El acusado identificado como L.G.B., con el que el también imputado Enrique F.I. suscribió en 1999 un contrato de asociación que se sitúa en el origen de la empresa Iniosa, ha reconocido este martes que hubo agricultores que no cobraron la aceituna entregada a la empresa a comienzos de la pasada década, si bien ha estimado en 70 el número de trabajadores en esa situación, y no en más de 200 como sostienen los afectados, que elevan incluso la cifra a 800 teniendo en cuenta a los familiares de los perjudicados.

Así lo ha indicado en el transcurso de la declaración que ha prestado ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén que desde este lunes enjuicia el conocido como caso Iniosa, por el que 18 personas se sientan en el banquillo de los acusados.

La declaración de L.G.B. ha abierto poco antes de las 10,00 horas la segunda sesión de este juicio, y a lo largo de la misma este acusado se ha limitado a responder a las preguntas de su abogada, a quien ha justificado la firma del contrato de asociación suscrito con E.F.I. por su interés en contar con una "almazara propia" para los "tres o cuatro millones de kilos" de producción que generaba en aquel momento.

Al hilo de ese acuerdo con el primer acusado se constituyó Iniosa, para lo cual L.G.B. desembolsó "502 millones de pesetas" en 1999, según ha manifestado en su declaración, en la que ha indicado que E.F.I. "no fue socio ni administrador" de la citada empresa y de otras nacidas paralelamente, de modo que "no participó" en sus cuentas.

Tras la firma de un nuevo contrato en mayo del año 2000, la sociedad entre E.F.I. y L.G.B. se disolvió por "ciertas diferencias de criterio" entre ambos en el desarrollo del proceso, según ha explicado el segundo, que adquirió por entonces maquinaria y construyó "una almazara, un centro de transformación, una extractora de orujo", entre otros equipamientos, como "tres balsas" de almacenamiento de aceite.

"Lo que mató a Iniosa", según ha lamentado este empresario, fue la "alerta alimentaria" decretada en 2001 por el Ministerio de Sanidad para inmovilizar el aceite de orujo de oliva, porque en aquel momento la empresa contaba con "alrededor de 300 millones de kilos de orujo en las balsas", unos "nueve millones de kilos de aceite", lo que generó unas pérdidas de "entre 1.300 y 1.400 millones de pesetas", según ha afirmado.

Se trató de una "situación imprevista" de la que "derivó la crisis de Iniosa", y que además coincidió con otros hechos desfavorables como un "robo de 100.000 kilos de aceite" que se produjo una noche por esas fechas, o la "suspensión de pagos" que se ordenó en el seno del complejo empresarial.

Pero por encima de todo ello ha insistido en destacar "la alerta alimentaria", porque a raíz de la misma, según ha remarcado, "toda la actividad de aceite de orujo se paralizó porque no se podía vender". En el marco de esta crisis se generaron deudas, pero "se pagó a todo el que fue por la vía civil", según ha subrayado este acusado, que en esa línea ha defendido que su "costumbre de toda la vida" ha sido la de "pagar a todos".

Ha sido entonces cuando ha subrayado que "de 567 agricultores" afectados solo se quedaron sin cobrar "70", así como que llegó a ofrecer una finca de su propiedad ubicada en Porcuna (Jaén) como medio para "pagar la deuda" a los trabajadores, si bien "no hubo consenso" para ello.

Niega ánimo de "estafar"

Así, ha señalado que le "molesta" oír que se le acuse de haberse "puesto de acuerdo con E.F.I. para estafar a los agricultores", porque ni él se considera una persona "para hacer eso" ni cree que quien fue su socio lo sea igualmente. Además, ha aseverado que perdió "muchísimo patrimonio" con este asunto, hasta el punto de que, según ha manifestado, su patrimonio en 2003 era "un piso hipotecado".

"Intenté hasta el último momento vender todo lo que tenía para pagar a los proveedores", ha afirmado L.G.B., que ha justificado la decisión de presentar suspensión de pagos en el complejo empresarial "para preservar el patrimonio y luego presentar una quiebra voluntaria y poder hacer una liquidación ordenada de la empresa".

Al hilo, ha indicado que "se podía haber pedido la retroacción de todos los actos de dación de pagos", si bien "no hubo nadie que lo solicitara", algo que ha tachado de "incomprensible" el acusado, que ha insistido en que "el objetivo de la suspensión de pagos era que todos cobrasen, no unos sí y otros no", para lo cual había maquinaria suficiente, según ha expuesto.

También ha negado que a los agricultores se les ofreciera por el aceite "precio por encima del mercado", y ha argumentado que "la aceituna siempre se compra a rendimiento", de modo que "cuando el agricultor decide liquidar se ve el rendimiento y la calidad, y de ahí sale el precio y se paga".

De igual modo, el encartado en cuestión ha negado haber incurrido en alzamiento de bienes, y ha señalado que la contabilidad de Iniosa "se llevaba en oficinas", cuya información era "contrastada" por unos "asesores jurídicos que venían cada 15 días" para cumplir ese cometido.

Además de L.G.B., este martes han prestado declaración otros cuatro acusados, por lo que en total son ya seis los procesados que han sido interrogados en los dos días de juicio, según han informado a Europa Press fuentes del caso. La segunda sesión ha terminado alrededor de las 15,00 horas y el juicio se reanudará este miércoles a las 9,30 horas.