Serrano, "responsable de los actos que cometo yo", recuerda que el caso del chalet de su hermano tiene sentencia firme

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, se ha declarado "responsable de los actos que cometo yo, o en todo caso mi hija, que es menor de edad", después de que haya trascendido que un hermano suyo cuenta con un chalet que se levantó hace una década en suelo no urbanizable, en terrenos del municipio cordobés de Baena, del que Serrano fue edil de Urbanismo y llegó a ser alcaldesa antes de su entrada en el gobierno autonómico.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano
EUROPA PRESS
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, se ha declarado "responsable de los actos que cometo yo, o en todo caso mi hija, que es menor de edad", después de que haya trascendido que un hermano suyo cuenta con un chalet que se levantó hace una década en suelo no urbanizable, en terrenos del municipio cordobés de Baena, del que Serrano fue edil de Urbanismo y llegó a ser alcaldesa antes de su entrada en el gobierno autonómico.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la presentación en Sevilla de una campaña de Ecoembes, Serrano ha recordado, asimismo, que el caso ha sido juzgado y cuenta con sentencia firme —a la cual se remite—, después de que se iniciara un procedimiento administrativo que fue reclamado por el interesado, en la que reza que los hechos han prescrito.

"Que juzguen mis actos y acciones políticas, no las de mis familiares, que no están en política ni tienen por qué verse implicados en cuestiones que no tienen nada que ver con ella", ha remarcado la titular autonómica de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha defendido que "siempre" ha cumplido con la ley, "tramitando los expedientes que han llegado a poder del Ayuntamiento de Baena y objeto de cualquier denuncia por parte de la Policía, el Seprona o un particular", en todas sus etapas institucionales.

Recuerda Serrano que se inhibió en el caso de este familiar directo, por lo cual el expediente lo tramitó otra persona. "Rogaría que, además de informar, se dé información veraz: el caso está juzgado y prescrito desde el punto de vista legal, lo ha dicho un juez, y tiene más de una década, cuando yo no tenía responsabilidades políticas de ningún tipo", ha subrayado.

Recordando que, además, las tramitaciones contaron con la garantía adicional de la vigilancia judicial de la que en su momento fue objeto Baena, la consejera ha indicado que es precisamente el Consistorio el ente que, al ostentar las competencias en materia de disciplina urbanística, debería ser el que "si tiene algo más que decir o hacer, lo diga o lo haga". Por otro lado, la Consejería "también tiene un cuerpo y un plan de inspección, por si es necesario hacer alguna acción más".

La modificación de la loua,

"nada que ver"

Por lo tanto, Serrano aduce que actuará siempre "de acuerdo con la legalidad" y que "no puedo responder de los actos de otras personas aunque sean familiares míos, que lamento sean perjudicados por este hecho; él no es una persona pública y habrá que ver qué tipo de medidas adopta respecto a la información aparecida".

Por último, ha hecho hincapié en que la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) no tiene "absolutamente nada que ver" con este caso y que, al ser un expediente municipal de un particular, "por muy hermano mío que sea", debe ser el Ayuntamiento quien diga lo que estime oportuno. "Cuando era alcaldesa y concejal actué siempre de acuerdo con la ley y la normativa urbanística, fuese quien fuese y afectase a quien afectase", ha apostillado.

En este sentido, según publica este lunes 'El Mundo de Andalucía', el Consistorio de Baena decidió imponer al hermano de la consejera, después del verano de 2009, una multa de 8.814 euros por la obra de una piscina, sanción que el familiar de Serrano recurrió en el juzgado de lo contencioso-administrativo, donde le dieron la razón al estimar que la demora municipal permitió que prescribieran los hechos.

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