasta la fecha" y "que pudieran afectar o comprometer al dominio público local, al interés general o a los legítimos intereses de los vecinos que resulten terceros de mejor derecho".

Junto a ello, el diputado provincial de UCOR también pretende que la Diputación ofrezca "de forma expresa a todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba la asistencia jurídica que precisen para la recuperación de bienes demaniales que hayan podido ser afectados por las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba".

A la hora de justificar su proposición, Baquerín aclara que, "en ningún caso se pretende negar que la Diócesis de Córdoba está perfectamente legitimada para inmatricular los bienes inmuebles que le pertenezcan por derecho. Pero es evidente que ninguna ley vigente le autoriza a inmatricular lo que no es suyo, y mucho menos lo que pertenece al dominio público local".

De hecho, según ha señalado Baquerín en su moción, "en los últimos años, de forma completamente callada, casi alevosa, para impedir que los terceros interesados, en especial las administraciones locales afectadas, pudieran ejercitar sus legítimos derechos de tercería en el plazo de dos años que concede la Ley, la Diócesis de Córdoba ha procedido a inmatricular inmuebles que constaban en inventarios públicos municipales y otros que, no constando, son muy probablemente también bienes demaniales".

Además, la Iglesia lo habría hecho, según Baquerín, "sin importarle lo más mínimo que algunos de ellos hubieran sido históricamente reparados, atendidos y limpiados a cargo del erario público. Lo que, evidentemente, representa un uso indebido de los recursos públicos en provecho propio".

Habiendo sido posible todo ello porque "la Ley Hipotecaria, a efectos de inmatriculación, atribuye a la Iglesia Católica los mismos privilegios, casi más, que a la Administración pública", ya que "la simple certificación del diocesano queda equiparada a un documento público y, por sí misma, se tiene por un título válido para la inmatriculación".