La Policía Nacional ha detenido en Jaén a un gestor administrativo acusado de vender contratos de trabajo para empresas reales con las que no tenía "relación laboral alguna" a personas extranjeras, que los adquirían para solicitar la autorización de residencia en España.

De esta manera, al ahora detenido se le atribuyen los supuestos delitos de falsedad documental, estafa y contra el derecho de los trabajadores, según ha informado la Policía este jueves en una nota, en la que ha detallado que los ciudadanos extranjeros pagaban por dichos contratos en función de los trámites.

La investigación que ha permitido esta detención se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la UTO de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Jaén en julio, en la que se denunciaba una supuesta falsificación y venta de contratos de trabajo para empresas que estaría llevando a cabo un gestor administrativo de Santisteban del Puerto a ciudadanos extranjeros con la finalidad de solicitar permisos de residencia con dichos contratos.

Una vez abierta la investigación, los agentes contactaron con la Oficina de la Subdelegación del Gobierno de Jaén y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para determinar los ciudadanos extranjeros existentes en la misma situación, así como si el gestor, ahora detenido, hubiera hecho uso indebido de sus autorizaciones para realizar altas fraudulentas de trabajadores en la Seguridad Social.

De las investigaciones realizadas se detectaron 13 empresas con las que ciudadanos extranjeros habían realizado algún tipo de trámite de regularización en diferentes oficinas de extranjería de distintas provincias, así como "multitud de altas" de extranjeros en la TGSS, y los responsables de dichas entidades coincidieron en indicar a la Policía que no conocían ni habían dado de alta para sus empresas a la mayoría de estos ciudadanos extranjeros, quienes, por su parte, pagaban entre 800 y 1.500 euros, "dependiendo de los trámites solicitados".

En el marco de estas investigaciones se ha detenido también a un ciudadano senegalés por un supuesto delito de falsedad documental, el cual manifestó que el contrato que aportó en su solicitud de autorización de residencia se lo facilitó un compatriota suyo, quien presuntamente era el enlace que tenía el gestor para "captar a otras posibles víctimas", según concluye la Policía, que ha llevado a cabo esta investigación a través de la UTO de Extranjería y Fronteras.

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