El Ayuntamiento de Baeza (Jaén) va a iniciar un expediente de expropiación de la empresa Oleícola Jaén, a la que culpa, además, de romper en las instalaciones de la compañía precintos ordenados por el propio gobierno local y avalados por resoluciones judiciales.

Así lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa el alcalde, Leocadio Marín (PSOE), después de que el jueves pasado el Ayuntamiento ejecutara una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de julio que vino a avalar seis de los siete precintos ordenados entre diciembre de 2010 y enero de 2011 por el alcalde en otras tantas instalaciones de la orujera, argumentando para ello que éstas no contaban con los permisos y licencias municipales preceptivas.

El alcalde ha defendido así que lo que hizo el Ayuntamiento el jueves pasado fue "solo dar cumplimiento" a dicha sentencia, contra la que ya no cabía recurso, para "precintar las instalaciones que en su momento no se pudieron precintar y retirar el precinto" en aquella en la que no se contaba con el aval del TSJA, para todo lo cual "se contaba con un mandamiento de entrada emitido por el juzgado correspondiente".

Al hilo de esta actuación del jueves, Oleícola Jaén anunció el viernes la interposición de distintas denuncias en una comparecencia ante la prensa en la que además se criticó el despliegue policial organizado para esta labor del Ayuntamiento.

Frente a ello, y según ha informado el Consistorio baezano en una nota, el alcalde ha manifestado que fue la Subdelegación del Gobierno la que "decide el dispositivo y los efectivos que utilizará" para garantizar la actuación del Ayuntamiento, que previamente había solicitado el "auxilio" de dicha administración "para evitar un posible problema de orden público", y ello debido a "las amenazas por escrito y las declaraciones de los representantes de la empresa", acerca de que "no lo permitirían", y "el ambiente de crispación que se generaba".

En ese sentido, Leocadio Marín ha querido "agradecer y felicitar la actuación y profesionalidad de todos los agentes" que conformaron un dispositivo sin el cual, a su juicio, "los problemas de orden público podrían haberse producido, dado el nivel de los insultos y difamaciones que se profirieron a los técnicos municipales".

El alcalde también ha avanzado que ha puesto en manos del juzgado la posibilidad de que la empresa haya cometido un "delito de desacato" al proceder a "la rotura de los precintos", algo "alentado por la propia abogada de la empresa y ejecutado por trabajadores de la misma".

Así las cosas, y habida cuenta de que "Oleícola Jaén no quiere trasladarse", desde el Ayuntamiento "se iniciará un expediente de expropiación", según ha anunciado el alcalde, que asume que se trata de "un proceso largo y complicado", pero que "se hará si es la solución que plantea el representante de la empresa".

"problema ambiental"

El regidor también ha defendido que el traslado de la empresa "no es un tema personal", sino "un problema ambiental y de calidad del aire, además de un compromiso adquirido con la Unesco", punto en el que ha mostrado "un informe de Medio Ambiente en el que durante la pasada campaña, en días con viento del Suroeste, se superó e incluso se llegó a casi duplicar el número de partículas permitidas por la Organización Mundial de la Salud, que son de 50 miligramos por metro cúbico al día de partículas pm10".

Se trata de "índices superiores a lo permitido" que "pueden afectar a la salud de las personas", según ha remarcado el alcalde, que sostiene que desde el Ayuntamiento se ha ofrecido a la empresa "a lo largo de todos estos años todas las facilidades y oportunidades posibles", si bien desde ésta se ha decidido, a su juicio, "la estrategia de responsabilizar al alcalde y al Ayuntamiento del futuro de los trabajadores".

"Nada más lejos de la realidad, es la empresa la que decide emprender el camino de la confrontación con el Ayuntamiento y han sido los tribunales los que finalmente han sentenciado que todas las actuaciones emprendidas por el ayuntamiento y sus técnicos se ajustan a la ley", ha apostillado el alcalde.

Por último, Marín ha anunciado que, "a nivel personal", no ya como alcalde, sino como ciudadano, emprenderá acciones legales contra el representante de la empresa, Vicente Dalda, "y los que dicen ser representantes de los trabajadores, por sus declaraciones en las que, distorsionando la verdad, pretenden atentar contra su honor y honradez".

En ese sentido, ha dejado claro "que nunca ha sido imputado, acusado o procesado, ni por corrupto ni por tráfico de influencias", por lo que "se querellará personalmente en defensa de su honorabilidad", ha aseverado el alcalde, que ha terminado subrayando que en todo este proceso las actuaciones emprendidas han sido para "velar por que la ley se cumpla, ya que una de las obligaciones del alcalde de cualquier ciudad es cumplir y hacer cumplir la ley".