La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha señalado este jueves que la propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley del Salario Social servirá para evitar futuros atascos. "Sirve para que nadie se encuentre con un atasco similar al que nos hemos encontrado nosotros", ha remarcado en sesión plenaria, asegurando que no es necesaria la modificación legal "para acabar con esta lista de espera". "No es una medida para ahora", ha advertido.

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación de la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Noemí Martín sobre política de bienestar social y, más en concreto, en materia de salario social. Díaz ha destacado que el ejercicio comenzó con unos 45 millones, a los que se sumaron 23 más por la vía del crédito extraordinario y están previstos otros 13,6 más hasta alcanzar los 83,3 millones de euros.

Además, la consejera ha asegurado que el trabajo "está encauzado" con recursos económicos, un personal de 50 personas y una herramienta informática para agilizar y mejorar la gestión. "Me está costando poner cierto orden en tanto desorden", ha reprochado a la diputada de IU y exconsejera del área.

Del mismo modo, Esther Díaz ha incidido en que durante los 29 meses del actual Gobierno, se han resuelto más de 23.000 expedientes, con casi 5.500 personas nuevas como titulares, alcanzando unos 29.500 asturianos beneficiarios actualmente. También ha apuntado que de los 13.372 titulares en nómina, el 40% se incorporaron en los últimos dos años y medio, añadiendo que se ha adelantado el pago a principio de cada mes.

La consejera, que ha expuesto que la lista de espera se sitúa este mes en 11 meses, ha señalado que en octubre hay 585 nuevos perceptores y la lista de espera se ha visto reducida en 400, hasta unas 4.200 personas, estimando que en la próxima primavera se podría terminar con la lista de espera y cumplir el plazo legal de tres meses.

Las explicaciones de la titular de Bienestar Social no han convencido a la diputada de IU, que le ha instado a dejar de preocuparse por los próximos ejecutivos. "Los futuros gobiernos si quieren modificar la ley ya lo harán ellos", sentenció Noemí Martín, haciendo hincapié en que la verdadera razón de la modificación es que al Gobierno del Principado le "asusta" el nivel económico que está alcanzando el salario social. "El objetivo parece ser endurecer las condiciones para acceder y mantenerse", ha alertado, asegurando que la reforma supondrá un "retroceso".

La parlamentaria de IU ve innecesaria la reforma legal y estima entre 20 millones los recursos extra necesarios para dar respuesta a los expedientes pendientes. Así, cree que la clave está en un mayor compromiso del Ejecutivo en la gestión de esta prestación, en la que el fraude estimado ronda un 2%. "No es prioritario revisar expedientes de oficio, sino dar respuesta a las familias que llevan meses esperando", ha defendido. "Con la excusa de la agilidad introducen condiciones restrictivas que suponen un retroceso", ha asegurado.

Asimismo, tanto desde UPyD como desde Foro, han reclamando poner los recursos disponibles en funcionamiento para mejorar la gestión y flexibilizar burocracia para evitar atascos, remarcando la próxima primavera como "un nuevo compromiso" de la consejera para terminar con la lista de espera.

Valoradores de la dependencia

Además, la diputada de IU Noemí Martín ha preguntado en la sesión de esta tarde al Gobierno del Principado sobre cómo tiene previsto garantizar que la gestión de la dependencia no sufrirá nuevos retrasos como consecuencia del desplazamiento de la plantilla de valoradores.

Noemí Martín mostró en la Junta General su preocupación por el futuro de las 37 personas de la plantilla de eventuales técnicos en valoración de la Dependencia ante el anunciado concurso de traslados, y por el retraso que pueda suponer para la tramitación de la Ley de Dependencia. "Sabemos que son plazas eventuales, somos conscientes de que en algún momento era necesario hacer convocatoria pública para su provisión definitiva, pero nos preocupa ver más allá de los números para ver a las personas, personas dependientes y trabajadores", ha dicho.

Al respecto, la consejera de Bienestar Social ha aclarado que "no se les hace cesado todavía" y que hay en marcha "un proceso de concurso que seguirá sus trámites, pero no es para mañana". En este sentido, ha asegurado que la actuación "está coordinada para evitar que se produzca una demora", asegurando que entre diciembre y enero se pondrá fin a la lista de espera.

Además, ha matizado que los fijos de plantilla "tienen derecho a concurrir a esas plazas", señalando que "la sustitución será de la mitad", en base a las solicitudes. "Los que entren recibirán una formación previa", ha asegurado, destacando que la mayoría proceden de diferentes ámbitos de la propia Consejería de Bienestar Social. "A nosotros nos interesan mucho las personas, aunque usted diga que no", ha zanjado.

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