Prisión para el exalcalde de Serranillos por dar contratos públicos a la red Púnica

  • Antonio Sánchez Fernández (UDMA) fue sorprendido este lunes cuando intentaba sacar documentos del Ayuntamiento.
  • El juez le ha tomado declaración y le imputa en total ocho delitos.
  • Puede eludir la cárcel si paga una fianza de 60.000 euros.
El alcalde de Serranillos del Valle, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional, donde será interrogado por el juez Eloy Velasco.
El alcalde de Serranillos del Valle, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional, donde será interrogado por el juez Eloy Velasco.
EFE/Paco Campos

El juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid) Antonio Sánchez Fernández (UDMA), sorprendido este lunes cuando intentaba sacar documentos del Ayuntamiento, como responsable de irregularidades en adjudicaciones públicas para beneficiar al supuesto cerebro de la trama Púnica David Marjaliza.

En el auto de prisión, Velasco pone como ejemplo de esas irregularidades un contrato de eficiencia energética para el que se alteró la valoración de las ofertas de un concurso público a favor de la empresa Cofely, sobre la que pivota gran parte de esta trama, "con su connivencia y la del técnico municipal".

A esta evidencia el juez añade que las empresas de Marjaliza, presunto socio del otro cabecilla de la trama el exdirigente del PP Francisco Granados, "habrían estado trabajando sin contrato público que lo amparase, tratando de articular posteriormente las autoridades municipales un procedimiento de contratación predeterminado a su adjudicación" a Marjaliza, quien "habría intervenido en la redacción de los criterios de adjudicación".

Además, para amparar los trabajos realizados sin contrato público "se habrían elaborado informes y facturas falsas para posibilitar que se libraran las cantidades económicas necesarias" para pagar a Marjaliza.

Por todo ello, el juez le imputa en total ocho delitos: integración en organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y fraude.

Hora y media de declaración

Velasco le ha enviado a prisión tras tomarle declaración durante hora y media y tras examinar la documentación que trató de llevarse del consistorio, ante el riesgo "objetivo y concurrente" de alteración de elementos "relevantes" para la investigación del delito, "al haber sido descubierto huyendo del Ayuntamiento con documentación probatoria que pretendía eludir de la acción de la Justicia".

Con Sánchez Fernández son ya nueve los imputados en la red Púnica que han ingresado en la cárcel, entre ellos Granados, Marjaliza, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP).

Sánchez Fernández, acompañado de su abogado, llegó a las 08.30 horas a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim por su propio pie después de que el juez le citara para este martes a las nueve de la mañana para estar presente en el análisis de la documentación que le fue intervenida por la Guardia Civil cuando trataba de sacarla del Ayuntamiento.

Durante toda la mañana, el exalcalde ha presenciado el cotejo de los documentos por parte del secretario judicial, tras lo que el juez de la Audiencia Nacional ha acordado tomarle declaración.

Alerta de un funcionario

Sánchez Fernández, de Unión Demócrata Madrileña (UDMA), fue detenido en la operación Púnica imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho (cuatro menos de los que el juez le atribuye en el auto), pero la semana pasada no pasó a disposición judicial junto al resto de detenidos por motivos de salud.

El intento de Sánchez Fernández de sacar documentos de su despacho fue puesto en conocimiento del juzgado por un funcionario del Ayuntamiento a través de una comunicación, en la que se alertaba de que el entonces alcalde había comparecido en el Consistorio con cajas vacías y "las está llenando con documentación de su despacho, posiblemente para llevársela".

Ante lo ocurrido, el juez emitió un auto permitiendo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil su intervención ante la posibilidad de que los documentos que intentaba sacar el alcalde del despacho pudieran no ser personales, sino relacionados con los hechos objeto de la investigación, "por lo que podría estar tratando de hacer desaparecer o destruir pruebas imprescindibles para la averiguación de los hechos objeto de la presente causa".

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