El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha considerado este jueves que "la relajación" e incluso "el fracaso" de los mecanismos de control en la tramitación de expedientes administrativos que comportan gasto público ha devenido en la aparición de "prácticas corruptas", como en el caso de los ERE irregulares, o los cursos de formación para trabajadores.

Así se ha pronunciado durante su intervención en la Memoria del Consejo Consultivo correspondiente a 2013, en el que se solicitaron 974 dictámenes y se emitieron 886, 101 en sentido desfavorable a la propuesta de resolución de la administración y 63 devueltos, lo que supone que el 81,49 por ciento se ha dictaminado favorablemente al sentido de la propuesta de resolución de la administración.

Cano Bueso se ha referido a las revisiones de oficio y las anulaciones que ha realizado el Consultivo a las subvenciones irregularmente concedidas y ha explicado que desde 2012 han tenido entrada en el Consejo solicitudes de dictámenes en relación a expedientes de revisión de oficio de subvenciones otorgadas desde el año 2001 por la entonces Consejería de Empleo, actualmente Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

El total de solicitudes recibidas a fecha de hoy asciende a 312. De esas 312 solicitudes, 253 han sido objeto de dictamen en Comisión Permanente, 59 expedientes han sido devueltos sin entrar en el fondo del asunto por encontrarse caducado el procedimiento y no hay expedientes en el Consejo que estén actualmente pendientes de dictamen.

Con respecto a los expedientes que ya han sido "minuciosamente estudiados", ha destacado que 181 de ellos han obtenido un dictamen del que deriva la nulidad de la ayuda concedida y la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas.

A este respecto, ha cifrado la cantidad total a devolver en 77.924.583,25 euros, más los intereses de demora. Además, son 17 los expedientes dictaminados en que se han aplicado los límites a la revisión de oficio previstos en el artículo 106 de la Ley 30/1992. Ello tiene como efecto el archivo de las actuaciones de revisión.

Las cantidades que las empresas han recibido en base a estas ayudas, y que no están en la obligación de devolver con fundamento en este precepto legal, ascienden a 26.353.972,52 euros.

Finalmente, 55 expedientes han tenido un dictamen de devolución, para que la administración proceda a la subsanación de defectos en la tramitación.

Auge del nacionalismo y caso catalán

Por otro lado, el presidente se ha referido al auge del nacionalismo y ha considerado que "la crisis económica y financiera está cuestionando los propios cimientos de la unión y propiciando el retorno a los egoísmos de la mano de fuerzas nacionalistas que quieren regresar a la Europa de las viejas nacionalidades y de las rivalidades fratricidas entre pueblos y territorios".

En ese sentido, se ha referido más concretamente al caso catalán, y ha recordado que hasta el año 2004 España "dispuso de un modelo Autonómico que funcionaba razonablemente" en el que Cataluña "jugaba un papel importante".

Por eso, se ha preguntado "¿qué ha sucedido para que haya prosperado un clima soberanista y se haya incrementado notablemente el desapego hacia España?".

En su opinión, el nacionalismo catalán "ha disfrutado de una posición privilegiada" que le ha permitido, "a cambio de estabilizar gobiernos minoritarios", incrementar el haz de competencias de Cataluña y que ésta se redefina "como sujeto político en virtud de ciertos derechos históricos".

"Esta socialización política orientada hacia la 'construcción nacional' ha sido en buena medida posible en virtud de las políticas de inmersión lingüística, la generalización del uso de los símbolos exclusivos propios y la enseñanza de una historia de España donde Cataluña aparece oprimida en sus libertades por el Estado español. Además, se ha extendido con rapidez la generalizada idea de que Cataluña aporta demasiado a la solidaridad interterritorial", ha incidido.

Según ha indicado, la "frustración por el autogobierno con esta Constitución pudo tener su origen en los avatares de la última reforma estatutaria y en la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 que lo anuló parcialmente, momento a partir del cual "los partidarios del secesionismo y del derecho a decidir no han hecho sino crecer".

Para Cano Bueso, en este panorama, Andalucía "está llamada a jugar un papel determinante en la salida de esta crisis constitucional".

"Se impone, pues, la negociación multilateral y la apertura de un nuevo proceso constituyente que, previa reforma de la Constitución, propicie la acomodación de las nacionalidades históricas a una nueva Constitución territorial del Estado, pacto en el que necesariamente y por méritos propios deberá ser determinante la fuerza de Andalucía", ha dicho el presidente del Consultivo, para quien la "gran aportación" andaluza al establecimiento del Estado autonómico "fue la ruptura del modelo asimétrico inicialmente indiciado en la Constitución y la construcción de un paradigma territorial planteado en términos de igualdad básica entre los distintos territorios.

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