"A estas alturas no pongo la mano en el fuego por nadie", dice Javier Fernández sobre la corrupción

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha defendido este viernes la labor desarrollada por su gobierno a la hora de articular medidas contra la corrupción. No obstante, ha admitido, que en materia de corrupción no se fía ciegamente de nadie, tras los casos que se van conociendo. "A estas alturas no pongo la mano en el fuego por nadie", ha dicho.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha defendido este viernes la labor desarrollada por su gobierno a la hora de articular medidas contra la corrupción. No obstante, ha admitido, que en materia de corrupción no se fía ciegamente de nadie, tras los casos que se van conociendo. "A estas alturas no pongo la mano en el fuego por nadie", ha dicho.

Fernández se ha pronunciado en estos términos en la sesión plenaria de este viernes, al ser preguntado por IU sobre las medidas contra la corrupción que tiene previsto articular el Ejecutivo regional asturiano.

El socialista ha respondido que su Gobierno está impulsando leyes de Transparencia y de Buen Gobierno, además de otra norma para modificar la ley de la Sindicatura , con el objetivo de detectar más casos de corrupción. También ha recordado su intención de apartar de los cargos a cualquier persona a la que se le haya abierto juicio oral. En cuanto a la "actitud" de su gobierno para hacer frente a la corrupción ha resaltado gestos como la publicación de los miembros del Ejecutivo autonómico de su patrimonio.

El portavoz de IU Aurelio Martín ha dicho que las leyes de Transparencia y de Buen Gobierno llegan "tarde" y "mal", porque sólo son "malas copias" de la legislación estatal sobre la materia. A exigido a Javier Fernández medidas "contundentes" contra la corrupción, porque las están reclamando los ciudadanos.

Aurelio Martín considera que lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno asturiano es "insuficiente", a pesar de que hay medidas concretas que le ha pedido el parlamento asturiano y que el Ejecutivo no ha querido poner en marcha.

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