La juez Mercedes Alaya ha suspendido 'sine die' las declaraciones del próximo lunes del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, de su cuñado Ismael Sierra, y del 'testaferro' Juan Francisco Algarín Lamela, imputados en la causa donde la magistrada investiga presuntos delitos societarios en Mercasevilla por supuestas facturas "falsas" por un montante total de 586.455,23 euros.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada ha suspendido 'sine die' estas declaraciones, que han coincidido en el tiempo con la operación 'Enredadera' en la que la juez instructora investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a la empresa Fitonovo.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que la juez habría suspendido estas declaraciones debido a que, la próxima semana, tiene previsto tomar declaración a algunos de los imputados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Enredadera'.

La juez, en el auto donde los imputó, pone de manifiesto que en virtud de las diligencias practicadas hasta el momento y del informe pericial de la Agencia Tributaria de fecha 30 de octubre de 2013 y sucesivas ampliaciones, "se infiere que se ha producido una supuesta facturación falsa" de las sociedades Maginae Solutions y Hermes Consulting "en connivencia" con la propia Unidad Alimentaria.

Así, imputa a Juan Lanzas y a su cuñado Ismael Sierra, éste último como administrador único de Maginae Solutions, por dos facturas y un traspaso a cuenta "del que no existe factura", emitidas por esta sociedad por importe total de 190.048,20 euros "por supuestos servicios que se dicen prestados" por dicha entidad a Mercasevilla, "pero que no son reales pues como se infiere en el referido informe de 30 de octubre de 2013 en ningún caso pudieron ser prestados tales servicios por aquella sociedad".

En este auto, la juez también imputó a Francisco José González García y a Francisco Limón Romero, éste último como administrador único de la sociedad Hermes Consulting, por la existencia de dos facturas "que han supuesto un gasto total de 55.000 euros en el ejercicio 2008 al que se debe añadir las cuotas del IVA repercutidas en las mismas —8.800 euros— así como un anticipo de 6.000 euros".

Todo ello, según añade, hace un total de 69.800 euros "por supuestos servicios prestados por dicha entidad a Mercasevilla, que al igual que ocurre con la sociedad anterior, en ningún caso pudieron ser prestados por dicha sociedad por lo que se infiere del citado informe".

La juez también ha imputado en esta causa al 'testaferro' Juan Francisco Algarín "por existir indicios suficientes para considerar que las facturas expedidas por éste por importe de 237.138,92 euros en el ejercicio 2004 y 89.468,11 euros en el ejercicio 2005, IVA incluido en ambos casos, no responden a ventas o servicios prestados realmente".