Pillan 'in fraganti' al alcalde de Serranillos del Valle intentando llevarse documentación

  • Fue sorprendido por un funcionario llenando varias cajas.
  • Antonio Sánchez Fernández (UDMA) está imputado por prevaricación, fraude, malversación y cohecho.
  • El jefe del gabinete de la Alcaldía de Parla ha pagado una fianza de 60.000 euros para salir de la cárcel.
Imagen del alcalde del municipio madrileño Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, detenido en el marco de la 'Operación Púnica'.
Imagen del alcalde del municipio madrileño Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, detenido en el marco de la 'Operación Púnica'.
AYUNTAMIENTO DE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han impedido este lunes que el alcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández (UDMA), se llevara documentación de su despacho en el Ayuntamiento de Madrid tras haber sido sorprendido 'in fraganti' por un funcionario del consistorio llenando cajas.

Sánchez Fernández, al que tras este incidente el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido citarle para este martes para tomarle declaración, fue detenido en la 'Operación Púnica' imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho, pero no pasó a disposición judicial por motivos de salud.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por un funcionario del Ayuntamiento a través de una comunicación en la que se alertaba de que el alcalde había comparecido en el consistorio con cajas vacías y "las está llenando con documentación de su despacho posiblemente para llevársela".

El juzgado pidió entonces a la UCO que verificara la veracidad de esta comunicación para que en el caso oportuno tomara las medidas necesarias para evitar la desaparición y destrucción de pruebas, imprescindible para la averiguación de los hechos que se investigan en la causa.

En cumplimiento a la petición del juez, la UCO envió al Ayuntamiento una patrulla desde Griñón, localidad próxima a Serranillos del Valle, para evitar que se sacara documentación que pueda guardar relación con lo investigado.

Para ello, los agentes han procedido a tomar posesión de los documentos que el alcalde había guardado en la cajas y han levantado acta de documentos oficiales para el caso de que el juzgado estime conveniente su incautación e incorporación a la causa.

Destruir "pruebas imprescindibles"

Ante lo ocurrido, el juez ha emitido un auto permitiendo a la UCO esta intervención, ya que los documentos que intentaba sacar el alcalde del despacho "pudieran no ser documentos personales, sino relacionados con los hechos objeto de la investigación de la presente causa por lo que podría estar tratando de hacer desaparecer o destruir pruebas imprescindibles para la averiguación de los hechos objeto de la presente causa"

En ese mismo auto, Velasco autoriza a la Guardia Civil para que intervenga al alcalde la información que haya cogido y la ponga a disposición del juzgado.

Además, cita para este martes al alcalde a las 9.00 horas como imputado para llevar a cabo el cotejo de la documentación en su presencia y devolverle lo estrictamente personal, quedando la restante a disposición del juzgado.

Por otro lado, el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla, Antonio Borrego (PSOE), ha pagado la fianza de 60.000 euros que le impuso el juez de la operación Púnica, Eloy Velasco, para salir de la prisión, por lo que será puesto en libertad hoy mismo, según han informado fuentes jurídicas.

Borrego era el único que permanecía en prisión de los políticos a los que el magistrado de la Audiencia Nacional impuso la semana pasada fianzas para salir de la cárcel tras tomarles declaración.

En total, el juez interrogó a 32 detenidos de los que mandó a 7 a prisión sin posibilidad de fianza, a otros 13 a prisión eludible bajo fianza, mientras que dictó libertad bajo fianza a 4 y puso en libertad con cargos a otros 8.

"Parámetros irregulares"

Jefe de Gabinete de José María Fraile en Parla, Borrego gestionó, según el juez, uno de los cohechos acordados que se habría materializado mediante una supuesta donación de la empresa Cofely y controló la ejecución del contrato, siendo conocedor de todos los parámetros irregulares de su preparación y adjudicación.

Tras pagar Borrego, solo queda en prisión bajo fianza el empresario José Luis Huerta, quien deberá abonar la cantidad más alta impuesta por el juez (300.000 euros) si quiere salir de la cárcel.

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