La sección argentina de Interpol ha solicitado este miércoles a Madrid la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 imputados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Según informaron fuentes de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), Interpol comunicó a la jueza de Buenos Aires María Servini de Cubría que había cursado la petición a raíz del auto emitido el de 30 de octubre.

A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores por una carga policial.

A Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), por su responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado a garrote vil en España (1974).

Interpol Argentina pidió también a Madrid los datos de identificación de los acusados, como requisito "indispensable" previo a la emisión de una orden de "captura internacional en forma completa", según reza el comunicado de Interpol Argentina enviado a la jueza de la causa, María Servini de Cubría.

Dicha petición se produce "para evitar posibles confusiones por razones de homonimia", antes de hacer extensiva la medida a la totalidad de los países miembros de Interpol.

Las órdenes de detención fueron dictadas a raíz del auto emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires el pasado 30 de octubre, en el que solicitaba la detención de 20 acusados, según aclararon desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).

La orden también incluye al recientemente fallecido Antonio Barrera de Irimo, por lo que la lista final se reduce a 19 acusados.

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, la orden incluye al excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

Según han informado fuentes policiales, la Policía Nacional no procederá a detener a la veintena de personas que reclama la Justicia argentina por crímenes cometidos durante el franquismo. La razón es que Interpol España —integrada en la estructura del Cuerpo Nacional de Policía— ha alegado ante su Secretaria General con sede en Lyon una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Se trata de la AG-2010-RES-10 suscrita por la Asamblea General de la OIPC-INTERPOL, en su 79ª reunión, celebrada en Doha (Qatar) entre el  8 y el 11 de noviembre de 2010. Entre otras cuestiones acordaron seguir cooperando "en solicitudes presentadas por los países miembros, salvo en el caso de que la solicitud se refiera a un ciudadano de otro país miembro, y este otro país miembro, al ser informado por la Secretaría General de la solicitud, proteste contra esta en el plazo de treinta días".

En aquella resolución los países integrantes de Interpol se manifestaban "preocupados" por "el aumento del número de solicitudes presentadas por conducto de Interpol sobre casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que plantean dudas" así como "por la proliferación de litigios entre países miembros acerca del tratamiento de tales solicitudes".