La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la culpabilidad del concurso de Radio Televisió de Mallorca (RTVM) y condena con ello a diez exresponsables políticos del Consell, como miembros del consejo de administración de la sociedad concursada, a responder con su patrimonio a parte de las deudas pendientes del desaparecido Ente público.

Así lo ha acordado mediante una sentencia que confirma parcialmente la dictada en primera instancia por el Juzgado Mercantil número 1 de Palma, y limita el importe de la condena en la cantidad a la que asciendan los intereses generados por la deuda reconocida contra la concursada durante el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2011 hasta el 26 de enero de 2012.

La resolución inicial elevaba a 1,3 millones de euros las deudas en lo que a proveedores se refiere y a más de doce las relativas a la compra de la finca de Son Puig, donde inicialmente se planteó ubicar la sede de RTVM.

En concreto, la sentencia considera responsables de la insolvencia de RTVM a la exsecretaria técnica de Urbanismo y Territorio Catalina Terrasa; el exdirector general de RTVM José Manuel Carrillo; el exdirector insular de Hacienda Rafael Pons; el de Residuos, Antoni Serra; la exsecretaria técnica de Cooperación Local Joaquina Ibáñez; el exsecretario técnico de Presidencia Miquel Barceló; la exdirectora insular de Presidencia Neus Salas; los exrepresentantes del PSIB Francesc Ramis y Lluís Socías, y del PSM Andreu Caballero.

La sentencia confirmada argumentaba su decisión en el hecho de que, bajo su mandato, no cumplieron con la obligación legal de solicitar el concurso voluntario en el plazo marcado por la Ley, a pesar de conocer que la situación de la empresa era "totalmente inviable" debido a los problemas que arrastraba y a la falta de financiación, y conscientes asimismo de la imposibilidad de pagar a los proveedores.