Los seis primeros monitores educativos afectados tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones y que cuentan con sentencia judicial a favor se han reincorporado este lunes a su labor en la provincia de Córdoba.

Así lo ha confirmado a Europa Press una de las portavoces del colectivo 'S.O.S. Monitores', Vanessa Carrasco, que ha informado de que estas personas han llevado a cabo su correspondiente jornada sin incidencias. Sin embargo, el resto de los trabajadores de Córdoba y otras provincias continúan en "la isla de la incertidumbre".

"Ya hay directores que comienzan a llamar y a quejarse porque se produce un agravio comparativo en el cual no existen a día de hoy monitores de apoyo en casi ningún centro pero el trabajo sigue ahí, sin desaparecer", ha subrayado Carrasco, que ha agregado que a lo largo de esta semana se prevé una ronda de "trámites y llamadas" de los propios colegios "para pedir explicaciones".

Y es que, ha apostillado, pese a que la Junta de Andalucía envió cartas notificando que las reincorporaciones podrían demorarse algunos días —"no más de dos semanas"—, de mientras "no hay nadie, y al fin y al cabo siguen siendo docentes con sus horas de clase los que tienen que asumir esta labor".

El pasado viernes, la Junta publicó en boletín oficial tanto la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General para crear hasta 205 puestos de trabajo de monitores escolares como, a su vez, los cambios acometidos para comenzar a dar cabida a este colectivo.

Estas publicaciones, además, coincidieron en el tiempo con la finalización de la prórroga al grupo de trabajadores contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a los anteriores auxiliares administrativos, y que en muchos casos en los que se negaron a firmar la prórroga han judicializado los despidos por considerarlos ilegales.

En este sentido, una denuncia realizada ante la Inspección de Trabajo en Málaga se ha solventado con una resolución, consultada por Europa Press, en la que se concluye que en los contratos del plan de choque no se refleja causa justificativa de la temporalidad aducida por la Junta, dado que "se cubre una necesidad de carácter permanente".

De esta forma, la Inspección de Trabajo entiende que estos empleados deben tener la consideración de indefinidos y pueden acudir a la jurisdicción competente en el supuesto de que se extinga su relación laboral.