Los administradores concursales de Sniace creen que la Junta de Acreedores podría celebrarse en febrero, según el comité

Van a solicitar al Juzgado de lo Mercantil que acabe la 'fase común' del concurso e inicie la de adhesión a la propuesta del convenio
Fábrica de Sniace en Torrelavega
Fábrica de Sniace en Torrelavega
EUROPA PRESS
Fábrica de Sniace en Torrelavega

Los administradores concursales de Sniace creen que la Junta de Acreedores podría celebrarse en febrero, según lo trasladado al comité de empresa en la reunión celebrada ayer, miércoles, en Madrid, en la que se comprometieron a realizar gestiones ante el Juzgado de lo Mercantil que lleva el concurso para intentar acortar ese plazo.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla (UGT), quien ha señalado que los administradores han informado al comité que van solicitar al Juzgado de lo Mercantil que lleva este concurso que dé por terminada la actual etapa en que se encuentra este procedimiento, que es la denominada 'fase común'.

Según Pérez Portilla, es en esta fase en la que se estudian las deudas con cada acreedor y se analizan las reclamaciones que puedan presentarse y que en el caso del concurso de Sniace han sido registradas "6 o 7" de los más de 300 acreedores implicados.

A la vista de ello, y según les han "tranquilizado" los administradores, "no hay ningún problema" con el concurso de acreedores, que va "bien" a la vista de las reclamaciones registradas, aunque "algo lento", y se está resolviendo "muy satisfactoriamente".

Solicitud de avanzar en las fases

Según la versión del secretario del comité de empresa, los administradores van a solicitar al juez que abra ya la siguiente fase del concurso de acreedores, que es la de la adhesión a la propuesta de convenio.

El sindicalista ha subrayado que esta petición de que acabe la actual fase y se entre en esta nueva son pasos hacia el final del concurso y, según ha comentado, de aquí la convocatoria de la Junta de Acreedores y la presentación del plan de viabilidad está "relativamente cerca", aproximadamente "un mes y medio".

Los efectos del "retraso" en la celebración de la junta

La "fecha posible" para la celebración de la Junta que manejan los administradores concursales, la de febrero, supone un "retraso" frente a las previsiones que había antes de la firma del acuerdo laboral, que la situaban antes de que acabara 2014, o de las previsiones del comité tras la firma, que creía que podía ser "a mediados de enero".

Según Pérez Portilla, esto tiene dos efectos: un sobrecoste de 400.000 euros de la cuantía en la que se había fijado el plan de viabilidad y un retraso en el inicio del cobro de los 800 euros mensuales para aquellos trabajadores de Sniace a los que se les ha acabado el paro.

Respecto al primero de los asuntos, el sindicalista ha señalado que la empresa está dispuesta a asumir ese sobrecoste del plan de viabilidad, según lo que les comunicó su presidente Blas Mezquita, que no asistió a la reunión de ayer en el Hotel Chamartín pero con el que se encontraron y conversaron después de que éste hubiese mantenido momentos antes un encuentro con los administradores.

En cuanto a la otra cuestión, la que atañe a los trabajadores, Pérez Portilla ha explicado que supone un retraso en el cobro, si bien, cuando lo empiecen a percibir lo harán con efectos retroactivos.

El secretario del comité de empresa ha explicado que el encuentro con los administradores y también la conversación de unos minutos con Mezquita sirvió para "tranquilizar" a los representantes de los trabajadores.

Sin embargo, ha señalado que los administradores les reconocieron que "les preocupa" la "división sindical" en el comité, en el que los representanres de USO no suscribieron el acuerdo laboral, algo que, podría hacer que "pueda haber algún problema" en la Junta de Acreedores.

La "falta de acuerdo sindical", según Pérez Portilla, sí puede afectar el proceso abierto en la Audiencia Nacional para que prevalezca el acuerdo laboral de los trabajadores sobre la sentencia que declaró legal el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), una cuestión que el comité cree que tendrá que resolverse en el Tribunal Supremo.

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