El PPdeG ha rechazado una iniciativa de AGE —apoyada por el PSdeG y BNG— en el Parlamento gallego en la que instaba a la Xunta a no emitir resolución favorable y suspender la evaluación ambiental de los proyectos de 'fracking' hasta que no se desarrollen normativamente las recomendaciones realizadas este año por la Unión Europea de principios mínimos de exploración y seguridad a seguir en la fracturación hidráulica, una postura que la oposición ha tachado de "timorata".

En el debate de esta cuestión en la comisión de Ordenación Territorial, Antón Sánchez (AGE) ha señalado que, aunque actualmente no hay proyectos de 'fracking' en Galicia, cree que hay que actuar por "principio de precaución" ante una técnica que puede acarrear "graves problemas de salud" en las zonas en las que se aplica, ya que se basa en la extracción de hidrocarburos por brechas en el terreno muy estrechas —con un gran gasto de agua, mezclada con elementos químicos— que "puede ser contaminante" para acuíferos y ciudadanos.

De tal forma, antes de aprobar ninguna evaluación ambiental en Galicia, Sánchez exige que "debe estar hecho un mapa de zonas protegidas", en el que figuren distancias mínimas de seguridad sobre masas de agua y viviendas. Así, considera el 'fracking' una "reacción desesperada del capitalismo ante la escasez del petróleo", que apuesta por "un deterioro ambiental" en vez de por la eficiencia y las renovables.

En esta línea, la diputada del BNG Ana Pontón ha alertado del "gran riesgo de contaminación" en acuíferos que supone la fractura hidráulica, así como la polución que produce para el terreno y el aire, a lo que se unen riesgos de "sismicidad inducida" y desabastecimiento de zonas por "el empleo de gran cantidad de agua".

Por ello, Pontón acusa al PPdeG de posición "timorata" para proteger el paisaje gallego ante "practicas tan agresivas", una postura que ha enlazado con que la Xunta "no quiso derogar" el visto bueno a la declaración ambiental de la mina de Corcoesto. Por su parte, la diputada socialista Patricia Vilán cree "necesario incidir en la prohibición del 'fracking" en Galicia, dado que "es una técnica de riesgo de la que se desconocen sus consecuencias".

Medida "arbitraria"

En febrero de 2013, el Parlamento gallego ya aprobó acordar una moratoria para el uso del 'fracking' mientras no se garantice su inocuidad y seguridad, pero ahora AGE reclama a la Xunta que no dicte resolución favorable hasta que no se desarrollen normativamente las recomendaciones europeas.

Sobre esta cuestión, los populares han presentado una enmienda de sustitución para instar a la Xunta a exigir a todos los posibles promotores de proyectos que garanticen la inocuidad y seguridad de esta técnica. Una enmienda que AGE se ha negado a aceptar porque "sería prácticamente como no aprobar nada".

Así, el diputado popular José Santiago Freire Abeijón ha dicho compartir la "preocupación" por una técnica sobre la que "no se sabe el riesgo exacto", pero considera que la proposición "daría lugar a resoluciones arbitrarias" e "ilegales", porque "no se puede resolver negativamente a priori". Además, apunta que la norma estatal estableció la delimitación ambiental aplicable y mientras no se cuente con la puesta en marcha de las normas europeas, el cumplimiento de la legalidad "obliga a tramitar ambientalmente los proyectos que se presenten" para determinar su viabilidad o inviabilidad.

Iniciativas aprobadas

En otro orden de cosas, en esta comisión se han aprobado dos iniciativas por unanimidad. Una de ellas, ha sido presentada por el PSdeG para que el Gobierno gallego inste al Ministerio de Fomento a la ejecución de obras necesarias para garantizar la seguridad en la N-642, entre Barreiros y Burela. En concreto, el diputado José Ramón Val Alonso espera que este acuerdo "no quede en un cajón" y sirva para eliminar tres puntos negros en los que "los accidentes son bastante frecuentes".

Además, se ha dado luz verde a una propuesta del BNG para redactar el proyecto de las obras necesarias en las aldeas de Esperanzo y San Paio, en el Ayuntamiento de Lobios (Ourense), para garantizar la accesibilidad de vecinos, y que estén acabadas antes de mayo de 2015.

Ence y ley del agua

Los populares han rechazado en cambio una propuesta de AGE —apoyada por PSdeG y BNG— en la que, entre otras cuestiones, se instaba a la Xunta y Ayuntamiento de Pontevedra a que procedan a la redacción del instrumento de ordenación territorial que reordene los terrenos que ocupa actualmente Ence, "garantizando, en todo caso su traslado efectivo en 2018".

Así, Antón Sánchez ha expuesto que el pasado mes de mayo el TSXG desestimó los recursos de Ence y Elnosa contra el plan de ordenación de litoral y las directrices de ordenación, en el que se establece el traslado de las instalaciones en el horizonte de 2018; y cree necesario instar al Estado a ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Supremo, para que "se inicie el expediente de caducidad" y la compañía salga de la ría.

Sobre el traslado en 2018, Alejandro Gómez Alonso (PP) ha dicho que la Xunta "no tiene esa competencia", "no porque no quiera", sino porque le corresponde al Estado decidir sobre ello, en función de la "legalidad vigente". Por ello, ha presentado una enmienda y ha propuesto votar por puntos la iniciativa de AGE, pues, por ejemplo, ha dicho compartir que se ejecute la sentencia de la Audiencia Nacional, pero Alternativa ha denegado esta posibilidad para "no dar ni un paso atrás".

También ha pedido AGE a la Xunta que emita informe negativo a la prórroga de Ence en la ría. Aunque sobre esta cuestión en el pasado pleno el conselleiro de Industria, Francisco Conde, ya subrayó que el informe será determinante, pero no vinculante. Esto para AGE significa que la ley de costas del Estado prorroga otros 75 años la concesión y, "aún por encima, le quita la última palabra a la Xunta".

La diputada del BNG Ana Pontón ha cargado contra Ence, a la que ha definido como "una empresa ilegal", "condenada por delito ecológico continuado", y ha acusado a los populares de modificar normas "de manera torticera" para defender "intereses espurios". "El PP no es que vaya de ganchete con la empresa, sino que actúa al dictado de lo que dice", ha espetado. En este sentido, Patricia Vilán también demanda como "necesario" que la Xunta inste a Madrid a que se inicie el expediente de caducidad.

En otro orden de cosas el PSdeG ha instado a derogar la ley de aguas de Galicia —apoyado por AGE y BNG, pero rechazado por PPdeG—, ya que supuso "un incremento en el precio del agua" por dos nuevos tributos, el canon del agua y el coeficiente de vertido, por los que el Gobierno gallego recaudó más de 40 millones de euros en 2013.

Sobre esta norma, Patricia Vilán ha denunciado que el canon se justifica para la creación de infraestructuras, pero las EDAR de Ribeira o Sanxenxo "siguen sin existir". A este respecto, Ana Pontón ha censurado el "afán recaudatorio" de una tasa que "no abordaba los problemas reales" como la contaminación o sobreexplotación; mientras Antón Sánchez critica que en la ley "no se tiene en cuenta" la situación socioeconómica de los ciudadanos.

En cambio, Freire Abeijón (PP) ha defendido que el canon supone recaudar 56 millones, que se emplearán para la financiación de depuradoras y actuaciones entre 2013 y 2015 por un importe de 400 millones, lo que repercute en el saneamiento del agua. Además, señala que hay criterios de progresividad con exenciones para colectivos desfavorecidos y familias numerosas.