Un total de 313 ayuntamientos completan la primera fase para regularizar construcciones en suelo no urbanizable

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha cifrado en 313 el número de ayuntamientos de la comunidad que hasta ahora han completado la primera fase del proceso tendente a la posible regularización de las edificaciones de uso residencial construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, según la anunciada modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, en el Pleno del Parlamento
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, en el Pleno del Parlamento
EUROPA PRESS/PARLAMENTO

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha cifrado en 313 el número de ayuntamientos de la comunidad que hasta ahora han completado la primera fase del proceso tendente a la posible regularización de las edificaciones de uso residencial construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, según la anunciada modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, Serrano subraya que estos municipios han iniciado el procedimiento, aprobado el avance o, en su caso, declarado la innecesariedad del mismo, dando traslado de estos datos, mientras que el resto de ayuntamientos "no han hecho absolutamente nada". Si en el plazo de dos años no inician dicha actuación, la consejera ha recordado que el departamento andaluz competente en materia de urbanismo podrá sustituir la "inactividad" municipal.

Recuerda la consejera que el anteproyecto de ley para modificar la LOUA pretende regularizar edificaciones sobre las que ya ha prescrito el plazo de seis años para la regulación urbanística —no se podrán acoger, entre otras, propiedades sobre zonas inundables o de especial protección— para dar con ello seguridad jurídica a propietarios en un 'limbo' legal, al no estar tampoco acogidos a la figura de asimilados.

Se pretende diferenciar, ha recordado, entre el acto de construcción de la vivienda del acto de parcelación en terreno no urbanizable, para el que seguirá la imprescriptibilidad, mientras que la edificación quedará como hecho que prescribe siempre y cuando la vivienda esté aislada y su antigüedad sea mayor a seis años.

Asimismo, está en el ánimo de la Junta facilitar el acceso al ciudadano, estableciendo un tiempo máximo de dos meses para que los ayuntamientos faciliten la información que se les reclame al respecto.

Cuando dichas viviendas adquieran la condición de asimilado fuera de ordenación, éstas podrán acceder a luz y agua, inscribirse en el Registro de la Propiedad o someterse a medidas correctoras para eliminar impactos paisajísticos. No obstante, esta modificación legal, que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 viviendas en toda Andalucía, no supondrá "legalizar" la situación, sino solo su regularización.

El pp critica "electoralismo" y propone medidas

Por su parte, la diputada del PP —grupo proponente de la comparecencia—, Alicia Martínez, ha criticado el "electoralismo" de la medida y ha aseverado que, "una vez más, el calendario del gobierno andaluz concuerda con el calendario electoral, como ya ocurriera con el decreto 2/2012 aprobado justo antes de las elecciones autonómicas y con el que prometían regularizar las viviendas alegales".

Así, Martínez ha recordado que ya en 2012 el gobierno socialista prometió dar una respuesta concreta acorde a cada situación y habló de adaptar la realidad física a la jurídica. "Se ha demostrado —ha dicho— que lo aprobado en el 2012 no era ni una cosa ni la otra, y que transcurridos más de dos años y medio, cuando se aproximan las elecciones municipales y autonómicas, prometen de nuevo una respuesta a este problema".

La portavoz popular ha reprochado a la consejera que la actual modificación se basa en un decreto que "es evidente que falló, puesto que sólo ha logrado regularizar 177 viviendas de las 300.000 existentes". Ha agregado que ahora se pretende afectar sólo a 20.000 viviendas, por lo que "el problema de todas las demás seguirá existiendo".

Por contra, la parlamentaria ha apuntado a "soluciones" para garantizar la seguridad jurídica e impedir que proliferen de nuevo edificaciones al margen de la ley, pues "se trata de una segunda oportunidad para cumplir con los deberes legales, y en ningún caso de una amnistía".

Entre estas propuestas, la portavoz popular ha defendido la regularización de todas aquellas viviendas que no estén en espacios especialmente protegidos por razón de inundabilidad, histórica o medioambiental, o que estén en dominio público y que cumplan con los deberes urbanísticos. También ha solicitado "seguridad jurídica" para que los propietarios tengan una norma clara y segura para el valor patrimonial de sus viviendas, así como protección a los compradores "de buena fe, que tienen incluso licencias municipales y que han sido víctimas del descontrol urbanístico".

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