El primer 'examen' del PP de Madrid a un candidato —en este caso, a la posible candidata a la Alcaldía de Collado Villalba, Mariola Vargas— ha durado una hora y ha incorporado 16 preguntas de la prensa, que se han tenido que agrupar ante la similitud de las cuestiones, la mayoría sobre corrupción.

Estos interrogatorios, como los 'hearings' estadounidenses, forman parte de la batería de media docena de propuestas lanzadas por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, para luchar contra la corrupción. De hecho, Aguirre se ha basado en el test al que se tuvo que someter Miguel Arias Cañete en el Parlamento Europeo.

Entre los examinadores había tres de total confianza de Aguirre. Son la viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid, María Eugenia Carballedo; el vicesecretario del PP de Madrid, Bartolomé González;  y el concejal del distrito de Salamanca y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid, Fernando Martínez Vidal.

El equipo examinador se cerraba con la expresidenta del PP de Collado Villalba, Carmen Rodríguez, y el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Collado Villalba, Adán Martínez. Aguirre no ha estado presente en el interrogatorio pero fuentes del PP de Madrid han asegurado que iba a seguir muy atentamente la ronda de preguntas. También han seguido el examen más de 70 profesionales de los medios de comunicación.

Carballedo ha explicado que se trata de un proyecto "ambicioso" y que en próximas convocatorias se contará "con la participación de los ciudadanos" mediante las nuevas tecnologías. En este caso no ha sido posible por la "premura del Pleno del viernes", donde se votará al próximo alcalde de Collado Villalba tras la dimisión de Agustín Juárez, imputado en la operación Púnica.

Además de los interrogatorios, Aguirre anunció la semana pasada otras medidas contra la corrupción, como facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar prisión inmediata no eludible con fianza a políticos y cargos públicos imputados por delitos de corrupción.

También propone cambios legislativos para reducir el tiempo de instrucción de causas judiciales abiertas por corrupción o una nueva Ley Electoral que permita a los ciudadanos conocer directamente a los políticos, y que estos den cuenta a sus electores; hacer públicas las cuentas de partidos e instituciones para contribuir a la transparencia; cambiar la Ley de Contratos del Estado; y, además, que se devuelva el dinero robado.