El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha reclamado por unanimidad a la Junta de Andalucía el cumplimiento de las sentencias que anulan los despidos de los agentes locales de promoción y empleo (ALPE) de los consorcios y uniones territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), sentencias que ordenan la reincorporación de estos empleados a la Administración autonómica.

Se trata de una moción del PP que recuerda que en los últimos seis meses, este colectivo de 798 trabajadores despedidos en el marco de la extinción de las Utedlt ha obtenido diversas victorias judiciales que "declaran la nulidad de los despidos y aprecian la concurrencia de fraude de Ley y desviación de poder por parte de la Junta, concluyendo que el único fin pretendido (con los despidos) era el de eludir la aplicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz".

El pasado mes de mayo, por ejemplo, la sala de lo Social del Tribunal Supremo anulaba el despido colectivo, en 2012, de 19 agentes locales de empleo de la Utedlt del Aljarafe, contemplando el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo y condenando solidariamente al Consorcio Utedlt del Aljarafe y al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a dar debido cumplimiento a dicha sentencia.

En ese sentido, la moción del PP señala que conforme a la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, la Administración autonómica estaba "obligada a la integración del personal de las Utedlt en el SAE", avisando de que el "retraso" en el cumplimiento de estas sentencias con la reincorporación de los casi 800 empleados despedidos cuesta unos "25 millones de euros" al año en concepto de salarios de tramitación.

El colectivo de trabajadores afectados suma 82 personas en la provincia de Sevilla y una representación de ellos ha asistido al debate plenario de esta moción, manifestando sus portavoces a Europa Press que, allá por 2012, fueron despedidos por la Administración autonómica bajo el argumento de que los fondos estatales transferidos a la Junta de Andalucía para estas políticas habían disminuido drásticamente. Según los afectados, los despidos fueron consumados antes de la extinción definitiva de las Utedlt, precisamente porque la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz estipula su integración en el personal de la Junta de Andalucía cuando dichas unidades fuesen eliminadas.

Mientras el colectivo ha ganado ya "20 sentencias" que implican la nulidad del despido de unos 400 trabajadores, la moción ha sido finalmente aprobada por unanimidad.

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