La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha dicho este lunes que el proceso participativo del domingo en Cataluña se hizo "al margen de la legalidad" y, por lo tanto, el Gobierno "actuará en consecuencia".

En declaraciones a los periodistas tras visitar el centro coordinador de emergencias de Castilla-La Mancha, Cospedal ha asegurado que el proceso participativo "carece de validez, no tiene fiabilidad" y el respaldo estuvo "muy por debajo" de lo que algunos pretendían.

Para la secretaria general del PP, el "simulacro" del domingo fue "un intento no logrado de vulneración de la soberanía nacional", porque "todos los españoles tienen derecho a decidir" sobre su presente y su futuro. "Y sobre nuestro país (...) pero hay algunos que han tratado de quitarnos este derecho a todos los españoles, aunque no lo han conseguido".

El proceso participativo, para Cospedal, ha sido "un simulacro estéril, inútil y realizado al margen de la legalidad", sin ningún control como interventores o junta electoral, sin ningún procedimiento de control de emisión de opinión de un país civilizado.

"Veíamos como los propios partidos independentistas que han promovido este proceso presidían las mesas, que no hay control ninguno, que las mesas pueden estar abiertas hasta quince días", ha agregado. Por eso, ha dicho, "cualquier valoración acerca de datos o cuestiones semejantes carece de toda validez porque no tiene ninguna fiabilidad".

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, espera que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, reciba este lunes una carta de la Fiscalía por haber cometido "un delito" durante la jornada del proceso participativo del 9-N en que "se utilizaron fondo y recursos públicos" para una "manifestación política" y eso es, a su juiccio, "claramente un delito".

También ha advertido que "muchos funcionarios" y "directores de escuela" tendrán que "responder ante la Justicia" por las "órdenes" que recibieron de sus cabezas, y "seguramente tendrán que pagar" por haber participado al 9-N. "Nadie puede pensar que saltarse la Ley es gratis", ha advertido.

"Como siempre pasa en este país, Artur Mas tendrá muchas posibilidades de salir indemne con sus excusas políticas pero habrá directores de escuela y funcionarios que seguramente tendrán que pagar", ha afirmado.

Dado que el presidente catalán dijo públicamente que era el primer responsable del 9-N, González Pons sostiene que "el fiscal al primero que tiene que mandar una carta es a Artur Mas para que dé explicaciones sobre el uso de datos personales, de recursos públicos y de material que no tiene que ser politizado para una manifestación de una sintonía política determinado".

Los populares aseguran que el que tuvo lugar este 9-N en Cataluña fue "una manifestación en forma de referéndum" y, además, con un número "relativamente bajo" de participantes porque en las últimas autonómicas participó el 60% del censo, en el referéndum del Estatuto, el 50% y en "esta manifestación sólo el 30% de los convocados".

El proceso participativo, según González Pons, no es ningún punto de inflexión ni servirá para abrir "ninguna nueva etapa" en las relaciones entre la Generalitat y el Estado.

"Es una manifestación igual que las de la Diada, y ya hace mucho tiempo que sabemos que en Cataluña hay un tercio que son independentistas, un tercio que quiere menos autonomía y un tercio intermedio que cabalga entre las dos posiciones", ha dicho.

Según González Pons, el domingo "se manifestaron con urnas en vez de pancartas el tercio independentista y la situación sigue siendo la misma que el día anterior".

El dirigente popular ha admitido que la cuestión de Cataluña ha sido "un auténtico problema para Rajoy" esta legislatura, pero "Rajoy es el hombre correcto en el momento correcto" para afrontarlo y "con mano izquierda y derecha ha desactivado la bomba política que había activado Artur Mas" consiguiendo que el domingo "no se celebró un referéndum ilegal".

El presidente de C's, Albert Rivera, no da ningún valor al resultado del proceso. "El recuento que haga Oriol Junqueras, Josep Rull, la ANC o Francesc Homs no le da validez jurídica ni política", ha sostenido en rueda de prensa. Además, los dos millones de votantes representan solo al 30% de los catalanes y ha cuestionado que sirviera de algo porque ya se sabía con antelación que hay una cuarta parte de ciudadanos que quieren separarse de España.

También ha criticado que, aunque el Govern afirmara que había un 80% de catalanes que quería votar en una consulta, finalmente solo lo ha hecho un 30%. "C's quiere movilizar a los dos tercios de la sociedad catalana que no lo hicieron porque nos jugamos mucho. Saldremos a ganar el partido y a movilizar a la ciudadanía masivamente, para que vote el 90% de la población y no el 30%", ha recalcado.

Por eso, Mas ha fracasado en su objetivo político, por lo que la única salida democrática que le queda es convocar unas elecciones anticipadas para tener "un Govern que gobierne para todos y no solo para una parte".

También ha reclamado al PP y PSOE que no colaboren con los partidos "que quieren romper con la legalidad vigente, proclamar la independencia desde un balcón y dividir a los catalanes en dos bandos". Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de permitir que se celebrara el 9-N tras mantener ciertas reuniones secretas con CiU, por lo que "el PP no es de fiar porque, ante una situación delicada, abandona sus funciones por un pacto secreto con Mas".