El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso, ha reiterado este jueves la invitación al PP-A para que consulte 'in situ' los expedientes de reintegro de las ayudas a la formación, dado que el Gobierno andaluz no puede publicar un listado con las entidades a las que se les ha reclamado la devolución porque vulneraría la normativa de protección de datos, según se recoge en un informe elaborado por los servicios jurídicos de la administración andaluza.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PP-A en el Pleno del Parlamento, Alonso ha recordado que el pasado día 16 de octubre ya anunció en comisión parlamentaria que los diputados, "en cuanto lo soliciten", tendrán a disposición un listado "con número de expediente y el lugar donde se encuentran depositados". "Más transparencia imposible", ha añadido el titular del ramo.

Si bien, el diputado del PP-A Miguel Contreras ha indicado que su fuerza política solicitó esa información el mismo día 16 de octubre y aún no ha obtenido respuesta, cuando casi se cumple un mes. Además, se ha mostrado convencido de que el informe jurídico al que alude Alonso aconseja no facilitar datos de empresas de personas físicas "pero no de personas jurídicas y, mucho menos, de consorcios públicos o de entidades de carácter público como pueden ser los sindicatos".

Contreras, que ha criticado que Alonso no le haya respondido a si su decisión de no publicar el citado listado es compartida por el Consejo de Gobierno, ha asegurado que el consejero se queda "solo". "Yo me lo guiso, yo me lo como", ha apuntado el diputado popular, quien ha afeado que Alonso se "echara atrás" en su decisión inicial de publicar los listados de entidades, tal y como dijo el 4 de septiembre.

El consejero del ramo, que ha asegurado que este Gobierno ha puesto en marcha medidas de transparencia "sin parangón" en este país, ha querido dejar claro que no publicará los listados poniendo por delante la voluntad política de transparencia "sin contar con las garantías jurídicas de la seguridad de terceros, tal y como sostenía el informe del gabinete jurídico".

"Hoy tengo la misma voluntad de transparencia que cuando anuncié que los publicaría pero soy extremadamente riguroso con la legalidad, seguridad e informes jurídicos que argumentan posición contraria", ha señalado Alonso, quien ha explicado que para conjugar ambos derechos, —la protección a terceros y el información que solicitan los parlamentarios—, los parlamentarios podrán acceder a los expedientes.

Si bien, ha advertido de que "sus señorías serán conocedores de los expedientes de reintegro, y a la vez serán responsables de que la información que de dichos expedientes pueda trascender". "Son dueños y responsable de la información obtenida", ha concluido Alonso.