El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, resalta que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dado "una orden directa" para ser "implacables contra la corrupción", al tiempo que llama a "dignificar la política" en beneficio de los ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, De Llera asegura que, como fiscal, se "alegra extraordinariamente" de la orden dada por Díaz, ya que es necesario "erradicar ese fenómeno —por la corrupción— que desacredita lo político y desacredita la política".

En este sentido, argumenta que cuando era fiscal "era muy respetable, y ahora resulta que empiezo a ser sospechoso por ser político", lo cual enfatiza que "no es justo".

Defiende el consejero que, por regla general, la gente que está en política es "gente que se sacrifica en beneficio de sus conciudadanos" y, por tanto, hay que "volver a dignificar la política y lo político", puesto que "las sociedades modernas avanzan si tienen buenos políticos".

Sostiene que eso hay que transmitirlo a los ciudadanos, y la manera de hacerlo es que visualicen que "en cuanto hay alguien que se corrompe, lo sacamos enseguida de la cesta".

IMPUTACIONES

Preguntado sobre si esa orden de la presidenta andaluza afectará a los políticos que están imputados y que siguen ejerciendo cargos públicos en la Junta, el consejero ha dicho que hay "miles de imputados", si bien la sociedad está "mal educada en ese sentido".

Explica que en cuanto alguien es denunciado el juez tiene que recibirle declaración, y la única vía legal que tiene para que la declaración sea asistida por un abogado es a través de la imputación.

Abunda que esa es una imputación "simple", es decir, la de dar "la oportunidad de explicarse a la persona denunciada, querellada o imputada por un atestado policial". Por tanto, ese "no es el momento procesal para decidir que debe ser expulsado".

Otro tema es, según dice, cuando se abre un juicio oral, ya que en ese momento "sí hay una imputación judicial reflexionada, una acusación que sostiene la petición de condena de esa persona" y, por tanto, "sería el momento procesal en el que debe ser expulsado".

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