Espiral de corrupción
Espiral de corrupción. 20MINUTOS

Radiografía de la situación: "Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía", "actuación exasperantemente lenta", "absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero", "prescripciones incomprensibles", "indultos a corruptos" y "agujeros negros en la ejecución de sentencias". Y como colofón de todo, faltan medios legales, materiales y humanos para combatir la corrupción. Todas estas palabras salieron en abril de 2014 de la boca del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. La opinión del fiscal se traslada a la calle, donde una ciudadanía cansada de políticos y empresarios deshonestos, ha plasmado en las últimas encuestas del CIS su preocupación por la corrupción. En el CIS de noviembre de 2014, la preocupación de los españoles por la corrupción alcanzó su récord histórico (el 63,9%), aunque en febrero de 2015 bajó al 48,5%.

Gürtel, Palma Arena, caso Noós, caso Fabra, los papeles de Bárcenas, los ERE de Andalucía, caso Pujol, las tarjetas de Caja Madrid, los diversas investigaciones abiertas en cajas de ahorro, caso Malaya, los cursos de formación de UGT, caso Emperador... y el más reciente, el caso Púnica. La lista es interminable. Los 110 fiscales adscritos a Anticorrupción reconocen que no dan abasto, y señalan que solo en un año se han duplicado las denuncias que les llegan (en 2013 recibieron 434), han crecido bastante las diligencias previas que abren tras recibir esas denuncias, y han subido también los procedimientos judiciales en los que se transforman esas diligencias. Actualmente, según fuentes del Poder Judicial, hay unas 1.700 causas por corrupción abiertas en toda España con unos 500 políticos implicados, la mayoría en Andalucía, con 540 instrucciones judiciales. De estos 1.700 casos, 17 se extienden por toda España y están encausados en la Audiencia Nacional. Otros 302 constituyen 'macropreocesos'. Estos son los más relevantes.

Caso Gürtel. Uno de los más complejos que se instruye en la Audiencia Nacional, destapado en el año 2009. El caso ha ya generado 1.671 tomos (y cada uno suele tener unas 350 páginas) de documentación y ha obligado a cursar 145 comisiones rogatorias a 21 países. Hay 180 imputados divididos en tres piezas. Y la pieza principal (hay otras dos con Bárcenas y la rama valenciana) fue dividida a su vez en dos ante su complejidad. El juez Pablo Ruz ya ha finalizado la instrucción del periodo comprendido entre 1999 y 2005 y acaba de abrir juicio oral, sentando en el banquillo a 40 imputados, y declarando a la exministra Ana Mato y al PP partícipes a título lucrativo (no cometieron el delito pero se beneficiaron de él).

  • Francisco Correa. El líder de la trama corrupta. Empresario, conseguidor de contratos, pagador de sobornos y comisionista de operaciones. Escondía su fortuna en el extranjero. Ya pisó la cárcel, donde estuvo más de dos años como preventivo. A la espera de juicio imputado por un sinfín de delitos: blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad documental, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias...

  • Pablo Crespo. Mano derecha de Correa. Ex secretario de organización del PP gallego, fue administrador de muchas de las empresas de la red. En cierta medida llevaba la organización empresarial de la trama en Madrid. También está imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

  • Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega y Ginés López. Exalcaldes del PP de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Arganda del Rey, respectivamente. Acusados de adjudicar ilegalmente obras y servicios a empresas de Correa o a sociedades en las que Correa era un simple intermediario. A cambio, los exregidores recibían sobornos y regalos. Los tres están acusados de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.

  • Benjamín Vasco, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. Exdiputados autonómicos del PP que ayudaron a la trama a conseguir jugosos contratos con la Comunidad de Madrid. El juez Ruz investiga 317 adjudicaciones. A cambio, la trama pagaba dinero y regalos a los exparlamentarios. López Viejo, por ejemplo, recibió 563.000 euros de la Gürtel y defraudó a Hacienda 1,9 millones. Están imputados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

    Luis Bárcenas, extesorero del PP

Los papeles de Bárcenas. En marzo de 2013 se abrió una pieza separada del caso Gürtel. Hay 24 imputados y en ella se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular entre los años 1990 a 2009, presuntamente recogida por los ex tesoreros Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro Lapuerta Quintero. El juez Ruz intenta dilucidar si los apuntes son pagos de empresarios y constructores al partido, dinero que luego se utilizó para pagar sobresueldos a dirigentes del PP e incluso para reformar varias sedes del partido. El juez Ruz asegura que ha quedado acreditada la contabilidad B del PP. La Audiencia Nacional acaba de dar vía libre para la apertura de juicio.

  • Luis Bárcenas. El principal imputado. En prisión desde junio de 2013. Como exgerente y extesorero del PP, fue recopilando los ingresos y las salidas de dinero. El juez también investiga la ingente fortuna que Bárcenas, que también fue senador, ocultó en el extranjero: unos 47 millones de euros. Otro caso complejo y lento, con muchas dudas y algunas certezas. El magistrado ha conseguido ya acreditar unos 60 apuntes. Está imputado de diez delitos a la Hacienda pública, un delito continuado de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental, cohecho y estafa procesal.

  • Álvaro Lapuerta. A sus 86 años tiene una delicada salud. Fue tesorero del PP durante 15 años, entre 1993 y 2008. El juez Ruz le acusa de manejar también esta contabilidad B del partido y de desviar dinero de estos fondos opacos. Imputado por falsedad documental, delitos a la Hacienda pública y apropiación indebida.

La pieza valenciana de la Gürtel. En Valencia, seis piezas separadas del caso Gürtel siguen en manos del magistrado José Ceres. En total son 70 los políticos, altos cargos y empresarios imputados en estas seis piezas: la financiación ilegal de la campaña para las municipales y autonómicas de 2007, la campaña de las generales de 2008, el contrato de RTVV para la retransmisión de la visita del Papa en 2006, los contratos del Consell con las empresas de Correa y los delitos fiscales de las empresas de este. De estos 70 nombres, más de un veintena son cargos públicos. La investigación salpicó de lleno al PP de la Comunidad Valenciana y prácticamente a toda su cúpula. El 'caso de los trajes' finalizó con la absolución del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del número dos del partido, Ricardo Costa, por aceptar trajes de la trama. En este caso si fueron condenados Víctor Campos, expresidente de la Generalitat y Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Consellería de Turismo. Se declararon culpables de cohecho pasivo.

  • Ricardo Costa, diputado autonómico del PP en Les Corts Valencianes y exsecretario general del PPCV. Imputado en la pieza primera del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que investiga un supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 (lo que se conoce como financiación irregular). Fue absuelto junto a Francisco Camps de un delito de cohecho impropio en el llamado ‘caso de los trajes’.

  • Vicente Rambla: Exvicepresidente del Gobierno valenciano con Francisco Camps entre 2007 y 2011 (PP), renunció en julio a su escaño en Les Corts. Rambla, imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana y por falsificación de documento mercantil.

  • Pedro García. Exdirector general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la televisión autonómica a la trama Gürtel con ocasión de la visita del Papa a Valencia en 2006.

  • Álvaro Pérez, alias el bigotes. El hombre de Correa en la Comunidad Valenciana y administrador de algunas empresas de la trama, como Orange Market. Imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El clan de los Pujol. La fortuna del matrimonio Pujol-Ferrusola y los negocios de tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha, con varias investigaciones abiertas, que también salpican al Gobierno catalán de CiU. La familia ha ya declarado ante el Parlamento catalán.

  • Jordi Pujol. Expresidente de la Generalitat. Confesó por carta que su familia tuvo oculto dinero en el extranjero durante 34 años. La justicia investiga el origen de la fortuna, que el expresidente catalán atribuye a una herencia. El juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia contra el expresidente por siete delitos: cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal y blanqueo. Sin olvidar que también le salpica el 'caso Palau'. Ha admitido tener dinero en el extranjero.


    Jordi Pujol
  • Jordi Pujol Ferrusola. Empresario. Imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal como su exmujer Mercè Gironès. Su expareja Maria Victoria Álvarez denunció que le vio llevar una gran cantidad de billetes de 500 euros a Andorra y Hacienda investiga 118 movimientos desde tres bancos para enviar 32 millones de euros en distintas divisas a trece países como Suiza, las islas Caimán, Gabón y Liechtenstein. Cobraba comisiones por intermediar en obras públicas.

  • Oriol Pujol Ferrusola. Exdiputado del Parlamento catalán y exsecretario general de CDC. Imputado por tráfico de influencias y cohecho en el 'caso de las ITV', de adjudicación irregular de las estaciones de ITV en Cataluña. Presuntamente cobró, a través de su mujer, Anna Vidal (también imputada), cerca de 700.000 euros en comisiones por utilizar su influencia política para beneficiar proyectos de un empresario amigo, entre ellos deslocalizaciones.

  • Oleguer Pujol Ferrusola. Empresario. Imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Audiencia Nacional le investiga siete operaciones inmobiliarias, como la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros de origen desconocido procedentes de las Islas Vírgenes y o la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por unos 2.000 millones de euros con un crédito concedido por la misma entidad.

Caso Palau. El caso está pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral. El juez instructor sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergéncia. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. Las supuestas mordidas se pagaron a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.

  • Fèlix Millet y Jordi Montull. Exresponsables del Palau de la Música. Condenados a un año de prisión cada uno y a pagar 4,5 millones de euros de multa por tráfico de influencia en la construcción de un hotel de lujo en Ciutat Vella que no llegó a edificarse. En los próximos meses serán juzgados por el saqueo confeso del Palau de la Música por el que la Fiscalía pide 27 años de cárcel. El juez cree que, a través de la institución cultural, CDC se embolsó 6,6 millones de euros en comisiones de la constructora Ferrovial.

Manel Bustos. Exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona). Imputado por omisión del deber de perseguir delitos en el 'caso Mercurio' de presunta corrupción urbanística en el que hay imputados más de 30 empresarios, funcionarios, abogados y políticos. También irá a juicio por tráfico de influencias junto a su hermano y concejal de la ciudad, Francesc Bustos, y el diputado Daniel Fernández por presionar a la alcaldesa de Montcada (Barcelona), que será juzgada por prevaricación, para que contratara a una técnica no apta pero socialista como ellos. La justicia investiga los presuntos sobresueldos que recibieron 41 alcaldes de la Federación de Municipios de Cataluña (imputados por este caso) cuando él presidía el ente.

Jordi Ausàs. Exconsejero de Gobernación con el tripartito (ERC). Condenado a cuatro años de cárcel y una multa de 195.000 euros por contrabando de tabaco y pertenencia a organización criminal. Se aprovechaba de su cargo, sabía que la policía no registraría su vehículo, para introducir tabaco desde Andorra.

Lluís y Vicenç Gavaldà. Ex altos cargos de UDC. Condenados por fraude de subvenciones y falsedad documental por el caso 'Pallerols', de desvío de subvenciones de la Unión Europea para cursos de formación entre 1994 y 1999.  El primero fue condenado a un año y medio de cárcel y el segundo, a siete meses, igual que el empresario andorrano Fidel Pallerols, juzgado en septiembre por fraude fiscal. Vicenç Gavaldà y Pallerols ingresaron en prisión en mayo (el Gobierno les denegó el indulto y la Audiencia de Barcelona ordenó que cumplieran la pena la gravedad de los hechos) y en julio obtuvieron el tercer grado. Tuvieron que pagar 388.000 euros con Unió, que admitió haberse beneficiado del desvío de fondos.

Comunidad Valenciana. Altos cargos de la Generalitat, exdiputados autonómicos, alcaldes, concejales, funcionarios... La corrupción se ha extendido a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace años. El periodista Sergi Castillo publicó el año pasado el libro "Tierra de saqueo", un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa los principales casos de corrupción en la Comunidad Valenciana, donde se ha alcanzado la cifra de 100 imputados.

  • Carlos Fabra, expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Castellón. Condenado a cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales en el ‘caso Naranjax’ o también llamado ‘caso Fabra’. La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón fue ratificada por el Tribunal Supremo. No obstante, Fabra solicitó el indulto al Gobierno y la Audiencia, en contra del criterio que había establecido, le suspendió la entrada en prisión mientras se resuelve. El Ministerio de Justicia tiene que decidir, y cuenta con informes desfavorables a la medida tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y de la propia Audiencia.

  • Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante (PP). Doblemente imputada en los casos 'Brugal' y 'Rabasa'. Sonia Castedo, alcaldesa de AlicanteImputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias con el empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa, y por revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en Brugal. El PP se plantea actuar contra ella bien expulsándola del partido y/o con una moción de censura para apartarla de la Alcaldía.

  • Rafael Blasco, exconseller en varias carteras en los últimos gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana (con Camps, Olivas y Zaplana, anteriormente con el PSOE de Lerma). Condenado a 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar 1,6 millones de euros en ayudas públicas de la Generalitat destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua (la sentencia está recurrida ante el Supremo, que todavía no se ha pronunciado). Considera probado que cometió malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial. Blasco está imputado por las otras dos piezas separadas del caso Cooperación que quedan en fase de instrucción por los mismos delitos.

  • José Joaquín Ripoll: Expresidente de la Diputación de Alicante (PP), actualmente en la Autoridad Portuaria de Alicante. Imputado en el caso Brugal por cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

  • Enrique Crespo: Exvicepresidente de la Diputación de Valencia (PP) y exalcalde de Manises (Valencia). Imputado por el agujero de 25 millones de euros en la depuradora de Pinedo (Valencia) en el caso Emarsa. Además, está procesado por ocultar un premio de 12 millones de euros de la lotería mientras se investigaba el caso.

  • Lola Johnson: exconsellera de Cultura y Deportes (PP) con Camps, también dirigió Televisió Valenciana (Canal Nou) y fue secretaria autonómica de Comunicación de Alberto Fabra. Imputada en una causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, en relación con un presunto agujero económico en Radio Televisión Valenciana (RTVV) que abocó al ente al cierre.

  • Luis Díaz Alperi. Exalcalde de Alicante y exdiputado del PP valenciano. Imputado en una de las piezas del conocido como caso 'Brugal', en concreto la que investiga supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en beneficio del constructor Enrique Ortiz. Además, está procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio, por lo que el Estado pide 9 años de cárcel.

  • Santiago Calatrava. Arquitecto adjudicatario de numerosas obras emblemáticas del Gobierno valenciano. Imputado en la investigación abierta por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones que se proyectó en Castellón, por cuyas maquetas cobró 2,7 millones de la Generalitat pero que no llegó a construirse por la crisis.

Josep Lluís Núñez y su hijo Josep Lluís Núñez Navarro. Empresarios. El expresidente del FC Barcelona y su hijo fueron condenados a seis años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en sus revisiones y eludir así el pago de impuestos de los beneficios obtenidos por el grupo constructor que administran, Núñez y Navarro. El Tribunal Supremo rebajó la condena a dos años y dos meses y los condenados solicitaron la suspensión de la pena a la espera de que el Gobierno resuelva su petición de indulto, pero la Audiencia de Barcelona ordenó su ingreso en prisión, que podría producirse en las próximas semanas.

Joaquim Nadal. Exalcalde de Girona, exdiputado y exconsejero de Política Territorial y Obras Públicas del tripartito (PSC). Imputado por estafa a raíz de una operación urbanística en Santa Cristina d'Aro (Girona) igual que el exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl, su acrónimo en catalán) Emili Mas. Un empresario les ha denunciado por una permuta firmada en 2006: recibió 7,5 millones de euros y unos terrenos, que resultaron ser inundables, a cambio de los terrenos en los que iba a construir un polígono industrial.

Jordi Cañas. Exdiputado de Ciutadans. Imputado por defraudar 429.203 euros cuando era administrador y socio de una empresa inmobiliaria en un caso en el que estarían implicados su exmujer, el hermano de esta y ocho personas más. Dejó el escaño.

Caso 'Palma Arena'. El caso comenzó en agosto de 2008 tras la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno Autonómico de Baleares, el socialista Mateu Cañellas, quien aseguró que el anterior Gobierno del PP presidido por Jaume Matas había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo, casi el doble de los 48 millones presupuestados. La Fiscalía Anticorrupción investigó los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho. Hay una 30 de imputados y el caso se dividió en 27 piezas, de las que quedan abiertas 15, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

  • Jaume Matas. Expresidente del Gobierno balear y exministro en los Gobiernos de Aznar. El 19 de marzo de 2012 fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a penas que sumaban seis años de prisión por los delitos de fraude a la Administración, falsedad de documento oficial y mercantil, malversación y tráfico de influencias. Luego el Supremo rebajó la pena a nueve meses. Matas fue condenado por la contratación irregular y el pago de subvenciones al veterano periodista Antonio Alemany. En total, 483.186 euros. Esta es la segunda condena a Matas dentro de las 27 piezas del caso. En diciembre de 2013, la Audiencia de Palma le condenó a pagar una multa de 9.000 euros por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.000 euros por un trabajo ficticio. Está imputado en una veintena de causas más y actualmente está en la prisión de Segovia, aunque ya se le ha concedido el tercer grado (solo tendrá que ir a dormir). La siguiente cita judicial de Matas, la tercera ya, que afrontará desde la cárcel, es otra pieza del Palma Arena, en la que está acusado de malversar, supuestamente, 108.000 euros públicos en el pago al empresario y exconcejal del PP, Jesús García Oeo, que justificó trabajos ficticios con facturas falsas.

  • José Luis 'Pepote' Ballester, exdirector general de Deportes del Gobierno balear. Acusado de malversación, prevaricación y falsedad. Regatista y campeón olímpico, era amigo de Iñaki Urdangarin. Su colaboración con la Justicia ha hecho que el fiscal haya pedido en su escrito de acusaciones penas muy bajas para él.

  • Fernando Areal, exgerente del PP balear y cuñado de Jaume Matas. Imputado por delito electoral, falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de caudales públicos, participó, según el juez, en la financiación ilegal del partido en las elecciones de 2007. También está acusado de blanquear 1,2 millones de euros de Jaume Matas.

    Iñaki Urdangarin, imputado en el caso 'Noós'


Caso 'Noós'. La pieza más mediática de las 27 en las que se divide el 'Palma Arena'. La instrucción ya está cerrada después de 1.436 días de indagaciones, reflejadas en un sumario que supera los 58.500 folios y los 62 tomos. Fue abierta en julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares del instituto que le da nombre a la causa, dirigido por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Durante la instrucción han declarado 32 imputados y alrededor de 300 testigos. Finalmente, el juez Castro cerró la instrucción con 16 imputados.

  • Iñaki Urdangarin. El esposo de la infanta Cristina. Acusado de ocho delitos en 24 imputaciones: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El juez le acusa de firmar convenios de manera supuestamente irregular con diversas administraciones de la Comunidad Valenciana y de Baleares, y luego desviar ese dinero a través de un entramado de empresas.

  • Diego Torres. Socio de Urdangarin en el Instituto Noós. Imputado de delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, falsedad documental, falsificación, estafa y un delito fiscal. Durante la instrucción ha aportado numerosas pruebas, entre ellos los famosos correos del Duque de Palma y ha intentado implicar en la causa al rey Juan Carlos y al rey Felipe VI, asegurando que conocían y ayudaron en los negocios que hizo Nóos.

  • Infanta Cristina. El juez del caso, José Castro, mantiene en su auto de cierre de la instrucción que sobre Cristina de Borbón pesan presuntas responsabilidades penales de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Lo contrario sostienen el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía del Estado. Su imputación aún no está asegurada, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares aún debe decidir un auto de recusación sobre dos de los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma que deben juzgar el caso. La infanta se ha opuesto a esta recusación.


Los ERE de Andalucía. El caso ya acumula 207 imputados. Es un caso que se desprende de otro, el 'caso Mercasevilla', en el que se investiga, además de las supuestas irregularidades en la formalización de un ERE (expediente de regulación de empleo), delitos de malversación de fondos, ventas fraudulentas de terrenos y delitos societarios. La investigación sacó a la luz la presencia de varios intrusos en la lista de trabadores beneficiados por las jugosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta. Estas son las claves del caso.

  • José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, diputado autonómico y aforado, preimputado por malversación y prevaricación.

  • Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, diputado autonómico y aforado, preimputado por malversación y prevaricación.

  • Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, diputado autonómico y aforado, preimputado por malversación y prevaricación.

  • Mar Moreno, exconsejera de Presidencia de la Junta de Andalucía y aforado, preimputada por malversación y prevaricación.

  • José Antonio Viera, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, diputado autonómico y aforado, preimputado por malversación y prevaricación.

  • Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, diputado autonómico y aforado, preimputado por malversación y prevaricación.

  • Carmen Martínez Agüayo, exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, diputada autonómica y aforada, preimputada por malversación y prevaricación.

  • Antonio Ávila, exconsejero de Economía de la Junta de Andalucía, diputado autonómico y aforado, preimputado por malversación y prevaricación.

  • Manuel Recio, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, diputado autonómico y aforado, preimputado por malversación y prevaricación.

  • Magdalena Álvarez, exministra de Fomento, exconsejera de la Junta y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, imputada por malversación y prevaricación.

  • Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, imputado por negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento (tiene la fianza más alta del caso: 807 millones de euros).

  • Francisco Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, imputado por tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública.

  • Juan Lanzas, exsindicalista de UGT, imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho.

  • José María Ruiz-Mateos, empresario, imputado por malversación.

  • Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, diputada autonómica y aforada, preimputada por malversación y prevaricación.


Caso Mercasevilla. Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, imputado en el caso Mercasevilla por maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, delito de fraude y exacciones ilegales de funcionarios y delito societario. Imputado en Fundación de Sevilla por malversación de caudales públicos y falsificación en certificados.

Los cursos de formación. Conocida como 'Operación Edu'. La Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que habría contado con la colaboración imprescindible de altos cargos de la Junta de Andalucía. Los investigadores creen que entre 2009 y 2011, los años en los que se centran las pesquisas, la trama habría malversado presuntamente fondos públicos por valor de 2.000 millones de euros, el fraude más elevado que se haya investigado nunca en la historia de España. De demostrarse, la cantidad defraudada superaría el dinero investigado en el caso de los ERE de Andalucía, 1.350 millones de euros. La envergadura del caso es tal que la Policía ha tomado declaración a 3.000 personas.

  • Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, imputado por malversación y prevaricación.

  • Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, imputado por prevaricación y malversación.


Financiación irregular de la UGT-Andalucía. 
Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, los dos últimos ex secretarios generales de UGT-A.  Se investigan facturas falsas y cobro de comisiones ilegales. Imputados por posibles delitos de falsedad y otros. Aún en fase de investigación y no han declarado. Según la Fiscalía, ambos son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Operación 'Malaya'. En octubre de 2013, la Audiencia Provincial de Málaga dictó la sentencia (5.774 páginas) de la 'operación Malaya', que supuso la primera disolución de un Ayuntamiento en la democracia. El fallo asegura la "firme convicción" de que en el Ayuntamiento se había instaurado un "sistema de corrupción generalizada". Tras cinco años de instrucción, y dos años de juicio y otro año para redactarla, la sentencia considera probado que Juan Antonio Roca recibía dinero de promotores con intereses urbanísticos en la zona. A cambio, él se encargaba de manejar a los ediles, encargados de aprobar licencias contrarias al planeamiento en su beneficio. En el juicio, 43 de los 95 acusados quedaron absueltos.

  • Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, condenado por fraude, prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho pasivo. Aún tiene causas pendientes.

  • Isabel Pantoja, tonadillera, condenada por blanqueo de capitales.

  • Maite Zaldívar, exmujer de Muñoz, condenada por blanqueo de capitales.

  • Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, condenado por cohecho, blanqueo de capitales y fraude.

  • Marisol Yagüe, exalcaldesa de Marbella, condenada por cohecho, malversación, alteración de precio de subasta pública y fraude.

  • Isabel García Marcos, exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de Marbella, condenada por cohecho y alteración de precio de concurso y subasta pública.

  • Rafael Gómez Sandokán, líder Únión Cordobesa, condenado por cohecho.

Caso Minutas. José María del Nido, abogado y expresidente del Sevilla. Está en prisión tras ser condenado a siete años por la Audiencia de Málaga por prevaricación, malversación y fraude. Un caso que se originó gracias a la investigación del 'Malaya'. Cobró facturas irregulares valoradas en 2,7 millones de euros.

Caso Manilva. Antonia Muñoz (exmilitante de IU hasta que fue expulsada en 2013 y se quedó como no adscrita), exalcaldesa de Manilva (Málaga) desde 1987, imputada por contrataciones irregulares en el Consistorio. El juez investiga si contrato a miembros de la lista de IU, familiares directos de Muñoz y parientes políticos de estos. En total, más de 70 supuestos enchufados.   

Caso Baltar. El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, fue condenado en julio de este año por prevaricación por 'enchufar' en la institución que él presidía a 104 personas, que costaron a las arcas públicas 697.000 euros. El juzgado inhabilitó a Baltar durante nueve años, aunque él está ya retirado. "Parece que la Diputación era una empresa privada en la que se contrataba a quien parecía oportuno al acusado", sostiene la sentencia.

Operación Púnica. La última en destaparse. Más de 50 detenidos en Madrid, Murcia y León. Una trama de empresarios que conseguían contratos en varias Administraciones públicas, como la Comunidad de Madrid. A cambio pagaban comisiones y regalos. Un empresario ha presentado un escrito a Anticorrupción explicando el funcionamiento de la trama, centralizada en varios municipios del sur de Madrid, como Valdemoro. El juez imputa varios delitos: blanqueo de capitales, fraude fiscal, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos. El juez Eloy Velasco sigue investigando ahora las conexiones de la trama como la Comunidad de Madrid. La última imputada ha sido Isabel Gallego, directora de Comunicación del Gobierno madrileño y actual jefa de campaña de Esperanza Aguirre

Francisco Granados y Esperanza Aguirre.

  • Francisco Granados. Exsenador del PP, exalcalde de Valdemoro y número tres del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Granados es el eje de la trama, la persona que supuestamente "engrasaba el funcionamiento de la red mediante sus contactos políticos", reza el auto de la Audiencia Nacional. El juez ha dictado su ingreso en prisión por pertenecer a "una organización criminal". Lo ha negado todo. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.

  • David Marjaliza. Empresario. El gran "conseguidor" de la trama y uno de los empresarios más favorecidos por los contratos públicos. Amigo desde la infancia de Francisco Granados. Ya anunciado que prevé acudir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, por detención ilegal. También ha sido encarcelado, sin fianza. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.

  • José María Fraile, ya exalcalde socialista de Parla. Ha pagado 60.000 euros de fianza para eludir la cárcel. El juez le acusa de adjudicar a una de las principales empresas investigadas un contrato de 54 millones de euros a cambios de "comisiones pactadas".

  • David Rodríguez Sanz, alcalde de Casarrubuelos (PP). El juez le acusa de ponerse en manos de los dos principales empresarios implicados "para la redacción de contratos" públicos. Está en libertad con la obligación de comparecencia mensual ante el juzgado.

  • Agustín Juárez, alcalde de Collado Vilalba (PP). Existen evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y a cambio los miembros de la Corporación local implicados recibirieron al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas. Libertad bajo fianza de 40.000 euros con comparecencia mensual.

  • Marcos Martínez, presidente de la diputación de León (PP). Habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente fueron invitadas empresas vinculadas al "conseguidor" Alejandro de Pedro a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación. Tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos. Prisión provisional incondicional. El PP le ha expulsado y le ha exigido que deje sus cargos públicos.

  • José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro (PP). Prisión incondicional. El juez ha decretado prisión sin fianza para Boza, al considerar que ofrecía de manera continuada contratos a empresas de Marjaliza. Según el magistrado, dio el visto bueno a la adjudicación del contrato multimillonario sobre gestión energética a Cofely por valor de 60.839.705 euros este mismo años. Varias personas de su equipo municipal también han sido detenidas: el jefe de gabinete de Boza, Alfredo Ovejero; el concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández; y el arquitecto municipal.

  • Gonzalo Cubas Navarro, alcalde de Torrejón de Velasco (PP) y cuñado de David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados. Seguía las instrucciones de Marjaliza sobre cuándo y a quien facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a su sociedades. Además se ha detectado que estaría articulando un procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad. Prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros.

José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del sindicato Soma Fia y exsenador por el PSOE. El histórico líder sindical asturiano ha sido puesto en la picota después de que se haya conocido que se acogió a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros de una supuesta herencia que tenía residida en Suiza. La Fiscalía y la Comisión contra el blanqueo le investigan por el posible origen ilícito de este dinero.

Caso Marea. En Asturias, los jueces investigan una presunta trama que adjudicaba contratos públicos a empresas a cambio de viajes y regalos económicos. Actualmente el caso está en la Audiencia Provincial de Asturias y afecta a unas 17 personas.

  • José Luis Iglesias Riopedre (exconsejero de Educación): Está procesado y fue encarcelado por su presunta incriminación en la trama corrupta. Se investiga no solo si conocía la trama, sino si se hacía con su expreso consentimiento.

Caso Bankia/tarjetas B: La cuarta entidad financiera española fue rescatada y recibió una ayuda pública directa de más de 22.000 millones de euros, lo que provocó fuertes pérdidas en accionistas y dueños de preferentes y deuda subordinada. Ante estas irregularidades, el partido UPyD y la plataforma ciudadana 15MpaRato emprendieron una querella penal por supuestos fraudes en la salida a Bolsa de Bankia. A partir de esta investigación se han creado varias piezas separadas, relacionadas con la comercialización y diseño de las participaciones preferentes y con la creación y mantenimiento de las llamadas tarjetas B de Caja Madrid. Hay más de 70 imputados.

En diciembre de 2014, dos informes de los peritos designados por el Banco de España para emitir su opinión sobre el caso concluyeron que las cuentas de la entidad durante la salida a Bolsa de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad. Desde entonces, se han disparado los acontecimientos, y el juez Andreu ha impuesto una fianza civil de 800 millones de euros a la propia Bankia, a la matriz BFA y a los antiguos ejecutivos Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francesc Verdú. La decisión ha sido recurrida incluso por la Fiscalía, toda vez que los informes periciales han recibido numerosas alegaciones.

Por su parte, la pieza separada de las conocidas como tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, ha proseguido con la imputación e imposición de fianza a todos aquellos ejecutivos y consejeros que reconocieron haberlas utilizado sin haber tributado específicamente por ese concepto. El juez instructor ha emitido duros autos en los que avanza la posibilidad de una próxima apertura de juicio oral; y es que ni las explicaciones aportadas por los encausados ni el hecho de que Hacienda conocía su existencia parecen haber convencido a Andreu, que da por hecho que hay indicios de administración desleal y apropiación indebida, entre otros delitos.

Directivos de Bankia, entre ellos Rodrigo Rato, en el centro

  • Rodrigo Rato (exvicepresidente del Gobierno PP), imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa y por el caso de las tarjetas B. El juez también investiga los negocios y los contratos firmados por Bankia con su anterior jefe (Jaime Castellanos) a favor de las compañías que éste dirige (el banco Lazard y el despacho Willis), así como la pertenencia, supuestamente no hecha pública, de Rato como asesor externo del banco turco Akbank mientras presidía la entidad ahora nacionalizada. El juez Andreu no solo le ha impuesto una fianza de 3 millones de euros por el caso de las tarjetas B, sino que le ha impuesto otra fianza solidaria de 800 millones de euros junto a BFA, Bankia y otros tres antiguos ejecutivos durante la salida a Bolsa.

  • Ángel Acebes (exministro de Interior PP), imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Imputado también por un presunto uso ilegal de los fondos del PP para comprar acciones del medio Libertad Digital.

  • Estanislao Rodríguez Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda PP). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Le han impuesto una fianza de 341.000 euros por sus gastos con su tarjeta de Caja Madrid.

  • José Manuel Fernández Norniella (Exsecretario de Estado Comercio y Turismo PP). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Le han nombrado participante solidario en la fianza de 800 millones de euros impuesta por el juez Andreu por la salida a Bolsa de Bankia.

  • José Antonio Moral Santín (exdiputado IU). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Tendrá que hacer frente a una fianza de 456.522 euros por los gastos realizados con su tarjeta black, de la que declaró que se trataba de un complemento retributivo del que podía disponer "libremente".

  • José Luis Olivas (expresidente Comunitat Valenciana PP y expresidente de Bancaja). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Es uno de los ejecutivos a los que se ha impuesto una fianza solidaria de 800 millones de euros, y que ha recurrido por "desproporcionada". Además, está imputado por presunto delito fiscal en el asesoramiento de la empresa Sedesa.

  • Virgilio Zapatero (exministro PSOE). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Le han impuesto una fianza de 11.000 euros, pese a que ya en su momento restituyó la cantidad gastada.

  • Arturo Fernández (vicepresidente de la patronal CEOE). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Atilano Soto (expresidente de la Diputación de Segovia PP). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Antonio Tirado (exalcalde de Castellón). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Francisco Pons (expresidente empresarios valencianos). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Rafael Ferrando (exvicepresidente de la CEOE). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • José Rafael García Fuster (exdiputado valenciano y exsenador PP). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Jorge Gómez Moreno (exconcejal del PSOE en Madrid y exdiputado regional). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Le han impuesto una fianza de 131.000 euros por las tarjetas black.

  • Agustín González González (presidente de Diputación de Ávila PP). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Jesús Pedroche (expresidente de Asamblea de Madrid y exconsejero Presidencia PP). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Le han impuesto una fianza de 172.000 por sus gastos con la tarjeta black de Caja Madrid.

  • José María de la Riva (exconcejal del PSOE en Madrid). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Le han impuesto una fianza de 279.000 euros por la tarjeta black.

  • Mercedes Rojo (exasesora de Esperanza Aguirre). Imputada por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa. Le han impuesto una fianza de 160.000 euros por la tarjeta black.

  • Ricardo Romero de Tejada (exalcalde de Majadahonda PP). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Juan Manuel Suárez del Toro (presidente de Cruz Roja). Imputado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas anuales y maquinación para alterar el valor de la acción durante la salida a Bolsa.

  • Miguel Blesa (expresidente de Caja Madrid). Imputado por presunta administración desleal relacionada con las tarjetas B de Caja Madrid. Además, está imputado en el caso que investiga la compra del banco de Miami CNBF. Fue el primer banquero en entrar en prisión a lo largo de la crisis.

  • Ildefonso Sánchez Barcoj (exdirector general financiero de Caja Madrid). Imputado por delito de administración desleal por el caso de las tarjetas B.


Catalunya Caixa.
La entidad financiera catalana fue rescatada y nacionalizada después del empleo de más de 11.000 millones de euros. A raíz de la entrada del capital público se iniciaron investigaciones sobre los aumentos de salarios, remuneraciones y blindajes mientras las entidad se debatía entre la continuidad y la insolvencia. Recientemente, el FROB ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción un grupo de operaciones presuntamente irregulares que sumarían un quebranto conjunto de más de 900 millones de euros.

  • Narcís Serra (exvicepresidente del Gobierno PSOE y expresidente de Catalunya Caixa). Imputado por administración desleal por aprobar subidas salariales y blindajes millonarios mientras la entidad, ahora nacionalizada, estaba en graves problemas de solvencia.


Banco de Valencia.
El banco, perteneciente a Bancaja, fue rescatado con más de 4.500 millones de euros públicos y a raíz de la intervención se han investigado presuntas irregularidades relacionadas con la falsedad de las cuentas de la entidad. Están imputados por ello los consejeros y principales directivos, de los que también se sospecha que pudieron conceder créditos de forma irregular y sin los debidos controles. Este mismo mes, el juez Pedraz ha comenzado a interrogar a antiguos altos cargos del banco por sus operaciones inmobiliarias con Ramón Salva.

  • Domingo Parra (exconsejero delegado de BdV). Imputado por el caso que investiga la reestructuración de deuda del Banco de Valencia, que acabó por hacer insolvente a la entidad.


CCM.
Otra entidad nacionalizada de la que se sospecha que sus antiguos gestores podrían haber manipulado y falseado las cuentas para ocultar su verdadera situación de quebranto. El caso ya ha finalizado su fase de instrucción y está pendiente de que se celebre el juicio oral.

CAM. Acusados de apropiación indebida, administración desleal y delito societario, antiguos directivos y administradores de la Caja del Mediterráneo se enfrentan a un inminente juicio oral después de que la entidad fuera rescatada y haya sido la que ha provocado un mayor quebranto para el contribuyente. En febrero, la Audiencia Nacional absolvió al exdirector general Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por el pago de dietas presuntamente irregulares, ya que todas las operaciones contaron con el visto bueno de la entidad.

  • Roberto López Abad (exdirector general CAM). Está imputado por presuntamente haberse enriquecido con al menos siete operaciones de crédito irregulares, y por graves deficiencias en la gestión de la caja. Fue el segundo banquero en ingresar en prisión preventiva, tras Miguel Blesa.

  • María Dolores Amorós (exdirectora general CAM). Está imputada por diversos delitos societarios que causaron el “debilitamiento extremo” de la entidad ahora nacionalizada en beneficio propio.

Novacaixagalicia. La entidad nacionalizada por el FROB es motivo de investigación por los altos salarios y remuneraciones adjudicados a sus anteriores dirigentes.

  • Julio Fernández Gayoso (expresidente de Novacaixagalicia). Imputado por aprobar la concesión de remuneraciones y pensiones millonarias a los altos directivos y miembros del consejo de administración de Caixanova.


Banco Santander/Banesto.
Mientras dirigía Banesto, el posteriormente consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz autorizó la puesta en marcha de una falsa querella contra unos empresarios. El caso, resuelto en su contra, fue motivo de indulto por parte del Gobierno de Zapatero, si bien el Supremo lo anuló posteriormente.

  • Alfredo Sáenz (exconsejero delegado condenado y ratificado por el Supremo). Condenado (y anulado su indulto por el Supremo) por ser el máximo responsable de la imposición de una falsa querella por delito de estafa contra cuatro empresarios a sabiendas, cuando era máximo dirigente de Banesto.


Caixa Penedés.
La entidad (ahora consolidada dentro de Banco Mare Nostrum) está bajo el foco público debido a las fuertes remuneraciones y pensiones autoconcedidas por la cúpula de la entidad. El juicio ya tuvo lugar y fue resuelto en contra de los acusados.

  • Ricard Pagès (exdirector general de Caixa Penedés. Condenado por pensiones irregulares). Fue condenado a dos años de prisión por autoconcederse pensiones muy por encima de lo habitual. Logró librarse de entrar en prisión por reconocer los hechos un día antes de que se emitiera el veredicto.


Operación Crucero. Empresas pantalla, concursos de acreedores… la llamada Operación Crucero investiga la presuntamente fraudulenta quiebra del Grupo Marsans. La Justicia sospecha que los administradores y gestores de la compañía, de la mano del empresario valenciano Ángel de Cabo, sustrajeron recursos de la misma de forma ilegal hasta el punto en el que la entidad fue insostenible.


Caso Plaza. Es el proceso judicial por corrupción más extenso de Aragón. La investigación arrancó hace algo más de un año con la detención en Zaragoza de tres personas en una operación contra blanqueo de capitales. Hay 21 personas que siguen imputadas por diversos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y malversación de caudales públicos que según los peritos podrían superar los 100 millones de euros. El juez investiga un gran volumen de facturas falsas que supuestamente emitieron promotores y contratistas de la constructora Acciona-Mariano López Navarro, que se encargó de la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza, de ahí el nombre del caso).

En este caso también están imputados, entre otros, el empresario Miguel Ángel Cantero; el ingeniero de Intecsa, Nicro Groeneveld; el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exgerente de la UTE Acciona-Mariano López Navarro Miguel Ángel Bretón; los socios de Construcciones Hernández Langa, Francisco Hernández y Carmen Castillo; el propietario de Codesport y antiguo dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias; Enrique González Almazán, de Entrerríos Automatización; el presidente de Porcelanosa, Manuel Colonques; el administrador de Viveros Joven, Francisco Joven; los dueños del Grupo Margalejo, José Luis y Ramón Margalejo, y los miembros de Lexton Javier Blasco, José Luis Rodríguez Cachafeiro y María del Mar Jaso.

Agapito Iglesias, expropietario del Real Zaragoza y empresario en Aragón, dueño de Codesport. Imputado en los casos Plaza y Codesport (por presunta malversación, falsedad, administración desleal y estafa). Agapito Iglesias.El caso Codesport investiga el presunto sobrecoste de 17,8 millones de euros en un grupo de naves adjudicadasa la empresa de la que toma el nombre este caso, propiedad de Agapito Iglesias. Es un proceso paralelo al de Plaza, centrado también en supuesta corrupción por compraventa de unas naves en la plataforma logística. Hay cuatro imputados por malversación, falsedad, administración desleal y estafa: el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el exviceconsejero de Obras Públicas con el pasado Gobierno socialista en Aragón Carlos Esco; Agapito Iglesias; y el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes.

Caso Molinos.El 18 de marzo de 2009, la Policía detuvo a la por entonces alcaldesa de La Muela (del PAR), Mariví Pinilla, y a otras 17 personas. Los acusaban de un supuesto delito de corrupción urbanística (cohecho y blanqueo en un primer momento) en el que era uno de los pueblos más ricos de toda España, rodeado por 500 molinos de viento cuyo Ayuntamiento llegó a subvencionar viajes al Caribe y que al final dejó un agujero de 25 millones de euros en las arcas municipales. El fiscal pide para la exalcaldesa penas que suman 37 años de prisión y multas por más de 22 millones de euros. En total hay 45 imputados que suman 183 delitos.

Carlos Esco. Antiguo viceconsejero de Obras Públicas con el gobierno del PSOE en la pasada legislatura en Aragón. Acusado actualmente en el Caso Codesport por presunta malversación, falsedad, administración desleal y estafa (también lo estuvo en los casos Caladero y Apartadero, ambos brazos del caso de supuesta corrupción urbanística de la Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza).