El presidente catalán, Artur Mas, ha afirmado este jueves que está "de todo menos sorprendido" ante la decisión del Consejo de Estado de apoyar la impugnación del 9-N, aunque ha abogado por seguir adelante con la nueva consulta a la espera de que se materialice la impugnación del Gobierno y ver sus argumentos.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña, que fue solicitado por el Gobierno para impugnar la consulta en el Consejo de Ministros de este viernes.

En los pasillos del Parlament y en una conversación informal con los periodistas, Mas ha admitido que está "de todo menos sorprendido" por la decisión del Consejo de Estado, pero, en todo caso, ha dicho que el proceso del 9-El N sigue "adelante" a la espera de analizar los argumentos que se usarán para la impugnación ante el Tribunal Constitucional y lo que decida el alto tribunal.

Aunque hay que analizar los argumentos que se ofrecen para la impugnación y la decisión del Alto Tribunal, Mas se ha preguntado de forma retórica si lo que impugnará el Consejo de Ministros mañana serán los 40.000 voluntarios que se han apuntado para colaborar en el proceso participativo. Ha agregado que, en cualquier caso, el proceso sigue adelante y ya está prácticamente todo a punto para llevarlo a cabo.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado a votar el 9 de noviembre "digan lo que digan" el presidente del Gobierno, el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de Estado. En declaraciones a los periodistas, el republicano ha reprochado a las instituciones del Estado que actúen "con alergia a la democracia y con miedo al ejercicio del derecho a voto".

Preguntado sobre cómo debe reaccionar el Govern ante una eventual suspensión del TC al 9-N, ha expuesto: "Esperemos que todo el mundo esté a la altura y se mantengan los compromisos como siempre se deberían haber mantenido".

En la misma línea, el diputado de la CUP David Fernández ha llamado a "desobedecer" si Cataluña quiere ser "respetada" como pueblo y ha apuntado que se pondrán urnas el 9 de noviembre "diga lo que diga" el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y el Gobierno de Mariano Rajoy. En declaraciones en los pasillos del Parlament,ha afirmado que "a cada negación y a cada imposición, más convicción, más firmeza y determinación democrática, por tanto a desobedecer".

"El dilema es acatar o desobedecer y si queremos ser respetados como pueblo no tenemos otro remedio que poner urnas", ha dicho el diputado de la CUP, quien ha puntualizado que no le sorprende la actitud del Gobierno, al que ha calificado de "demofóbico" y "neurótico" ante el derecho a decidir de los catalanes.

Por su parte, el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, ha asegurado que, finalmente, votará en el proceso participativo del Govern el 9 de noviembre, aunque se ha reafirmado en las tesis de su partido de que no se trata ni de un referéndum ni de una consulta.

Así lo ha avanzado en un entrevista en El Periódico, si bien el dirigente ecosocialista ha evitado pronunciar la palabra "votar" con el argumento de que la convocatoria del 9 de noviembre es un proceso participativo y no una consulta. "Yo, y más dirigentes de la coalición como Dolors Camats —también coordinadora nacional de ICV— o Joan Mena —EUiA— participaremos en todas las expresiones de movilización. Firmaré una denuncia al Estado porque no deja votar y participaré en el proceso participativo del Govern", ha dicho el dirigente de ICV, formación que en un principio se desmarcó de la consulta alternativa.

Herrera no ha desvelado el sentido de su voto para el 9 de noviembre, aunque ha precisado que lo hará público en los próximos días: "Mi papeleta en el 9N será la respuesta al PP", ha subrayado el líder de ICV. La necesidad de una gran movilización el 9N y la impugnación del Gobierno a la consulta alternativa son los motivos, ha explicado Herrera, por lo que su partido ha decidido finalmente implicarse en el proceso participativo.

El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha indicado que su formación proseguirá con la campaña, y ha dicho que impugnar actos que no existen desde el punto formal "parece bastante ridículo". "Aún tenemos que conocer los detalles del informe del Consejo de Estado, pero por lo que nos ha llegado, tengo que decir que, para nosotros, esto no cambia nada, están impugnando cosas que no existen desde el punto de vista formal, por lo que veremos al final en lo que queda todo", ha indicado en referencia a que no hay ningún decreto ni acto administrativo.

El PSC, por su parte, ha pedido al Gobierno que no impugne el 9-N pues sería "un error" prohibir una "movilización" que "no tiene efectos jurídicos", pero, de producirse una suspensión, ha reclamado a Mas que no se salte la legalidad aunque no le guste. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara catalana, el portavoz parlamentario de la formación, Maurici Lucena, ha subrayado que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, por lo que ha pedido al Gobierno que no siga las directrices y evite impugnar una "movilización ciudadana, que se prevé muy grande". De hecho, en su opinión, el Ejecutivo central "debería permitir que se celebrara con toda normalidad" el proceso participativo del 9N.

En cualquier caso, el bloque soberanista (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP), la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y otras entidades preparan para el 9-N un documento de denuncia contra el Gobierno que remitirán a las instituciones internacionales como forma de "presión política" para que "actúen" ante este contencioso. El texto se presentará el miércoles 5 de noviembre en un acto en el Parlament.

El objetivo de este documento es "evidenciar" y "denunciar" ante instituciones internacionales como la ONU, el Parlamento europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo que el Gobierno español "no permite" que los catalanes puedan ejercer el "derecho democrático" de decidir su futuro político, según ha explicado en declaraciones a Efe el secretario general de ICV, Josep Vendrell. Por ello, el bloque soberanista pedirá a la comunidad internacional que "actúe" y "tome las medidas necesarias" ante la "falta de voluntad política" del Gobierno de dar solución a un "problema democrático". "La dimensión es más política que jurídica", ha dicho.