De poco ha servido la Comisión Especial de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga celebrada este martes para aclarar, entre otros asuntos, la polémica en la Gerencia Municipal de Urbanismo que llevó a la destitución de Teresa Domingo como jefa del Departamento de Protección Urbanística.

Así, mientras el equipo de gobierno del PP ha insistido en desvincular esta destitución de los expedientes abiertos en la zona residencial Villas del Arenal, en Intelhorce, PSOE e IU han vuelto a lamentar "la falta de transparencia" y que la Gerencia sea como "un pollo sin cabeza".

Como hecho significativo de esta sesión, que ha durado unas cinco horas: la ausencia de la principal afectada, Teresa Domingo, un aspecto criticado por la oposición. De hecho, ha sido su sustituta desde finales de septiembre, Leonor Muñoz, quien ha explicado el estado de estos expedientes, un total de 112, puesto que de las 265 viviendas unifamiliares que componen esta promoción, cuando se inicia dicha actuación, en julio de 2013, ya había cuestiones prescritas.

De ese centenar de expedientes, de los que Domingo se desvinculó el pasado mes de enero, ha precisado el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, 101 se incoaron para el restablecimiento de la legalidad, según Muñoz. Un total de 53 expedientes se han archivado o están pendientes de hacerlo y por el momento sólo hay uno sancionador.

Tanto Pomares como el gerente de Urbanismo, José Cardador, y el portavoz del equipo de gobierno y presidente de la Comisión de Transparencia, Mario Cortés, han defendido que la destitución de Domingo, que acusó a los responsables de la Gerencia de incitarla a prevaricar, algo que luego precisó, no responde a estos hechos, sino a los cambios llevados a cabo con la entrada del nuevo edil y al resultado de "la evaluación continua" a la que están sometidos los cargos de confianza.

Precisamente, Pomares ha señalado que, "dado que desde enero de 2014 estaba desvinculada de estos expedientes, no tenía posibilidad de prevaricar". "Habló de presiones que luego aclaró", ha especificado, justificando así no haber emprendido acciones legales contra ella.

Cortés ha apuntado que "en política pones y quitas en función de los equipos que quieras formar", justificando así los cambios en la Gerencia, que se produjeron porque "la realidad urbanística de ahora no es la misma que antes".

Por su parte, la edil de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, que también fue objeto de las críticas de la que fuera jefa del Departamento de Protección Urbanística, ha dejado claro que "no tengo ni orden ni mano en la Gerencia, soy concejala de distrito".

Porras ha defendido que en estas viviendas "se ha intentado buscar la solución más justa para los vecinos y salvar lo que se pudiera salvar", pero, tal y como ha precisado, porque "la ley lo permite". Por ello, ha denunciado que a la oposición "esta historia se le ha ido de madre por intentar sacar cosas que no son".

Acerca de la situación actual de Domingo, la responsable de Gestión Económica y Recursos Humanos en la Gerencia, Pilar Alonso, ha admitido que hay reclamaciones administrativas por su parte, "siempre en su defensa", ha apuntado. Así, aunque no ha querido entrar en el detalle porque "la relación con un trabajador es privada, es una cuestión interna y no debe ser objeto de la Comisión de Transparencia", tampoco ha rechazado que esas demandas puedan llegar a la vía judicial.

Por su parte, el edil del PSOE Sergio Brenes, que ha dejado claro que no se duda del trabajo de los técnicos de la Gerencia, ha lamentado que con el PP la Gerencia sea como "un pollo sin cabeza" y ha cuestionado "los innumerables cambios" llevados a cabo.

De hecho, Brenes ha acusado al equipo de gobierno y a la cúpula de la Gerencia de "manchar la imagen" de este organismo, haciendo hincapié en que "las acusaciones de la que era la 'número tres' eran muy graves".

El portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, se ha mostrado igual de crítico que Brenes, advirtiendo de que "las acusaciones de Teresa Domingo siguen en el aire y algo así no puede quedar sin dilucidar". De hecho, ha preguntado al equipo de gobierno por qué no lleva a la funcionaria a los tribunales. "Es que temen que allí pueda decir más cosas", ha cuestionado.

BENÍTEZ

Otro de los temas abordados en la Comisión de Transparencia ha sido el desarrollo de las obras del futuro parque del Campamento Benítez. Una cuestión en la que el portavoz de IU ha insistido en que se han cometido "ilegalidades"; Brenes, en las "prisas" que han caracterizado este proceso, y el PP, en que se ha actuado "con coherencia".

"Se podrá tratar de acelerar el proyecto dado su interés, pero nunca saltándonos la ley", ha aseverado el portavoz del PP, quien ha confiado en que, tras las críticas de la oposición, "no haya un interés electoral".

Sobre la segunda fase de este proyecto, dotada con dos millones, está paralizada a la espera de que la Dirección General de Aviación Civil se pronuncie sobre el estudio de seguridad aérea presentado por el Ayuntamiento como respuesta al informe negativo por la cercanía al aeropuerto de una laguna y el consecuente riesgo, al poder convertirse en un punto de atracción de aves.

Parece que se da por hecho que esos dos millones ya no se podrán invertir este año. Incluso, ante la posibilidad de que el departamento dependiente del Ministerio de Fomento rechace los argumentos del Ayuntamiento, el gerente de Urbanismo ha asegurado que "se buscarán fórmulas imaginativas para no tirar esos 240.000 euros que ha costado la balsa", cuya existencia ha justificado aludiendo a que "queremos ser sostenibles".

POMPIDOU

El último punto tratado en la Comisión de Transparencia ha sido el futuro Centro Pompidou, que se instalará en el Cubo del puerto, un asunto que no ha estado exento de tensión, con la marcha, incluso, del portavoz de Izquierda Unida.

Las obras, con una inversión de 4,5 millones, está previsto que, según contrato, terminen el 23 de enero de 2015, con el objetivo de que este nuevo equipamiento abra sus puertas en marzo. En este punto, se ha recordado la paralización que sufrieron los trabajos, por orden de Puertos del Estado, al iniciarlos el Ayuntamiento sin los correspondientes permisos.

Mientras que la oposición ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se garantice la viabilidad de este proyecto, dado el coste que supone para el Ayuntamiento, el PP ha asegurado que existe esa seguridad desde el punto de vista jurídico, sobre todo porque se está ante "una institución pública al cien por cien, dependiente del Gobierno francés", según la concejala de Cultura, Gemma del Corral.

De igual modo se ha pronunciado el director general de Alcaldía, Miguel de Nova, que ha llevado directamente la negociación con los responsables del Centro Pompidou. Así, ha informado de esas "garantías recíprocas" que se incluyen en el convenio marco, precisando que el 23 de octubre se creó una comisión de seguimiento del mismo.

Ha incidido en que, aunque el convenio es por cinco años, prorrogable, y desde el Pompidou se hable de centro provisional, "es una sede, la primera fuera de Francia". Ha defendido, igualmente, que existen "garantías por si surgen incumplimientos", contemplando "compensaciones para una y otra parte".

Durante la sesión han vuelto a manejarse cifras como que el Pompidou tendrá un coste anual de 4,2 millones de euros, de los que se prevé que unos tres millones sean transferidos directamente por el Ayuntamiento y el resto se financie con los ingresos derivados de cuestiones como las entradas —se prevén unos 250.000 visitantes al año—, siempre en el marco de "un escenario prudente", ha especificado José María Luna, que será el responsable de este nuevo equipamiento.