El secretario general del grupo parlamentario de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog, ha expuesto un conjunto de 22 medidas, algunas de extrema urgencia porque la "corrupción está institucionalizada y el nivel de deterioro es tal que peligra el sistema democrático que tanto sacrificio ha necesitado para construirlo".

Ante los últimos casos de corrupción, Herzog ha precisado que "hablamos de crimen organizado" y además desde UPyD "pasamos de las palabras a los hechos" con la personación como acusación particular en varios casos, ha apostillado el coordinador de esta formación en Aragón, Carlos Aparicio.

Al respecto, Aparicio ha animado a los votantes de distintas formaciones a que "vayan a las sedes de sus partidos a presionar porque no vale quejarse solo en la barra del bar".

Todas las medidas que reclama UPyD se han votado y "han sido rechazadas por el PP, PSOE y los nacionalistas", ha lamentado Herzog quien ha justificado esta nueva presentación "como un llamamiento casi desesperado".

El primer bloque de medidas "se tienen que acometer antes del fin de este periodo de sesiones —diciembre de 2014— y el resto antes de que concluya la legislatura porque "no podemos ir a unas elecciones sin estas reformas".

Antes de diciembre

La supresión de los aforamientos políticos para diputados, senadores y miembros del Gobierno mediante una reforma "exprés" de la Constitución, como ya hicieran PP y PSOE, es una de las primeras propuestas de UPyD

Otras medidas atañen a la "despolitización de las instituciones que no funcionan por la colonización de los partidos", entre las que ha citado la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Tribunal de cuentas.

Dotar de más medios a la Fiscalía Anticorrupción para "demostrar la voluntad de dar más recursos a quienes persiguen la corrupción política" es otra medida, junto a las propuestas legislativas de creación del delito de financiación ilegal, o de enriquecimiento ilícito de cargos públicos que se pueden recoger en la reforma del Código Penal en curso.

Antes del fin de la legislatura

El segundo bloque de medidas a aplicar antes de que concluya este mandato pasaría por prohibir la acumulación de cargos públicos y sobresueldos; reformar la Ley Electoral para establecer listas desbloqueadas o abiertas; y eliminar privilegios como la posibilidad de prestar declaración judicial por escrito o los indultos, que "fomentan la desafección de los ciudadanos hacia la política".

También han abogado por reformar el nombramiento de responsables de instituciones fundamentales, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas; mejorar la regulación de los conflictos de intereses y el control de la 'puerta giratoria' además de establecer una política de obligado cumplimiento sobre los regalos y atenciones personales que "pretendan hacerse a los políticos".

Profesionalizar los cargos directivos de la administración, aplicar mayores controles para evitar el "amaño" de los contratos públicos"; reforzar la responsabilidad de los políticos por negligencia en la gestión de los bienes públicos; aprobar una ley de protección jurídica a todos los que denuncien posibles casos de corrupción y una dotación extraordinaria de fondos para la Audiencia Nacional para que como "tribunal deslocalizado se especialice en asuntos de corrupción".

PLAZA, TRANVÍA

Como ejemplo de la acción de UPyD ha recordado la personación en dos casos diferentes de Plaza, que desde hace un año investiga presuntos delitos económico relacionados con la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza y con un desfase de unos 200 millones de euros. "Es el triple que el presupuesto de la Consejería de Hacienda o la misma cantidad que la Comunidad autónoma de Aragón paga en intereses por los préstamos", ha comparado Carlos Aparicio.

Al respecto, la abogada de UPyD, Irene Romea, ha indicado que "valoramos ver en qué piezas de Plaza es más relevante personarse" al argumentar que "queremos ayudar a la fiscalía, que además hay que despolitizarla" ha requerido, al tiempo que ha estimado que "quizá sea necesario un mayor tirón de la fiscalía para aportar pruebas" y que ha atribuido a que "hay muchos intereses económicos y políticos detrás".

Romea ha explicado que antes de personarse "hay que conjugar seguridad jurídica y agilidad" porque "falta práctica en todos los ámbitos ya que afrontamos procedimientos que no se habían visto antes por nadie".

A su parecer, el año que lleva la instrucción del caso Plaza "no es excesivo" para observar que se ha preferido desgajarlo por piezas para "no colapsar la instrucción".

En cuanto a posibles irregularidades en las obras del tranvía de Zaragoza, Romea ha precisado que "no vamos a lanzarnos a la que salta porque primero tenemos que ver si hay base legal para presentar una querella o una denuncia" e irónicamente ha apostillado que "no somos la Fiscalía de España, aunque casi".

Tarjetas opacas

En cuanto a la posible investigación sobre tarjetas opacas en las cajas de ahorro de Aragón, Herzog ha explicado que "hemos estudiado el mimetismo que se produce de unas a otras sobre los planes de pensiones o ciertos seguros porque las decisiones se tomaban en los despachos de los políticos y en las entidades".

Herzog ha exigido que se realice una investigación y que "el Gobierno explique que fue un asunto exclusivo de Caja Madrid y que no se ha dado en otras cajas de ahorro" y ha recordado que han solicitado a la fiscalía que actúe.

A colación, ha vuelto a defender la creación de fiscalías anticorrupción en todas las provincias y que "dependan directamente de Madrid".

Capitalizar el desgaste

Tras conocer la encuesta del CIS, en la que UPyD no capitalizaría el desgaste de otros partidos afectados por casos de corrupción, Herzog lo ha atribuido a que "estamos en una situación convulsa de política líquida en la que se acaba el bipartidismo y que es por lo que nació UPyD".

No obstante, ha confiado en que al final "se valorará el trabajo serio de UPyD y su solidez" y se ha mostrado convencido de que "seremos determinantes en las próximas contiendas electorales".