La Subdelegación del Gobierno de A Coruña se basará en el fallo en contra del miembro del Consello Local del BNG en la ciudad herculina Paulo Simón Manuel Carril Vázquez para recurrir la condena impuesta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que anuló la sanción al portavoz parlamentario de los nacionalistas, Francisco Jorquera, por vulneración de sus derechos fundamentales.

Fuentes de la Subdelegación han indicado a Europa Press que el organismo "respeta escrupulosamente la ley y los derechos de todas las personas", pero se han mostrado sorprendidas al entender que Jorquera hace una "utilización política" de una sentencia sobre la que cabe recurso.

Así las cosas, la Abogacía del Estado recurrirá y lo hará en base a otra sentencia de otro juzgado —el de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña— que, con fecha del pasado 30 de septiembre y por los mismos hechos —las protestas coincidiendo con el desahucio de Aurelia Rey—, condenó a Paulo Simón Manuel Carril Vázquez.

De esta forma, las fuentes de la Subdelegación del Gobierno llaman la atención sobre que dos juzgados distintos han emitido dos sentencias también diferentes "sobre el mismo hecho".

Contenido de la sentencia

En la sentencia contra Carril Vázquez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez determina como "el núcleo relevante" de las alegaciones del miembro del Consello Local del Bloque las posibles "vulneraciones" en cuanto a su identificación y la "infracción" de los derechos de libertad de expresión y reunión.

Sobre el primer principio, lo rechaza puesto que "la infracción de normas de procedimiento no puede integrar título revocatorio, conforme reiterada doctrina del Tribunal Supremo, cuando de dicha infracción no derivare una indefensión real y material, pues el ordenamiento no sacraliza los trámites procedimentales ni contempla una hermenéutica formalista del derecho de defensa".

En cuanto al segundo, da por "sentado" que en el ejercicio el derecho de reunión "se produjo una alteración del orden público con riesgo para las personas", lo que a entender de este magistrado "excluye ya pretender amparar esos hechos en el derecho de manifestación invocado".

Por todo ello, este fallo señala que "procede la íntegra desestimación del recurso accionado" por el nacionalista y le sanciona con una multa de 600 euros, con expresa condena en costas.

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