El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este lunes que el Gobierno andaluz tiene que ser "valiente" con la futura ley de mínimos vitales de agua y luz, aunque el Ejecutivo central la pueda llevar al Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la Ley sobre la función social de la vivienda.

En declaraciones a los periodistas junto con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, momentos antes de inaugurar el I Foro Andaluz del Agua, Valderas ha explicado, no obstante, que el Gobierno andaluz está estudiando "profundamente" cómo abordar esta ley sin que haya que entrar en "un elemento de contradicción" desde el punto de vista constitucional.

Tras apuntar que la futura ley podría entrar en colisión con las competencias estatales, dado que la Junta tiene las competencias en materia de agua pero no de energía, el dirigente de izquierdas ha destacado también que el Gobierno de la Nación ha recurrido al TC la moratoria para realizar desahucios energéticos en los meses de invierno planteada por Cataluña.

"Si fuera solo con el agua podríamos hacerla mañana", ha apuntado el vicepresidente de la Junta, quien ha dicho ser partido de ir "hacia adelante", aunque se pueda dar esa "paradoja" que ya se da en Cataluña. "Hay que ser valientes ante la demanda que plantea la ciudadanía", ha subrayado Valderas.

No obstante, ha destacado que en los Presupuestos de la Junta para 2014 se recoge una partida de 7,5 millones para garantizar los mínimos vitales de agua y luz a la ciudadanía, a través de los ayuntamientos, unos fondos que también se incluyen en las cuentas de la administración andaluza para el próximo año.

Valderas, que ha asegurado que los ayuntamientos ya han recibido los recursos del presupuesto de este año, dentro de un Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, ha considerado que ahora hace falta "una segunda actuación" que incluya una moratoria para los desahucios energéticos en los meses más duros del invierno y una ley.

Defiende una "remunicipalización" de los servicios de agua

En lo que se refiere al I Foro Andaluz del Agua, el vicepresidente de la Junta ha considerado que se trata de una iniciativa "oportuna" y que llega en el momento "adecuado" en el debate que significa poner en valor el agua como un "sector estratégico". En su opinión, se hace necesaria la "remunicipalización de los servicios de agua" para garantizar a la ciudadanía un suministro "necesario para tener un mínimo de vida con dignidad".

En este sentido, ha aclarado que muchos municipios se han dado cuenta de que "una privatización mal hecha y exclusivamente economicista" como la que se ha llevado a cabo no ha conseguido, como hubiera sido lo deseable, beneficiar a la ciudadanía no encareciendo el servicio y además prestándolo con más calidad.

Para el vicepresidente, este debate sobre un "sector estratégico" se produce en un "momento muy adecuado y oportuno" cuando se está abordando la necesidad de garantizar suministros mínimos vitales como éste. Por ello, considera que el foro constituye una "buena oportunidad" para analizar el papel del agua en el nuevo modelo productivo que propugna Andalucía para "crear riqueza y empleo de calidad".

Igualmente, se ha referido a la gestión pública del agua que ha permitido "una mejor eficiencia" y ha indicado que es el momento de analizar cuál va a ser el planteamiento de los ayuntamientos y los programas municipales en materia de agua. Ha insistido en la necesidad de "poner sobre la mesa el suministro vital de agua" que debe tener una respuesta para que "ningún ciudadano se vea desahuciado y privado del mismo".

Ha expresado su impresión de que en este asunto "lo público ha ido por delante de lo privado" y ha sido además capaz de poner líneas de actuación que "han impedido que amplios sectores de ciudadanos se queden sin este bien necesario".

Por su parte, Rodríguez Villalobos ha explicado que en este foro se pondrá también sobre la mesa el modelo de gestión que existe en la provincia de Sevilla, "un modelo en manos de la gestión pública, sin menospreciar la participación de lo privado". Y es que según ha indicado, "mientras las directrices y el control del agua esté en manos de lo público, lo privado será bien recibido cuando tenga que participar en cualquier cuestión".