Los altos cargos darán a conocer en abril sus declaraciones de bienes de salida por la Ley de Transparencia

Los altos cargos de la Junta de Castilla y León darán a conocer en el mes de abril sus declaraciones de bienes de salida en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que se aprobará previsiblemente en el mes de febrero una vez presentado el proyecto este jueves en el Consejo de Gobierno para su posterior traslado a las Cortes.
José Antonio de Santiago-Juárez
José Antonio de Santiago-Juárez
EUROPA PRESS

Los altos cargos de la Junta de Castilla y León darán a conocer en el mes de abril sus declaraciones de bienes de salida en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que se aprobará previsiblemente en el mes de febrero una vez presentado el proyecto este jueves en el Consejo de Gobierno para su posterior traslado a las Cortes.

Según ha explicado el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aunque esas declaraciones se conocerán de forma habitual en el mes de enero la intención del Gobierno autonómico es hacer públicos esos bienes de salida en abril, antes de que termine la presente legislatura.

Esta es una de las novedades del proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que obligará a los altos cargos de la Junta a presentar anualmente copia de sus declaraciones del IRPF y, en su caso, de patrimonio, que quedarán inscritas en el Registro de Intereses.

Según ha insistido el consejero a este respecto, los altos cargos deberán presentar declaración notarial de bienes patrimoniales "no sólo cuando accedan al cargo, como sucede hasta ahora, sino también cuando lo abandonen". La nueva norma obligará a publicar en el Bocyl las declaraciones notariales del presidente y de los consejeros, difusión que ya se cumple aunque con carácter voluntario.

El consejero de la Presidencia ha presentado el proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana como "una norma fundamental" para fomentar la transparencia en la información, la participación y la cooperación de los ciudadanos en lo que ha definido como un "círculo virtuoso" para implicar y hacer cómplices a los castellanoleoneses.

"no es una ocurrencia"

"No es una ocurrencia de última hora", ha aclarado también el consejero, quien ha admitido no obstante que la nueva norma será un "antídoto" contra la corrupción por lo que ha vuelto a hacer un llamamiento al principal partido en la oposición para alcanzar un "gran acuerdo político" por el bien de Castilla y León y de sus ciudadanos. "Ellos sabrán", ha ironizado respecto a si tiene que ser el nuevo secretario regional, Luis Tudanca, o el Grupo Parlamentario los que tomen la decisión sobre el acuerdo.

Entre las novedades más significativas del proyecto de ley, que ha ido "más lejos" de las exigencias que marca la norma estatal, destaca la ampliación de las exigencias de publicidad activa estipuladas en la norma del Gobierno y el detalle de la relación de asuntos que deberán difundir los organismos y las entidades del sector público autonómico.

Así, se podrán conocer las relaciones de puestos de trabajo y plantillas, los puestos de personal eventual, las convocatorias de procesos de selección de personal, los convenios colectivos y acuerdos, pactos o planes y los textos de resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas además del gasto público en campañas de publicidad institucional.

La Junta también informará del volumen de endeudamiento de la Comunidad, la estructura de la cartera de deuda y la finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles de su propiedad y dará a conocer la relación de los que se ceden a terceros y el número de vehículos oficiales y uso al que se destinan.

Según ha explicado el consejero, la futura norma, que elevará la participación a derecho ciudadano, atribuye al Procurador del Común el desempeño de las funciones de Comisionado de Transparencia al que se adscribe la Comisión de Transparencia que velará por el correcto funcionamiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguarda del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los órganos y entidades del sector público autonómico, las entidades locales de Castilla y León y de su sector público.

Refuerza al procurador del común

En este sentido, ha precisado que el Procurador asumirá las nuevas funciones con los medios ya asignados, "sin poder generar costes o estructuras adicionales" y reforzará "más si cabe" el trabajo de esta institución propia de la Comunidad que perdió "ciertas funciones" con la última reforma estatutaria. De Santiago-Juárez ha admitido también que todas las instituciones propias de la Comunidad expresaron su voluntad de hacerse cargo de este cometido.

La nueva norma también obligará a la Administración General y a sus organismos autónomos a que sometan a participación al menos durante un periodo de diez días cada uno de sus anteproyectos de ley, proyectos de decreto, estrategias, planes y programas con las excepciones de los anteproyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y de medidas tributarias, financieras y administrativas, así como los proyectos de decreto de carácter organizativo.

De Santiago-Juárez ha aclarado al respecto que la apertura de una nueva vía de participación por medios electrónicos no demorará el procedimiento de tramitación de las normas, debido a su carácter previo o simultáneo, ni implica la sustitución de los trámites de audiencia e información pública especificados en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Las disposiciones relativas a la participación ciudadana, así como las disposiciones transitorias y finales, sobre las obligaciones añadidas para los altos cargos y otras normas de organización entrarán en vigor a partir del día siguiente de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Otras cuestiones sobre algunas previsiones que deben incorporarse en los contratos entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Bocyl. Finalmente, el resto de la norma entrará en vigor el 10 de diciembre de 2015, fecha que también marca la ley estatal como inicio de las obligaciones exigidas a todas las comunidades autónomas.

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