El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha celebrado este viernes que el juez haya archivado la imputación de su cliente por blanqueo de capitales, "obviamente el delito más grave", pero ha constatado su sorpresa por mantener la imputación por delito contra la Hacienda pública.

En declaraciones a las puertas de su despacho junto al también abogado de la infanta Jesús Silva, ha recordado que la Agencia Tributaria ha manifestado reiteradamente que no ha habido "ninguna participación delictiva" de la infanta, así como el fiscal.

Tanto Roca como Silva no dan por hecho que la infanta acabe yendo a juicio: "Veremos qué calificación jurídica hace el juez instructor cuando abra juicio oral, y si ve que hay alguna acusación legitimada para ir contra la infanta".

Los abogados de la infanta han advertido de que la doctrina del Tribunal Supremo (TS) podría impedir que se la juzgue si sólo la acusación popular mantiene cargos contra ella. Los letrados han recordado que la infanta podría librarse del juicio en base a la llamada 'doctrina Botín' del Supremo, que reconoce que la acusación popular no está legitimada para acusar si no lo hace la Fiscalía. Esta doctrina se denomina así desde que el Supremo exonerara al banquero Emilio Botín de ser juzgado en un caso de cesiones de créditos.

Por su parte, el Fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha señalado que la decisión de la Audiencia Provincial de Baleares de mantener la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales "no se la esperaba nadie", pero ha dicho que "aún" no puede hacer una "valoración" porque no ha podido leer el auto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Horrach ha reconocido que "parece que el auto en su última parte hace referencia a la 'doctrina Botín'".

Así, ha manifestado que "la infanta se encuentra en la misma situación en la que estaba justo antes de que la Audiencia Provincial dictase la resolución".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "en un procedimiento judicial, cualquiera que sean las personas involucradas en ese procedimiento, el Gobierno respeta las decisiones judiciales y no le corresponde hacer valoraciones".

Por su parte, la Casa del Rey ha expresado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", después de que la Audiencia de Palma haya decidido mantener la imputación de la infanta Cristina. Esta ha sido la única reacción de Zarzuela, facilitada a través de un portavoz, a la imputación de la hermana del Rey, que desde la abdicación de su padre, Juan Carlos I, y la proclamación de Felipe VI, ya no forma parte de la familia real.

La abogada del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en el 'caso Urdangarin', cree que hay "muchas posibilidades" de que la infanta Cristina se siente en el banquillo, pero quiere esperar a ver el auto de la Audiencia de Baleares que le imputa dos delitos fiscales y le retira la acusación de blanqueo de capitales.

López Negrete se ha expresado así en un debate en La Sexta en el que ha precisado que si el auto no habla de la posibilidad de aplicar la 'doctrina Botín' ni la 'doctrina Atutxa' su organización presentará escrito de acusación y quien decidirá si se le abre juicio oral no es la Audiencia, sino el juez de instrucción, José Castro.

La 'doctrina Botín' del Tribunal Supremo establece que no se abre juicio si no hay acusación de la fiscalía ni de la acusación particular, sólo de la popular. En cambio, la 'doctrina Atutxa' la matiza precisando que en algunos casos no puede haber acusación popular, porque el delito no se dirige contra intereses concretos sino colectivos, y entonces puede prosperar la acción popular. Para López Negrete, este no es un caso de un delito contra un interés particular, sino de uno general, la Hacienda Pública.

López Negrete también ha dejado claro que, a la espera de leer el texto con detalle, no comparte que se haya retirado a la infanta la imputación por un delito de blanqueo, porque entiende, según la jurisprudencia del Supremo, "que el delito fiscal previo es un delito para cometer el de blanqueo".

La abogada también ha precisado que el delito de blanqueo se castiga con una pena máxima de seis años de prisión, mientras que los delitos fiscales tienen un máximo de cinco y la infanta está acusada de dos. Así, podría enfrentarse a hasta un máximo de 10 años de cárcel, aunque ha reconocido que esa pena sería "un tope al que no se suele llegar".