El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia (Valencia) ha procesado al exalcalde y portavoz del grupo socialista en el consistorio, José Manuel Orengo, y a la exteniente y exdelegada de Economía y Hacienda, Ana García, por contratar créditos por 18.800.000 euros sin permiso de la Conselleria de Hacienda y por refinanciar otros 32.974.516,39 euros.

Así consta en el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el juez, en el que se da un plazo de 10 días al ministerio fiscal y al resto de acusaciones para pedir la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa. Estima que podría haberse cometido un delito de prevaricación.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta el 20 de febrero de 2014 por el actual alcalde de Gandia, Arturo Torró, en representación del Ayuntamiento.

De las diferentes diligencias practicadas se desprende, tal y como se indica en el auto, que el Ayuntamiento de Gandia, durante los años 2009 y 2010, sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación, concertó a través de Orengo y García diferentes operaciones financieras a pesar de los informes desfavorables tanto del Interventor como del Secretario de la Corporación Municipal.

En concreto, el consistorio contrató cuatro créditos con diferentes entidades bancarias por un total de 18.800.000 euros; y refinanció otros 32.974.516,39 euros con otro banco.

La Conselleria de Economía denegó la aprobación del Plan de Estabilidad Financiera PEF 2009/2011 aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Gandia en sesión de 8 de abril de 2009 ya que no se ajustaba al principio de estabilidad presupuestaria. En concreto, la inestabilidad o necesidad de financiación ascendía a 26,3 millones, y la misma era consecuencia principalmente de la previsión que el mismo contemplaba de un préstamo para inversiones en 2009 que ascendía a 25,6 millones.

Este Plan planteó desde el primer momento una cuestión previa relativa a la existencia de una mercantil dependiente de la entidad municipal denominada IPG cuyos datos económicos financieros no se incorporaron al mencionado PEF.

Esta empresa era entonces titularidad 100 por cien municipal, y en este sentido formaba parte del presupuesto general del Ayuntamiento de Gandia. No obstante, no fue objeto de consolidación con la entidad local a los efectos de todos los cálculos y ajustes que incluye el plan, de acuerdo con el informe de la Intervención municipal respecto a la estabilidad presupuestaria.

El Ayuntamiento no realizó actuación alguna en orden a la clasificación de la entidad IPG. Por lo tanto, la no aprobación del Plan Económico por parte de la Administración Responsable de la Tutela Financiera se debió fundamentalmente al hecho de que la empresa pública IPG no aparecía consolidada a efectos de estabilidad en la documentación original remitida por la entidad local. Pese a ello, el consistorio concertó una serie de operaciones financieras, por las que el juez ha procesado a Orengo y a García.

"no existe malversación"

Frente a esta situación, Orengo ha defendido que con esta resolución, la jueza "ha determinado que no existe malversación alguna" en relación al conocido como 'caso de los créditos', al tiempo que "sí quiere esclarecer si se produjo algún tipo de irregularidad administrativa".

El PSPV ha avanzado que piensa recurrir esta resolución, y espera demostrar que "no hubo ni una cosa ni la otra —prevaricación o malversación—": "Estamos ante un caso de persecución política por parte de la Generalitat, que en la anterior legislatura intentó paralizar la autorización de créditos para Gandia". De este modo, "la Generalitat, en manos del PP, actuó contra un alcalde socialista, sólo con la intención de poner trabas administrativas, no respondiendo a la solicitud de autorización de créditos que la ciudad necesitaba", han lamentado los socialistas.

"Siempre y en todo momento actuamos dentro de la más estricta legalidad y en beneficio de Gandia, frente a una Generalitat que intentaba ahogar financiera y políticamente al Ayuntamiento", ha apostillado Orengo.

Escrito de acusación

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Gandia, Víctor Soler, y el coordinador de Asuntos de Alcaldía, Javier Reig, han resumido la situación en la que han quedado el ex alcalde del PSOE, José Manuel Orengo, y su ex concejala de Hacienda, Ana García, y han avanzado que el Ayuntamiento va a presentar escrito de acusación, "por lo que acabará en la correspondiente apertura de juicio oral por la presunta comisión de un delito de prevaricación".

Reig ha afirmado que, "independientemente de la condena que pueda llevar aparejado la comisión del supuesto delito de prevaricación para Orengo y García, el Gobierno de Gandia busca la nulidad de los préstamos", lo que significa que "las entidades bancarias que hayan cobrado algún tipo de interés en estos préstamos deberán devolverlos a los gandienses. Lo único que se les adeudará será, lógicamente porque el dinero ha entrado en el ayuntamiento, el capital principal, pero no los intereses cobrados por estos préstamos no legales se solicitará su devolución", han señalado.

El Ayuntamiento de Gandia añadirá en su escrito de acusación los préstamos que Orengo y García firmaron también a través de la empresa pública IPG y que ascienden a 7,6 millones.

Víctor Soler ha recordado con el auto judicial en la mano que "esto va en serio. Son más de 51 millones de euros los que incluye el juez en este procedimiento. Imagínense los gandienses la cantidad de planes de empleo que se hubieran podido hacer con 51 millones de euros, o la cantidad de proyectos a llevar a cabo. Pero algunos se dedicaron a dilapidar el futuro de la ciudad con la firma de estos créditos", y ha concluido recordando que "Orengo y García, el PSOE en definitiva, sabía que no se podían firmar esos créditos pero optaron por quien viniera detrás que cerrara la puerta, pero resulta que somos todos los gandienses los que tenemos que apechugar", ha señalado.