El Defensor del Pueblo Andaluz atiende una media de 400 quejas al año de personas reclusas en centros penitenciarios

Ha celebrado este miércoles un taller para avanzar en atención sociosanitaria para enfermos mentales internos en cárceles andaluzas

El Defensor del Pueblo Andaluz ha celebrado este miércoles un taller para avanzar en la atención sociosanitaria para enfermos mentales internos en centros penitenciarios en Andalucía, que presentan ante la Institución una media de 400 quejas al año.

El Defensor ha mostrado su "preocupación y compromiso" por la realidad de la población reclusa donde la prevalencia de patologías mentales es cinco veces superior a la que tiene la población general, según se indica en un comunicado, que añade que ocho de cada diez personas presas han sufrido en su vida algún trastorno mental.

La Oficina del Defensor del Pueblo atiende un promedio de 400 quejas al año de personas presas que acuden a la Institución pidiendo ayuda y asesoramiento para acceder a determinados servicios médicos, pedir permisos, obtener traslados de centros o mejorar su clasificación, entre otros.

Por ello, ha organizado este taller que cuenta con la participación de todos los sectores que tienen responsabilidad en esta atención, para abordar las diferentes cuestiones que afectan a las necesidades de las personas que se encuentran internas en centros penitenciarios.

Para el Defensor andaluz, Jesús Maeztu, este encuentro es una oportunidad para favorecer una mayor coordinación entre todos los agentes para establecer protocolos que mejoren la atención médica de estas personas enfermas. Ello requiere trabajar en común un diagnóstico de la realidad de este colectivo, mecanismos de atención especializada y agilizar los procesos donde intervienen todas las partes para garantizar su atención sociosanitaria.

Al encuentro de este miércoles han asistido responsables del Servicio Andaluz de Salud, técnicos especialistas en la atención de las personas con patologías mentales internas en prisión, miembros de la Fiscalía y de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, así como representantes de entidades y asociaciones de defensa y apoyo a estos enfermos y sus familiares, y con la presencia de responsables de Instituciones Penitenciarias y del Defensor Estatal.

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