Los detenidos por la 'operación Púnica' declaran.
Un furgón de la Guardia Civil llega a la Audiencia Nacional, donde el juez Eloy Velasco toma declaración a los acusados en la Operación Púnica. Fernando Alvarado / EFE

El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a uno de los supuestos cabecillas y "conseguidor" de contratos públicos de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la 'Operación Púnica', Alejandro de Pedro Llorca. Velasco ha decretado también prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, en un día en el que ha sido excarcelados los alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas, y de Parla, Jose María Fraile (PSOE), tras pagar las fianzas de 60.000 euros que ayer les impuso el juez.

El PP ha abierto expediente disciplinario para expular del partido a Marcos MartínezVelasco tenía previsto tomar declaración a otras doce personas, entre ellas el alcalde de Valdemoro (PP), José Carlos Boza, hasta un total de quince arrestados. El miércoles hizo lo propio con doce detenidos. Entre los que han declarado se encuentran el excalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso, quien según su defensa quedará en libertad, así como el arquitecto municipal y el concejal de Hacienda del municipio madrileño de Valdemoro, José Luis Navarro y José Javier Hernández, respectivamente.

Quienes no acudirán este jueves a la Audiencia Nacional son dos de los principales imputados en la trama, el exconsejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, así como su socio David Marjaliza, que pasarán finalmente mañana a disposición judicial.

Según el auto dictado por el juez, Marcos Martínez habría puesto en marcha procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Martínez, añade, "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude". Ante esta situación, el PP de Castilla y León ha abierto expediente disciplinario para expulsarle del partido, y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea.

Entramado de tráfico de influencias

En relación a De Pedro, el juez le sitúa como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo" al de Marjaliza. Según el auto, ha quedado acreditado que De Pedro "presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto".

Waiter Music ha sido históricamente adjudicataria de contratos públicosEstos trabajos le abrirían además "la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid". De hecho, afirma que para los dos "conseguidores" de la trama -De Pedro y Marjaliza- la red era "un auténtico modus vivendi" y que existe una alta probabilidad de reincidencia en vista de "las redes clientelares descubiertas" en la investigación.

En cuanto a José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, Velasco destaca que esta empresa ha sido "históricamente" adjudicataria" de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid, así como con empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Granados ocupó cargos de relevancia".
Observa Velasco que desde 2004 a 2013 uno de sus principales clientes ha sido el Ayuntamiento de Valdemoro, del que Granados fue regidor (1999-2003) y cuyo alcalde actual José Carlos Boza Lechuga, se encuentra también entre los detenidos de la operación a los que el juez aún no ha tomado declaración.

Los conseguidores tenían un "modus vivendi"

Según el juez, David Marjaliza y Alejandro de Pedro, considerados los 'conseguidores' de la trama, hicieron del delito "un auténtico modus vivendi", destacando que se trata de una "organización criminal" con facilidad "para dotar a sus componentes de medios económicos para facilitar su huida y permanecer lejos de la actuación de los tribunales españoles".