'Operación púnica': los cinco días que han hecho tambalearse al PP y agachar la cabeza a Rajoy

  • Un total de 51 personas detenidas y 250 millones de euros son las cifras de esta operación anti corrupción dirigida desde la Audiencia Nacional.
  • El juez Eloy Velasco sitúa al frente de la "organización criminal" al ex dirigente del PP de Madrid Francisco Granados, en prisión sin fianza.
  • Durante esta semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, han pedido "perdón".
  • Quién es quién en la 'operación púnica'.
Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, era el número dos de Esperanza Aguirre, uno de sus hombres de máxima confianza.
Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, era el número dos de Esperanza Aguirre, uno de sus hombres de máxima confianza.
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La prisión sin fianza que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado este viernes para el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, por pertenecer a una "organización criminal" culmina una semana de infarto protagonizada por laoperación púnica.

Un total de 51 detenciones de presuntos implicados en una trama de corrupción municipal y regional, con el fin de lograr la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de sobornos, cuatro autos de medidas cautelares y  250 millones de euros son algunas de las cifras impactantes de estos días.

PP y PSOE se han esmerado en demostrar que sus posturas contra la corrupción son férreas. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su parte se han alternado —a tirones— con las disculpas y los titulares. Así ha sido la semana púnica en España:

Día 1. 51 detenciones, Suiza y sorpresa

Una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción asalta los grandes titulares de los medios de comunicación: 51 detenidos por corrupción, entre ellos, el secretario general del PP de Madrid, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exmano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, seis alcaldes madrileños —cuatro del PP, uno del PSOE y otro independiente— y el presidente de la Diputación de León, sustituto de la asesinada Isabel Carrasco.

Trasciende que la investigación se inició en diciembre de 2013 a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Granados y del empresario David Marjaliza. La operación lleva el nombre de "púnica". ¿Por qué? Punica granatum es la denominación en latín del árbol de la granada.

A diferencia de lo ocurrido con el escándalo de las tarjetas black o la supuesta caja B, el Partido Popular reacciona de inmediato y anuncia la suspensión de militancia de los implicados del partido. Varios miembros de la formación expresan su "indignación" en público, aunque la primera figura en comparecer es el vicesecretario de Estudios y eurodiputado Esteban González Pons, no la secretaria general, Dolores de Cospedal, cara habitual de los lunes.

La presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, convoca a los medios y pide "perdón" por "haber depositado" su confianza en Granados. "Tenemos que luchar para volver a ser un partido limpio", asegura. Dice no conocer a los alcaldes involucrados. Solo un día antes, en la clausura de la XXII Intermunicipal del PP en Murcia, el presidente del Gobierno se refirió a los casos de corrupción que afectan a su partido como "unas pocas cosas".

Día 2. Rajoy pide perdón... después de Aguirre

Una de las empresas clave en la trama, Cofely, elimina de su web toda la información sobre adjudicaciones con ayuntamientos implicados. En ella trabaja el exvicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva. Germán Alarcón, concejal del municipio madrileño de Valdemoro, renuncia a asumir la alcaldía del municipio tras la detención del alcalde en la operación. ¿Razón? Es cuñado de Granados, que fue también alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003.

Se conocen más detalles: los investigadores sitúan a Granados en el centro de la trama que supuestamente defraudó 250 millones de euros. La Ser publica que no solo tenía una cuenta en Suiza, sino dos. Trasciende que otro de los detenidos es José Martínez Nicolás, consejero delegado de la agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Es imputado el interventor de la Diputación de León, Jesús López Sánchez. La Guardia Civil se incauta de 240.000 euros en efectivo en los distintos registros efectuados.

Mariano Rajoy reacciona un día después a lo ocurrido y pide disculpas durante la sesión de control en el Senado, sin que nadie le pregunte, por haber nombrado para algunos cargos a personas que no han sido "dignas" de ello y que, "en apariencia", han abusado de los mismos. Asegura entender y compartir la "indignación y hartazgo" de los españoles.

Aguirre vuelve a salir a escena, esta vez en su discurso de agradecimiento de un premio. Se muestra avergonzada por que dentro del mismo partido convivan víctimas del terrorismo y supuestos corruptos. Matiza sus palabras sobre el desconocimiento de los alcaldes al entrar al acto después de que las redes sociales se llenaran de fotos suyas con los ediles en varios actos y añade: "Cuando uno da la cara, generalmente te la parten".

Día 3. Primeros interrogatorios y fianzas

El juez interroga a 12 de los detenidos y decreta prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza. Deja en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, (20.000 euros). Deja en libertad a los demás.

Velasco habla ya de "trama organizada" y ordena otras dos detenciones: Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado Garzón, responsable económico, el primero, y comercial, el segundo, del diario El Faro de Guadarrama. Según fuentes de la investigación podrían haber intermediado en los contratos del Ayuntamiento e Collado Villalba. El País publica que Granados tenía una tercera cuenta en Suiza.

PP y PSOE se cruzan críticas y acusaciones. En el pleno del Congreso sobre las conclusiones del último Consejo Europeo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acusa a Rajoy de estar "asediado" por la corrupción; el presidente, por su parte, le replica: "¿En el caso de los ERE no le deja Susana Díaz que tome medidas?". Mientras tanto, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, dice que el PSOE "trata de sacar partido" de la corrupción y que no quieren firmar el pacto propuesto y UPyD empieza a vender chapas a cinco euros para  financiar sus acciones judiciales contra la corrupción.

Día 4. Sin 'habeas corpus' ni pleno por corrupción

El juez Velasco sigue con los interrogatorios y envía a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León —que es expulsado del PP de Castilla y León—, a un supuesto "conseguidor" de contratos públicos, Alejandro de Pedro Llorca, al alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP) y a otros dos. Decreta prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros para ocho imputados más.

Según una documentación entregada al juez por Manos Limpias junto a una denuncia, el que fuera director financiero de la promotora Dico entre 2002 y 2003, David Merino, confesó de forma manuscrita y mediante diversas actas ante un notario de Madrid el "modus operandi" en el municipio madrileño de Valdemoro de la trama. Cerraban sus operaciones en cacerías con "bodas de sangre incluidas", partidas de póquer y "juergas" celebradas en chalés.

Rajoy es preguntado por la operación en su rueda de prensa conjunta con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de visita en España. Dice que "no hay impunidad" ante la corrupción política y que "el que la hace, la paga". Decide pedir disculpas otra vez —"Pedir disculpas es reconocer un error. Somos seres humanos y la gente se equivoca"- y hacer mención a Esperanza Aguirre —"Se ha equivocado, como yo. Y como todos los que estamos aquí"-.

Las esposas de Granados y Marjaliza presentan dos habeas corpus en los Juzgados de Majadahonda y Colmenar Viejo para solicitar "su inmediata puesta en libertad" al considerar ilegal la prórroga de sus detenciones. No ha lugar.

La Junta de Portavoces del Congreso rechaza, con los votos del PP, celebrar un pleno monográfico sobre corrupción; lo habían pedido el PSOE e IU con el apoyo de todos los grupos de la oposición. Los partidos se afanan en demostrar que combaten el asunto: el PSOE anuncia una declaración con nuevas medidas y el PP revela que prepara una iniciativa para que un diputado pueda ser suspendido si se le abre juicio oral.

Día 5: prisión incondicional

Dos últimos interrogatorios. El juez envía a prisión sin fianza a Francisco Granados y al empresario David Marjaliza por formar parte de una "organización criminal". El primero declara durante dos horas y le dice que no tuvo ninguna relación de negocios con su amigo de la infancia. Ambos son trasladados a la cárcel de Soto del Real.

El alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, formaliza su dimisión tras pagar su fianza. El PSOE, que anunció su expulsión el día anterior, muestra su apoyo al actual líder del PSM y exalcalde de la localidad, Tomás Gómez. Ocho imputados en total quedan libres tras abonar sus fianzas. El juez deja en libertad con cargos al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, que "puso en grave riesgo la investigación" al filtrar información de la operación a Granados.

Dimite también el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.

No hay dos sin tres. Esperanza Aguirre vuelve a hablar, en esta ocasión, en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta. Propone seis medidas para luchar contra la corrupción que incluyen la "prisión incondicional" para los presuntos corruptos. "Hay gente que se equivoca hasta en el cónyuge que elige", dice.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, dice que son las fuerzas políticas las que tienen que dar explicaciones, ya que la corrupción "no es algo de partidos, sino de personas". El Ejecutivo da luz verde al Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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