La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias detecta en su último informe una ausencia de control en el gasto en la contratación de las Consejerías de Educación y Administraciones Públicas durante los años 2007 a 2010.

El informe fue elaborado a raíz de una solicitud de la Junta General del Principado de Asturias, aprobada en 2013 en un pleno del parlamento asturiano, que solicitó un informe sobre los contratos de procedimiento negociado y la contratación menor en las consejerías de Educación y Administraciones Públicas, que tenían al frente a José Luis Iglesias Riopedre y Ana Rosa Migoya, quienes fueron imputados en su día por la denominada operación 'Marea', una presunta trama de corrupción en la contratación pública del Principado.

"La Administración del Principado de Asturias no ha identificado por su naturaleza, ni cuantificado, la contratación menor realizada en el periodo fiscalizado. Tampoco es capaz de separar, dentro de los gastos tramitados como exentos de fiscalización, los referidos a la adquisición de bienes homologados", es una de las conclusiones de la Sindicatura.

Según el órgano fiscalizador existe un gasto, sin cuantificar, sobre el que "no existió control en ninguna fase del íter contractual".

Pero además, desde la Sindicatura señalan los problemas que han tenido para hacer su trabajo. "El trabajo de fiscalización se ha visto extremadamente limitado al alegar el personal de la Administración la falta de conocimiento y la falta de acreditación documental sobre lo acontecido en el periodo fiscalizado", han explicado.

En el capítulo de recomendaciones la Sindicatura llega a considerar "necesaria" la "racionalización" de los recursos humanos destinados en los servicios de contratación "con el fin de adecuarlos a su volumen de trabajo real".