El equipo de Gobierno 'popular' en el Ayuntamiento de Alicante ha notificado este jueves al grupo municipal de Esquerra Unida que desestima su solicitud para acceder a la contabilidad de "todas las cajas fijas" —solicitado el pasado 27 de octubre. Desde la formación de izquierdas han anunciado que las reclamarán por vía judicial al haberse agotado el plazo que tenía el equipo de Gobierno para contestar.

Según ha explicado EU, el decreto de la Concejalía de Hacienda niega el acceso a "todas las cajas que puedan existir", así como a "las facturas pagadas" con cargo a aquéllas "tanto durante la pasada legislatura como durante la actual".

En ese sentido, el concejal Miguel Ángel Pavón ha puesto el acento en que el decreto firmado por el concejal de Hacienda, Juan Seva, —con fecha de 7 de noviembre—, se refiere "a un escrito de Intervención, extrañamente de fecha posterior a la del decreto —10 de noviembre—, en el que parece basarse la negativa a la petición formulada por EU".

Además, ha insistido en que se obvia "en todo momento el escrito que Miguel Ángel Pavón registró el pasado día 11" en el que emplazaba al equipo de Gobierno "a fijar fecha y hora para acceder de inmediato a la documentación solicitada en base al silencio administrativo positivo que el reglamento orgánico del pleno establece tras transcurrir cinco días naturales desde la fecha de registro de la petición sin que sea resuelta, un plazo que acabó el pasado 1 de noviembre".

"El decreto de Seva tiene fecha posterior al 1 de noviembre y se nos notifica hoy —por este jueves—, dos días después de registrar el escrito en el que consideramos aceptada nuestra petición por silencio administrativo. Estamos ante un completo despropósito del PP, amparado por el interventor y el vicesecretario, que vamos a llevar a los tribunales interponiendo un recurso contencioso-administrativo al vulnerarse nuestro derecho a que, como representantes públicos, accedamos a documentación municipal", ha anunciado Pavón.

"nuevo decreto mordaza"

El concejal ha recordado que es "un derecho constitucional que el PP pretende laminar con un nuevo decreto mordaza que además incumple el propio reglamento del pleno al no reconocer el principio del silencio administrativo positivo aplicable a nuestra solicitud".

"El PP está muy nervioso y reacciona a nuestra solicitud con la opacidad y la falta de transparencia más absolutas, alimentando nuestras sospechas de que la contabilidad de esas cajas fijas guarda facturas muy comprometidas políticamente", ha continuado.

En su opinión, "si las ocultan impidiendo su fiscalización política, por algo será. Quizá tengan miedo al daño electoral que su conocimiento público pueda causar al PP. En cualquier caso, más tarde o más temprano, esas facturas terminarán saliendo a la luz, ya sea por mandato judicial, ya sea a través de una nueva corporación sin el PP en el equipo de gobierno".