El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró este miércoles que "no hay ningún conflicto de interés" por el escándalo de LuxLeaks, por haber sido primer ministro de Luxemburgo y ocupar ahora su actual cargo, al tiempo que aseguró que todo se ha hecho conforme a la legislación nacional e internacional.

"No hay ningún conflicto de interés cuando la CE abre una investigación sobre ayudas de Estado en Luxemburgo", dijo Juncker en una comparecencia por sorpresa ante los medios de comunicación.

"No entiendo por qué se habla de Juncker contra Juncker", ha apuntado, y se ha comprometido a no abordar estas cuestiones con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, responsable de los expedientes.

La CE decidió en junio pasado investigar el régimen fiscal que aplica el Gran Ducado, entre otros Estados miembros, a Apple, Starbucks, Amazon y Fiat, entre otros, para determinar si lo podían considerar como ayudas de Estado ilegales.

Juncker, ha defendido que los acuerdos secretos que Luxemburgo firmó con esas multinacionales para minimizar el pago de impuestos mientras él era primer ministro respetan la legislación nacional e internacional. No obstante, ha admitido que los resultados de estos pactos no se ajustan a las exigencias de "justicia fiscal" y lo ha lamentado.

El presidente de la CE ha sostenido además que siempre ha sido "muy sensible a la competencia fiscal injusta" y que, desde 2010, su Gobierno empezó a adoptar medidas para corregir la situación siguiendo los dictámenes del grupo de trabajo sobre fiscalidad del Ecofin.

"No hay nada en mi pasado que indique que mi ambición era organizar la evasión fiscal en Europa", ha asegurado el presidente de la Comisión. "Si, debido a la interacción entre legislaciones nacionales diferentes, (estos acuerdos) condujeron a una situación de no pagar impuestos, entonces lo lamentaría", ha asegurado.

El presidente de la Comisión ha reiterado su compromiso de luchar contra el fraude y la evasión fiscal y ha anunciado dos iniciativas concretas. En primer lugar, Bruselas reactivará los trabajos para crear una base común del impuesto de sociedades por considerar que con ellas "desaparecerán buena parte de las posibilidades de ingeniería fiscal".

El Ejecutivo comunitario propondrá además una directiva sobre intercambio automático de información sobre acuerdos fiscales que obligará a los Estados miembros informar de manera inmediata al resto de socios sobre cualquier decisión fiscal anticipada sobre multinacionales que aprueben.