El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado, en el pleno ordinario de octubre celebrado este lunes, por unanimidad, declarar la ciudad como "zona libre de desahucios".

El texto aprobado ha sido elaborado desde la Concejalía de Bienestar Social en la colaboración con la Plataforma Antidesahucios y contempla sus principales reivindicaciones. La moción contempla la creación de un registro municipal de viviendas destinadas al alquiler social y un registro municipal de solicitantes, coordinado y valorado por la Concejalía, con la intervención de la Oficina Municipal Antiesahucios y la PAH de la Marina Baixa.

El acuerdo incorpora la necesidad de modificar las Ordenanzas Municipales para eximir de tasas e impuestos a las personas con riesgo de exclusión social, promover el aplazamiento del pago de tasas o impuestos, o la gestión con SUMA de la paralización del embargo por impagos, entre otras cuestiones.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha recordado que el Gobierno municipal "es consciente de la situación que viven las familias, por lo que firmó el 24 de abril de 2013 el primer convenio de la oficina de desahucios con el colegio de abogados y fue el primer Ayuntamiento en mantener reuniones con todos y cada uno de los responsables de las entidades financieras que operan en nuestra ciudad".

Además de que son "múltiples" las acciones que se llevan a cabo "con el firme propósito de evitar la exclusión social provocada por la pérdida del hogar entre sus ciudadanos, pero somos conscientes de que el problema sigue existiendo".

Centros comerciales

El pleno ha aprobado, por otra parte, reinterpretar el Plan General de Ordenación Urbana, de 1990, para permitir la implantación de centros comerciales en la localidad según su tipología. La medida supone volver a interpretar la norma urbanística '112.- Comercio' del planeamiento urbanístico.

El Plan General de 1990 solo recoge una única gran superficie en el polígono industrial, mientras que a partir de ahora se podrá ampliar el espectro a "todas las zonas de ordenación donde quepan las grandes superficies independientemente de su adscripción". Además, los establecimientos alimentarios podrán superar el límite de 750 m2 de sala de ventas, dentro de una gran superficie no alimentaria, siempre y cuando el espacio ocupado sea inferior a la mitad de toda la superficie. La propuesta aprobada recoge iniciar el procedimiento para modificar la norma '112.- Comercio' del PGOU para adaptarla a la realidad socioeconómica actual.

El punto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno —PSPV y Liberales, 14 concejales—, mientras que el Partido Popular —11 concejal—, y el edil no adscrito han votado en contra.

El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Iborra, ha defendido su propuesta asegurando que "permitirá que Benidorm se convierta en el polo de atracción del consumo comarcal evitando la fuga de este consumo a poblaciones limítrofes".

El portavoz del equipo de gobierno, Conrado Hernández, ha afirmado que "la posibilidad de construir grandes centros comerciales en Benidorm sería un importante acicate para el polígono industrial y comercial que se está desarrollando en la actualidad".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Antonio Pérez, ha tildado de "acuerdo plenario de dudosa aplicación" la propuesta y ha exigido saber "en qué zonas" del término se va a "viabilizar la construcción de grandes superficies".

El edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer, ha acusado al gobierno de "cambiar el sentido de la norma sin cambiar la norma" y ha votado en contra por considerar que hay que modificar el Plan General porque "es un riesgo cambiar la estrategia comercial de la ciudad por una interpretación".