Después de que el portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Alberto Mercado, elevase en junio a la Fiscalía un denuncia por hechos "muy similares" a los ya investigados por el Juzgado de Instrucción número ocho, es decir retribuciones en el pasado mandato a un miembro del PP, el Ministerio Público, visto el nuevo asunto, ha resuelto formular denuncia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según un escrito de la Fiscalía emitido el 27 de octubre y recogido por Europa Press.

En su denuncia inicial, recogida por Europa Press, el PA rememora la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.

Las oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori', para justificar precisamente el dinero abonado a Campos, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009.

Imputado eloy carmona

El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese su propia denuncia. Después, la juez imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.

El Juzgado de Instrucción número ocho, tras investigar los hechos, daba cuenta de un informe emitido por la Policía Científica y según el cual los informes relacionados con la contratación de Juan Campos fueron elaborados "en febrero de 2013" y borrados en noviembre de dicho año. Dado el caso, y merced a la condición de aforado del alcalde, José Luis Sanz (PP), al ostentar un acta de senador por Andalucía, el juzgado ha resuelto elevar el asunto al Tribunal Supremo, aspecto impugnado por la parte contraria.

La segunda denuncia del PA, en se sentido, expone que el Ayuntamiento dio de alta en su plantilla "al que era presidente del PP de Tomares, emitiendo facturas por unos informes que no existen, pues "documentación de los técnicos municipales avala que los conceptos facturados, como informes y planes de emergencia, fueron elaborados por los propios técnicos municipales" y no por el entonces presidente local del PP, Mariano Cuesta Núñez.

El presidente del pp de tomares

La denuncia, recogida por Europa Press, señala las facturas emitidas por Mariano Cuesta Núñez con cargo al Ayuntamiento de Tomares durante el mandado 2007/2011, cuando según el PA éste hombre ostentaba la Presidencia del PP de Tomares. Los conceptos de tales facturas aluden al "desarrollo y funcionamiento del servicio municipal de Protección Civil", así como a la elaboración de "un plan de emergencia local en el municipio, un plan de autoprotección en los colegios y a la elaboración de un plan local de emergencia en los colegios públicos".

Para el PA, se trata del mismo "modus operandi" que en el caso de Juan Campos, porque "la ausencia de respuestas a las solicitudes que por Ley deben ser respondidas en el plazo de cinco días naturales, hacen sospechar que pueden estar elaborándose estos informes ex profeso para justificar las facturas emitidas por Mariano Cuesta Núñez y abonadas por el Ayuntamiento". Y es que, según el PA, "los informes ni se realizaron ni se atendieron los fines para los que se facturó", argumentando entre otras cosas que en diciembre de 2010, fue aprobado por el pleno un Plan de Emergencia Municipal redactado por el técnico Carlos Dabán y en el que colaboraron técnicos de la Delegación del Gobierno y de las áreas municipales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, entre otras, pero "sin que aparezca para nada que Cuesta Núñez realizara un trabajo externo y mucho menos que alguien facturase por elaborar el informe cobrado".

Para el PA, Cuesta Núñez, mientras era presidente del PP de Tomares, habría sido contratado "para un trabajo que nunca se ha prestado", pues "no tenía despacho ni localización física alguna en el Ayuntamiento", del que habría cobrado al menos "12.000 euros".