El secretario municipal del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Carlos Rodríguez Fermoso, declarará este próximo lunes, día 3 de noviembre, en el Juzgado de Instrucción número 1 con motivo de la querella interpuesta por la asociación Arroyo Siglo XXI contra el alcalde y su equipo de gobierno, de IPAE, por un delito de usurpación de funciones públicas.

La testifical del secretario ha sido fijada para las 10.40 horas del referido día, estimando así la petición que había sido formulada por los letrados de los querellados, Javier Gómez de Liaño y Luis Lavín, el primero de ellos en representación del regidor, José Manuel Méndez, y de otros diez ediles de IPAE y el segundo en defensa de los intereses del exconcejal de dicha formación y hoy no adscrito, Luis Miguel Jara, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La prueba estimada por el instructor, José María Crespo, junto con la comparecencia de los querellados, que, a excepción de Jara, se acogieron a su derecho de no declarar, se suma así a la petición de documentación que éste realizó hace unos días a la Junta Electoral Central para contar con todos los elementos necesarios antes de decidir si sobresee la causa o bien dicta auto de imputación por usurpación de funciones públicas o prevaricación por omisión, como así reclaman las acusaciones particular y pública, respectivamente.

En su comparecencia, el secretario municipal será interpelado sobre el informe que éste emitió y que valida el mantenimiento en el cargo del alcalde de Arroyo, a pesar de la reforma de 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) en la que se consideran como causa de inelegibilidad e incompatibilidad para seguir al frente de la Alcaldía las condenas por delitos contra la administración pública cuando las mismas incluyen inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo o para empleo o cargo público.

Y es que el primer edil de Arroyo permanece en el cargo desde hace casi un año a pesar de que fuera condenado por la Audiencia de Valladolid a una pena de tres años de cárcel y dieciséis de inhabilitación por delitos de prevaricación y cohecho por el denominado 'Caso Arroyo' de irregularidades urbanísticas, fallo que está pendiente del recurso de casación que el Tribunal Supremo vio el pasado día 14 de octubre.