La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prevé poner a lo largo de este jueves a disposición de la juez Mercedes Alaya a los seis últimos detenidos en la operación 'Enredadera' en la que se investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a la empresa Fitonovo.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que, durante este jueves, comparecerá ante la magistrada Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y que fue cesado como miembro de IU en la comisión de Mercados Ambulantes tras su detención.

Asimismo, a lo largo de este jueves pasarán a disposición judicial el segundo teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), el asesor jurídico de Fitonovo en Sevilla, Carlos Gamito González; el directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch Ramos—que habría recibido un millón de euros en comisiones—; el funcionario de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez, y Pablo Pérez Benedicto, que fue detenido en Sevilla.

Hay que recordar que, hasta el momento, la juez Alaya ha ordenado el ingreso en prisión eludible con fianza del exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio, quien podría abandonar la cárcel si paga una fianza de 100.000 euros; Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de Adif en Sevilla que podría dejar la prisión si abona una fianza de 90.000 euros, y el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que podría salir en libertad si paga 180.000 euros.

En el auto de prisión del exgerente de Adif en Sevilla, la juez le atribuyó haber recibido entre 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en "sobornos" a cambio de "beneficiar" a la empresa Fitonovo "en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos".

La juez considera que las "dádivas" constituían "práctica habitual de la empresa" Fitonovo, "realizándose las mismas de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados, como en el caso de Rodríguez Jurado", señalando que esta práctica "para la consecución de contratos públicos se extendió durante un largo periodo temporal que abarcaría desde 1995 hasta 2013, y múltiples áreas geográficas y administraciones públicas".

"Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo, donde el inculpado contribuía a facilitar el beneficio" de esta empresa "durante un largo periodo de tiempo desde el año 2002 a 2011 a través de su intervención en la adjudicación de contratos menores y/o de ejecución de los mismos".