La Junta de Andalucía publicará en su portal en Internet las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros —los denominados 'consejillos'— celebradas desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012 que la pasada semana solicitó la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares "respetando los límites establecidos en la normativa vigente de protección de datos".

Así lo ha decidido este lunes la propia Comisión General de Viceconsejeros, que ha acordado "levantar el carácter reservado del contenido de las actas de las sesiones" celebradas en el periodo de tiempo reclamado por Alaya "en cumplimiento de la previsión del artículo 1.5 del Decreto 155/1988, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados", entre los que se incluye la mencionada comisión.

Según detalla la Oficina del Portavoz del Gobierno en un comunicado, dicho artículo establece que el funcionamiento de la Comisión General de Viceconsejeros se ajustará a las normas establecidas para el Consejo de Gobierno por la Ley del Gobierno, que dice en su artículo 31.1 que "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio órgano acuerde hacerlos públicos".

En este sentido, la Comisión General de Viceconsejeros ha acordado además la publicación de las citadas actas en el portal de la Junta de Andalucía en Internet "respetando los límites establecidos en la normativa vigente de protección de datos".

Decisión "inédita"

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz, la publicación en Internet de las actas de los 'consejillos' reclamados por Alaya constituye una decisión "inédita en una administración pública" con la que la Junta quiere demostrar que "no hay nada que ocultar".

No obstante, y al margen de lo anterior, los Servicios Jurídicos de la Junta han elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla un recurso contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya reclamaba estas actas que no se dirige contra la solicitud de la magistrada, sino contra la argumentación de que el Ejecutivo autonómico "no puede regular ayudas sociolaborales". A juicio de los letrados de la Junta, la jueza instructora no es "competente" para dilucidar este extremo, sino el Tribunal Constitucional (TC).

En un auto conocido el pasado viernes, la magistrada pidió a la Junta dichas actas a fin de investigar si en las mismas "se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión" de subvenciones de naturaleza laboral "y acerca de la ilegalidad" del procedimiento de concesión y pago, "conocimiento indiciario que ya existía en la fase de elaboración de los presupuestos de cada año".

El objetivo es investigar "cuantas cuestiones eran analizadas en los citados consejos en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de IDEA de las subvenciones sociolaborales, sobre la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipaba el pago de unas subvenciones que se otorgarían arbitrariamente, sobre las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L, y sobre los presuntos acuerdos de colaboración entre Empleo y de Innovación".

"En cualquier caso, se complementan las razones aquí expuestas con las detalladas en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo", argumentó la instructora, que solicitó las actas de los 'consejillos' entre 2001 y 2012 —fechas en las que los sucesivos consejeros de la Presidencia fueron Gaspar Zarrías, Antonio Ávila, Mar Moreno y Susana Díaz— a petición de la exasesora de Empleo María José Rofa y de la acusación que ejerce el PP.

Así, el PP pidió en febrero de 2012 dichas actas, pero la representación de la Junta, por medio de un escrito, mostró su oposición a dicha solicitud y puso de manifiesto que, en caso de que se acordara, "sería más efectivo en orden a la averiguación de los hechos la no aportación masiva o indiscriminada de todas las actas, sino sólo la certificación del secretario de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras acerca de los acuerdos adoptados por dicho órgano".

Hay que recordar que, al inicio de la investigación del caso ERE, la juez reclamó a la Junta las actas del Consejo de Gobierno, asunto que generó una gran polémica entre la magistrada y la Junta y que, finalmente, resolvió el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que permitió a la juez consultar dichas actas.