El Ayuntamiento de Baeza (Jaén) ha precintado seis instalaciones de la orujera Oleícola Jaén en cumplimiento de un auto judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Jaén, que le da el mandato de entrar en el recinto de dicha compañía para ejecutar las resoluciones que dictó en diciembre de 2010 y enero de 2011 para precintar siete instalaciones de dicha empresa, unas decisiones que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló en julio, con la excepción de una de ellas, la de una línea de aceituna sucia.

El Alto Tribunal andaluz estimó así solo parcialmente un recurso que había interpuesto la empresa en el marco del conflicto judicial iniciado tras esas resoluciones de la Alcaldía de Baeza, que desde el gobierno local se justificaron alegando que dichas instalaciones no contaban con la preceptiva licencia municipal.

Dado que el Alto Tribunal andaluz revocó en julio la mencionada decisión de precintar una de las siete instalaciones señaladas, el Consistorio ha desprecintado la misma.

Según ha informado el Ayuntamiento y recoge este viernes el 'Diario Jaén', el precinto de las otras seis instalaciones se produjo este jueves a partir del mencionado auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos, que concluye que "concurren los requisitos necesarios para que se pueda conceder la autorización judicial solicitada para la entrada en el domicilio social" de Oleícola Jaén.

Dicha autorización fue solicitada en septiembre por el propio Ayuntamiento una vez que la sentencia del TSJA se hizo firme, y con el fin de ejecutar las resoluciones de Alcaldía de diciembre de 2010 y enero de 2011 que ordenaban los referidos precintos, según se recoge en el auto del Juzgado de lo Contencioso número dos, fechado el pasado 30 de octubre y consultado por Europa Press.

Cuando la sentencia del TSJA se hizo firme, el equipo de gobierno de Baeza, dirigido por Leocadio Marín (PSOE), ya resaltó que así se ponía "fin al proceso judicial emprendido por la empresa Oleícola Jaén" y se ponía de manifiesto que "todas y cada una de las actuaciones emprendidas" por el ejecutivo municipal "están ajustadas a derecho".