El fiscal federal argentino Ramiro González pide a la jueza que investiga la querella contra los crímenes del franquismo, María Servini de Cubría, que visite las fosas comunes y el campo de concentración de Camposancos, en A Guarda (Pontevedra).

Ésta es una de las medidas que figuran en un informe remitido por el fiscal a finales de octubre de este año, y después de que la jueza ya haya visitado diferentes puntos del Estado el verano pasado. En este sentido, una de las promotoras de la querella argentina, Inés García Holgado, que se encuentra en Galicia, confía en que la jueza vuelva a Europa y cumpla esta petición.

En su petición ante la jueza, recogida por Europa Press, el fiscal pide solicitar a España una copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales, como los reservados, existentes al respecto de la "detención, tortura y fusilamiento" del expresidente Lluís Companys i Jover; así como insta a su señoría a que "evalúe la posibilidad de concurrir in situ" a la cárcel donde estuvo detenido Comapanys i Jover y Puig Antich, entre otras víctimas.

Ramiro González quiere que solicite a las autoridades del Archivo Histórico Provincial de Málaga que remitan, en soporte digital, la información relativa a los represaliados mencionados en la causa.

Del mismo modo, le propone que evalúe diferentes visitas en España, entre las que incluye a la Comunidad de Galicia para "visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposancos".

Exhumación y entrevista de fraga

También propone estudiar la posible exhumación de varias personas, entre ellas, Ana Elena Eguzquiza Luna, enterrada el 8 de marzo de 1969 en el cementerio de Polloe de San Sebastián, y que se incluye dentro de los supuestos casos de sustracción, retención y ocultación de niños menores de 10 años; así como de José Antonio Pascual Arriola y Ramón Sánchez Casado (vinculados con fusilamientos o fallecimientos por malas condiciones en País Vasco y Navarra).

El fiscal, entre otras medidas, requiere que se obtenga una entrevista televisiva en la que, según denunció una víctima, "Manuel Fraga y Adolfo Suárez" habrían dicho que una actuación policial en el año 1976 fue "premeditada en virtud de que temían que el conflicto se extendiera al resto de España".

En concreto, los hechos fueron contados por Agustín María Plaza Fernández y se refieren al 3 de marzo de 1976, cuando quedó con un "compañero para asistir a una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco", en Vitoria. "A los cinco minutos de haber ingresado en la iglesia, entró un 'mando policial' y los invitó a salir de la iglesia, pero la gente no lo hizo. Con motivo de ello, las fuerzas policiales entraron tirando balas de goma y gases lacrimógenos por lo que tuvo que salir (...) recibió palazos y golpes por todo el cuerpo", relata el informe fiscal.

Al respecto, la víctima sindicó como autores de los hechos a Jesús Quintana Saracibar (gobernador civil de la Provincia de Álava), Rodolfo Martín Villa (ministro), Alfonso Osorio (ministro) y Manuel Fraga y Adolfo Suárez.

Asimismo, el fiscal pide información a la Iglesia y, en concreto, y conforme a una denuncia, sugiere a la jueza que se dirija a la Ciudad del Vaticano que remita "toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora.