El Gobierno acuerda impugnar el 9-N alternativo tras el respaldo del Consejo de Estado

  • El Consejo de Estado respalda la impugnación de la consulta alternativa.
  • El Ejecutivo de Mariano Rajoy pedirá al Tribunal Constitucional que suspenda las acciones encaminadas a celebrarlo.
  • El Gobierno lo recurre, entre otros, para proteger a los catalanes y los funcionarios a los que Mas deja "en la intemperie legal" al no asumir su responsabilidad.
  • Además, Sáenz de Santamaría insinúa que los voluntarios podrían manipular los resultados del proceso participativo.
  • El Consejo de Ministros ha aprobado medidas contra la corrupción.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
ROGER PI DE CABANYES/ACN

El Consejo de Ministros ha acordado impugnar este viernes la consulta alternativa que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pretende realizar en Cataluña. También pedirá al Tribunal Constituciona (TC) que suspenda todas las actuaciones, ya hechas o previstas, encaminadas a celebrar dicha consulta. Lo hace tras recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado aunque este no es el único tema tratado en la reunión, en la que se han aprobado medidas para reforzar la lucha contra la corrupción.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado en rueda de prensa que el Gobierno pidió con carácter de urgencia al Consejo de Estado el informe preceptivo, aunque no vinculante, para decidir si impugnaba la consulta que Mas quiere llevar a cabo el 9 de noviembre.

Según este órgano, esa consulta alternativa "eleva, si cabe" la gravedad de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional porque "se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales". Con todo, determinó que existen "fundamentos jurídicos suficientes" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la consulta.

"Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera los derechos de los ciudadanos a los que representa y Gobierna. Espero que por respeto a los ciudadanos, acate la suspensión", ha sentenciado la vicepresidenta. Ha agregado que la consulta no tiene cabida en el Estado de Derecho dado su "carácter refrendario" y que se encuentra fuera de los límites competenciales, al preguntar sobre una cuestión que compete a todos los españoles.

Además, no tiene ninguna base legal ni garantías democráticas, pues no dispone de censo, ni administración electoral, ni ley que la ampare y "está conducida por quienes quieren un resultado concreto", la Generalitat, que contará con voluntarios "captados, seleccionados e instruidos". En este sentido, ha insinuado que podrían manipular los resultados y ha asegurado que a determinados funcionarios públicos, como los directores de institutos, se les ha invitado a participar con una "voluntariedad un tanto peculiar".

Con el recurso, el Gobierno quiere "velar por el cumplimiento de la ley, la integridad de la democracia y los derechos de los ciudadanos", a quienes Mas ha dejado en "la intemperie legal" al no asumir la responsabilidad de la consulta firmando el decreto correspondiente.

Preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo de Rajoy corte la financiación, Sáenz de Santamaría ha descartado esa posibilidad alegando que "la Generalitat ya ha perjudicado suficiente los derechos de los catalanes".

Tras la Operación Púnica

La de este viernes será la primera reunión del Consejo de Ministros tras conocerse la Operación Púnica que ha provocado la detención de varios dirigentes políticos por supuestas prácticas de corrupción. Ante ello, Rajoy también ha avanzado que el Gobierno aprobará algunas medidas que ayudarán a luchar contra la corrupción y que ya estaban previstas de antemano.

Así, el Gobierno aprobará la creación de 112 plazas de magistrados y 167 de jueces de adscripción territorial y dos plazas de magistrados para la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Además, aprobará la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

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